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12- 13 D 7 LOS DOMINGOS DE meses conservó encima de su mesa de despacho un borrador de decreto de disolución de la Benemérita y del Cuerpo de Carabineros. Pero Franco tenía entonces otras urgencias que atender, como era mantener a raya a las familias del régimen, en donde habían aparecido las primeras fisuras en forma de disidencias, lo que hacía peligrar la pervivencia de jefatura del Estado en su persona. Por estas razones, mantuvo su cautela y obró con paciencia, a la espera de ver cómo discurrían los hechos y también cuál era la respuesta de la Guardia Civil ante las exigencias de la situación de orden público en la zona nacional, donde la institución atendía a su servicio peculiar, a la persecución de los primeros huidos y a la lucha contra las infracciones de tasas y abastos. Especialmente el de los huidos no era un tema menor, dada la dimensión alcanzada por quienes se habían refugiado en el monte. En principio no eran muchos, pero sí constituían grupos cuya existencia preocupaba al alto mando nacional, que montaría un dispositivo para su persecución que era todo un síntoma del pensamiento inicial de Franco sobre cómo acometer la seguridad ciudadana: formar unidades mixtas, compuestas por guardias civiles y policías con el apoyo del Ejército y la Falange, pero bajo la supervisión de las autoridades militares. Se diseñó así una tupida red de destacamentos por toda la zona nacional, sin que apenas quedasen pueblos, por muy pequeños que fuesen, que no contasen entre sus habitantes con estas fuerzas mixtas. Por su parte, los hechos eran contundentes. Además de la suspensión de nuevos ingresos decretada por el alto mando nacional en 1936, la disciplina llegaba hasta el extremo de castigar con destino forzoso la mínima falta o las denuncias de que los agentes eran víctimas por parte de sus propios compañeros o por personas adictas al régimen, como le ocurrió a un teniente, trasladado por mantener amistad con elementos que habían sido del Frente Popular cuando apenas le quedaban dos meses para pasar al retiro. Era lo más leve que podía ocurrirles a aquellos guardias civiles sometidos a una estrecha vigilancia. Las separaciones del servicio estaban a la orden del día y no cesarían hasta años después de finalizada la guerra. El motivo era casi siempre el mismo: la actitud adoptada durante la contienda, depurada bien en juicios contradictorios, bien en la Causa General abierta el 1 de abril de 1939, bien por denuncias de otros compañeros, bien al desamparo de lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades Políticas decretada el 13 de febrero de 1939, bien por los Tribunales de Honor que se habían restablecido por decreto de 17 de noviembre de 1936. Todas las actuaciones implicaban la política de depuración de los cuadros de mando y de tropa durante la guerra. Por eso, a medida que el final de la guerra se aproximaba, en los cuarteles de la institución republicana sus moradores experimentaron un sentimiento contradictorio. Por un lado, de alivio por el final de tanta tragedia e inseguridad. Por otro, de zozobra por conocer lo que las autoridades franquistas les iban a deparar. Desde Burgos, Franco se había apresurado a lanzar un mensaje de tranquilidad, en el que aseguraba que quien no tuviese las manos manchadas de sangre no debía temer por su vida y sería aceptado dentro de la nueva España pero también advertía que el peso de la justicia caería con todo su rigor sobre aquellos que se hubiesen destacado por su beligerancia contra la causa nacional. La mayoría de los ex guardias civiles estaban en el primer grupo, y confiaban en la generosidad de los vencedores, pero había otros que no podían disfrutar de esta tranquilidad. Era el ca- Por fortuna para la Benemérita, en los primeros gabinetes de Franco había varios militares que admiraban a la Guardia Civil, a la que consideraban patrimonio de España La alternativa a la Guardia Civil contemplaba su sustitución por el Ejército y el adiestramiento de falangistas que apoyarían a los militares para mantener el orden público so de algunos oficiales y desde luego de quienes habían ostentado cargos de responsabilidad en los diferentes comités republicanos. Muchos de ellos intentaron abandonar el país y otros se resignaron a su suerte. Entre los primeros hubo quienes consiguieron su objetivo y otros que fracasaron en el intento y resultaron apresados. Ningún guardia civil que permaneció en zona republicana se libró del proceso. De hecho, cuando un guardia civil lograba pasarse al bando nacional desde el republicano, la primera medida era interrogarlo previa su reclusión en un campo de concentración, donde permanecía por unos dos meses, a la espera de que el sumario que se le había abierto depurase su conducta. Muchos fueron admitidos y lograron integrarse en las unidades repartidas por la zona nacional, pero otros no gozaron de la misma suerte. De hecho, los tribunales franquistas fueron muy duros con estos guardias civiles, y para nadie hubo perdón. En mayor o menor medida, todos fueron víctimas de los deseos de venganza que caracterizaron las depuraciones. Esta situación de provisionalidad permanecería hasta finales del verano de 1939, en que Franco decidió confiar en la apuesta de los defensores de la Guardia Civil, y resolver así un motivo más de las tensiones entre falangistas y militares por el control del aparato del Estado.