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2 8 09 ACTUALIDAD La justicia yerra Trece años en la trena por error (Viene de la página anterior) El segundo calvario de Ricardi comenzó al amanecer del 12 de agosto de 1995. En la zona de la bahía del Puerto de Santa María se venían cometiendo violaciones, y la madrugada de ese día para él funesto fue agredida sexualmente una muchacha de la urbanización de Valle Alto. Aunque el modus operandi hablaba de dos individuos encapuchados que actuaban en comandita, los tres agentes que se presentaron a las ocho y media de la mañana de aquel día de agosto donde Ricardi pernoctaba parecía que iban a tiro fijo. Al cabo de unas horas supo por qué le detenían. Le acusaban de violación. La víctima le reconoció por la voz y por el acusado estrabismo que sufre en un ojo, y sobre la base de la declaración de la joven fue condenado. A pesar de que siempre insistió en su inocencia, el juez le endilgó 36 años de prisión. En nueve folios acaba de despachar el Tribunal Supremo uno de los errores más vergonzantes según la Asociación de Derechos Humanos de Andalucía, del sistema judicial español Sin embargo, el alto tribunal se abstiene de reconocer el más mínimo error y se limita a referirse a nuevos elementos de prueba léase un informe del Instituto Nacional de Toxicología datado en julio del año pasado en el que se establece de manera incontestable que las muestras recogidas del cuerpo de la víctima no correspondían al ADN de Ricardi, sino a uno de los dos jerezanos a los que la policía ya señalaba como sospechosos desde abril del año pasado: Fernando Plaza y Juan Baños. Siempre que ante una comisaría se presenta una denuncia por atentado contra la libertad sexual actúan dos peritos: el médico de guardia en el hospital de referencia al que se debe llevar a quien ha sufrido una agresión sexual y el forense de servicio. En el fallo del Supremo se recurre a la retórica al uso para proclamar: Debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de revisión y, a renglón seguido, debemos declarar y declaramos la nulidad de la sentencia que en 1996 clavó en la espalda de Ricardi el estigma de violador. Llama la atención sin embargo en este malhadado caso que cuando Ricardi cumplía su cuarto año de reclusión un primer informe de toxicología señalaba con claridad meridiana: Se puede descartar que en la gasa recogida de una de las prendas íntimas de la víctima existan células pertenecientes a Rafael Ricardi un argumento que ya se había esgrimido durante el proceso, en 1996, pero que no tuvo la trascendencia que debía haber tenido. Ese informe esclarecedor fue recibido por la Policía Nacional en el año 2000, y fue Error vergonzante Estudiantes contra la pena de muerte Gracias a David Protess, profesor de periodismo en la Northwestern University de Illinois, y a la perseverancia de sus alumnos, un juez liberó a Anthony Porter. Corría el año 1999, y el indigente llevaba desde 1983 en el corredor de la muerte. Una confesión reveló que había sido condenado con pruebas falsas. El Centro de Información de la Pena de Muerte (Death Penalty Information Center) mantiene una lista pormenorizada de los condenados a la pena capital en Estados Unidos que han sido exonerados desde 1973 porque su condena fue anulada (y se les asignó un nuevo juicio o todos los cargos fueron retirados) o se les concedió un perdón absoluto por el gobernador correspondiente ante nuevas pruebas de inocencia. En total, 135 beneficiarios. remitido tanto a la Audiencia Provincial como al abogado gaditano de oficio que había representado los intereses del reo. Pero al parecer nadie se empeñó en que pese a la clamorosa injusticia cometida contra Ricardi, el caso fuera revisado. La detención de los dos jerezanos a los que se atribuía la comisión de una cadena de violaciones entre 1995 y el año 2000 (es decir, después de que Ricardi fuera retirado de circulación) y sobre todo la petición que Macarena, hija del inocente, y Milagros, una hermana, impulsaron a la abogada Antonia Alba. Ella logró que se corrigiera el rumbo de una historia que hubiera podido servir de inspiración a Franz Kafka. Alba, que asistió de forma gratuita a los allegados de Ricardi, empezó a sostener de manera consistente que la justicia había cometido un error garrafal Finalmente, ante la decisión del Supremo, reprochó al tribunal que no entrara al fondo de la cuestión. Antonia Alba estaba indignada: no sólo porque la exculpación se produjera, como reflejó un diario gaditano, a trancas y barrancas sino que se enteraran del fallo a través de los medios de comunica- ción: Otra desvergüenza más del sistema judicial Un sistema tan poco sensible como implacable. La maquinaria que tritura. La policía supo en abril del año pasado que quien se pudría en la cárcel era inocente. Uno de los detenidos sufre, como Ricardi, de estrabismo. La fiscal jefe de Cádiz, Ángeles Ayuso, no pidió que Ricardi fuera puesto en libertad hasta tres meses después. Hasta noviembre no se le dio entrada al caso. Pero la notificación todavía tuvo que esperar a enero. El tercer grado penitenciario se le concedió a Ricardi el pasado 25 de julio. Porque hasta el 7 de julio no fue debatido el asunto: el fiscal no presentó ante el Supremo su informe favorable a la revisión del caso hasta el mes de mayo. Antonia Alba anunció el pasado miércoles que en septiembre- -la justicia entra en un tempo aún más lento por culpa de la canícula- -iniciará ante el Ministerio de Justicia un procedimiento de indemnización. Pero también recalcó que ya ha presentado ante el Supremo un recurso de aclaración para que el tribunal se manifieste so- Inocencia absoluta