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2- 3 D 7 LOS DOMINGOS DE cretario judicial. Si volvemos al caso de Motril, la cadena de fallos se puede calcar, aunque habría que añadir al abogado de oficio que dejó a su cliente en la cárcel más de un año. La juez fue la única que tuvo que rendir cuentas, según dictaminó con razón el CGPJ, pese a que el expediente se remitió a todos los organismos implicados. Mandar a un juez a su casa es la sanción más dura, pero una falta muy grave puede acarrear una suspensión de funciones de hasta tres años; en cuanto su señoría pase seis meses apartado perderá el destino. El Consejo del Poder Judicial impuso el año pasado un año de sanción a un Juzgado de lo Social de Teruel, que tenía más de 200 sentencias sin dictar, pese al escaso volumen de trabajo. La suspensión más alta (tres años) de los últimos ejercicios recayó sobre una magistrada de Instrucción de Barcelona que acumuló sucesivas conductas calificadas de muy graves. Su señoría estaba muy atareada, así que utilizaba al conductor asignado para sus compras; por si se le complicaba el día dejaba los mandamientos de prisión firmados y en blanco cuando se iba a casa y se los encomendaba al funcionario de turno, y un día sí otro también llegaba tarde, con el consiguiente retraso en las vistas. El Supremo confirmó la suspensión, algo que no hizo en el caso de una magistrada de la Audiencia de Vizcaya, sancionada con dos años, porque no dictaba ni una sentencia cuando era ponente. Acumuló un retraso de 150 resoluciones, pero la disciplinaria se excedió en el plazo para instruir el expediente y el TS revocó el castigo. El juez Francisco Javier de Urquía, al que la Fiscalía pide tres años de prisión por prevaricación y cohecho- -asesoraba a Juan Antonio Roca, cerebro de la Malaya en casos que él mismo instruía y, claro, le cobraba los favores a buen precio- -es otro de los magistrados que pronto se sentará en el banquillo. Como en el caso de su colega de Motril, el CGPJ le suspendió de sus funciones y tramita un expediente por falta muy grave. La inspección detectó abandono De Urquía estaba a otros menesteres. Por falta grave ha sido sancionado recientemente el juez de Murcia Ferrín Calamita, quien retrasó el expediente de adopción de la hija biológica de una mujer por parte de su compañera sentimental y otorgó la custodia al padre por la relación que mantenía la madre. El Consejo estimó además que había utilizado expresiones innecesarias y extravagantes Los mecanismos de exigencia de responsabilidad de los jueces están funcionando mejor o peor, La ex juez de Motril, Adelina Entrena, durante la vista de su caso pero no se puede afirmar lo mismo de otros órganos señalan desde el CGPJ, y lo avalan con datos. La Comisión Disciplinaria adoptó el año pasado 2.882 decisiones (resolución y ejecución de informaciones previas, incoación y resolución de diligencias informativas y expedientes disciplinarios) Casi todos los acuerdos fueron por unanimidad, salvo ocho. La mayoría de diligencias informativas se archivan porque para que recaiga una sanción disciplinaria se ha de apreciar dolo o culpa entre otros aspectos. Un ejemplo: la inspección puede admitir que se ha producido un retraso considerable en un Juzgado Penal- -que ha de dictar unas 500 sentencias anuales, según los módulos asignados- Pero si ese juez tiene un volumen de entradas de 1.000 asuntos y aun así ha superado las 500 resoluciones, parece a todas luces que no es culpable del retraso a no ser que concurran otras circunstancias, como en el caso del juez Tirado que condenó al presunto asesino de Mari Luz. En este supuesto aunque se hubieran cumplido los módulos, la dilación de dos años es inaceptable, no sólo porque se trataba de un caso de abusos, sino porque era una causa con preso y cualquiera con esta consideración ha de tener una tramitación preferente. Eso lo sabe cualquier juez señalan desde el CGPJ, de lo contrario los magistrados podrían elegir caprichosamente qué sentencias dictar para cumplir con los objetivos y la delincuencia económica, por ejemplo, se pondría a la cola por las dificultades de enjuiciarla A falta de que alguno de los actores de sucesivos desaguisados entone un mea culpa el servicio de inspección va a cambiar el rumbo. Se ha nombrado una comisión para revisar la guía de criterios que rige las inspecciones ordinarias con el objetivo de que haga hincapié en temas sensibles como abusos, violencia de género y causas con presos; aún no hay acuerdo, como en casi todo lo relacionado con Justicia. EFE Otros cuatro años tirados por la borda POR C. MORCILLO P. MUÑOZ Dolo o culpa as distintas asociaciones de jueces y de fiscales coinciden en su diagnóstico sobre la situación de la Justicia: Hay una carencia preocupante de medios humanos y materiales, falta inversión pero, sobre todo, no hay voluntad política para hacer eficaz el sistema judicial ¿Balones fuera? José Luis González Armengol, decano de los jueces de Madrid, aporta datos llamativos: En España, el presupuesto de Justicia apenas supera el 1 por ciento del total del Estado, cuando en algunos de los países más avanzados de Europa llega al 3 por ciento. Hay una ratio de un juez por cada doce mil habitantes y en esas otras naciones, hay uno por cada cuatro mil, aproximadamente. Hay secretarios judiciales que tienen que estar pendientes de hasta un millar de ejecuciones de sentencias. Y, finalmente, es muy preocupante la falta de preparación de los funcionarios interinos de Justicia, que pueden llevar a los jueces a cometer errores La consecuencia de todo ello, para González Armengol, es clara: Muchas veces hay una carga de trabajo abrumadora. En Madrid, por ejemplo, hay pendientes 33.000 ejecuciones de sentencia en las que se condena a personas por todo tipo de delitos, incluidas violaciones y agresiones sexuales a menores, sobre las que hay una falta de control importante. Por tanto, lo ocurrido en Huelva puede volver a suceder Antonio García, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) denuncia la falta de compromiso político no ya en los últimos cuatro años, sino también de los anteriores go- L biernos. Los dos principales partidos presumieron del Pacto de Estado por la Justicia y luego se fue al traste por cuestiones partidistas. No se ha invertido y tampoco se han acometido reformas urgentes como la de la oficina judicial, ni siquiera se ha implantado un sistema informático compatible para jueces, fiscales y Fuerzas de Seguridad... Jaime Tapia, de Jueces para la Democracia (JpD) coincide y se pregunta si el Gobierno hubiera permitido una huelga que dura ya dos meses que afectara a otro servicio del Estado: Somos la hermana pobre de la Administración; nos exigen pero no nos dan instrumentos y, además, nos responsabilizan de todos los errores, cuando hay muchos operadores en el sistema que también tienen su parte de culpa Lorenzo del Río, de la Francisco de Vitoria, denuncia una parálisis judicial en los últimos cuatro años, el edificio judicial hace aguas. Pero a los políticos no les interesa: ¿Ha hablado alguien de Justicia durante la campaña electoral? Por su parte, Guillermo García Panasco, de la Asociación de Fiscales, insiste en la falta de medios y admite que la coordinación del ministerio público con los magistrados es manifiestamente mejorable El discurso de todos, conscientes del coste de imagen que tienen casos como los conocidos estas semanas, concluye con un tampoco se puede trasladar la imagen de que el desastre es absoluto No hace falta. Según el último estudio del CIS, de diciembre de 2005, siete de cada diez españoles creen que los tribunales de Justicia funcionan regular, mal o muy mal. Sin duda, hoy la cifra puede ser aún más aterradora.