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18- 19 D 7 LOS DOMINGOS DE Pedro González- Trevijano ABC Antonio Torres del Moral J. PRIETO reciente y sonadísimo episodio de la Cumbre Iberoamericana de Chile para recordar que existe la institución del refrendo, sutil hallazgo del constitucionalismo contemporáneo. La forma común de refrendo es la de la contrafirma del presidente del Gobierno o del ministro responsable por razón de la materia en una ley o en un decreto, respectivamente. Pero hay también refrendo de presencia, no escrito, que es el que se presta al Monarca cuando un ministro lo acompaña en un acto público o un viaje de Estado, haciéndose responsable de toda la actuación del Rey; por ejemplo, tras el reciente episodio del ¿por qué no te callas? si el presidente del Gobierno no dimite, está haciendo suyas las palabras del Rey Otra cuestión fundamental es la de si el Rey, en circunstancias excepcionales, debe tomar las riendas y la iniciativa: en suma, el poder ante el vacío de poder. Existe el antecedente del 23- F, en el que la Monarquía pasó la reválida con nota, pero cabe preguntarse si se trata de una potestad específica que debería estar expresamente legislada. Para Gregorio Peces- Barba, la atribución excepcional de recuperar la prerrogativa cuando el poder legítimo no pueda ejercer El caso del 23- F su función es una situación de hecho que no necesita ningún tipo de regulación jurídica Según reflexión de González- Trevijano, en una Monarquía parlamentaria el Rey carece, por propia compresión de la Institución, de competencias políticas propias y en particular de competencias ejecutivas. Éstas corresponden exclusivamente al gobierno, al tiempo que las potestades legislativas y la función de representación se encomiendan prioritariamente a las Cortes Generales. Ahora bien, en una situación de excepcionalidad política, en la que se pone en peligro el mismo orden constitucional, el poder fáctico está, en ese caso, posibilitado para desempeñar la preservación del status constitucional. Esto es lo que sucedió el 23- F López Vilas cree que la Monarquía como forma política del Estado y, en consecuencia, su titular el Rey, está conscientemente situada en el número 3 del artículo 1 de la Constitución y, sistemáticamente, ella y su titular están sometidos y vinculados a las dos grandes y decisivas proclamaciones que se contienen en los dos números del mismo artículo 1 que le preceden: Estado social y democrático de Derecho, con los conocidos valores superiores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político y la soberanía nacional residenciada en el pueblo español, del que emanan los pode- res del Estado. Un ataque frontal, grave y organizado a esos valores y principios superiores como el del 23- F en mi opinión, legitimaría e, incluso, obligaría al Rey, caso de no poder ejercer sus funciones el Poder legítimamente constituido, a asumir atribuciones excepcionales propias del Poder ejecutivo Sin embargo, en otra línea se sitúa Torres del Moral al estimar que no existe, en mi opinión, reserva de poder en el Monarca en situaciones extraordinarias. En una democracia no puede haber reserva de poder más que en el soberano, el pueblo Argumenta que lo ocurrido el 23- F no altera el planteamiento anterior. Como se dice en el mundo jurídico anglosajón, no se debe hacer teoría sobre casos insólitos. En tales casos, hasta el último ciudadano que hubiera estado en condiciones de arrimar el hombro para deshacer el entuerto estaba habilitado para ello, aunque nada diga el ordenamiento jurídico al respecto Pero, además, hay otras cuestiones que han suscitado dudas y que resultan candentes ahora que España está al borde de unas elecciones generales que se prevén reñidas. Gregorio Peces- Barba relata cómo el propio Don Juan Carlos le consultó sobre lo que debe hacerse, a la hora de proponer candidato a la presidencia del Gobierno tras los comicios, si el partido más votado no coincide con el que ha obtenido más escaños, o incluso si quien ha logrado más votos y escaños no es el que tiene la posibilidad de pactar para gobernar. El ponente constitucional indica, a este respecto, que no cree que sea necesario delimitar lo que debe hacer el Rey a la hora de proponer candidato, porque sería restringirle lo que no está restringido en la Constitución. El Monarca tiene en ese ámbito un margen de libertad para proponer al más votado o al que, aun no siendo el más votado, pueda tener la posibilidad real de gobernar. El Rey puede llegar a esa conclusión después de las consultas, pero a mi parecer debe, y así se lo he indicado cuando me ha preguntado por ello, proponer siempre a quien ha tenido más número de diputados. La justificación de este criterio es que desde las consultas con el Rey a la reunión del Congreso de los Diputados pueden variar las posiciones y las circunstancias y el Rey debe respetar escrupulosamente la voluntad de las mayorías En definitiva, concluye, no considero necesario completar la regulación del Título II porque hay que dejar que la Monarquía parlamentaria, que es una nueva forma de Monarquía, se vaya consolidando desde las costumbres y los usos constitucionales Que, después de tres décadas, ya van dejando su sedimento. Criterio tras unas elecciones Por el llamado refrendo de presencia Zapatero hizo suyas en Chile las palabras del Rey ¿Por qué no te callas? según el catedrático Torres del Moral Las cuentas de la Casa La asignación económica a la Corona se estipula anualmente en los Presupuestos Generales del Estado. La cantidad para 2008 es de 8,6 millones de euros, cifra modesta comparada con los 25,1 millones que cuesta, por ejemplo, el sostenimiento de la Presidencia de la República alemana. Es un montante del que, según lo establecido por la Constitución, no tiene por qué hacerse público desglose alguno. El artículo 65 de la Carta Magna establece que el Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma Luego, en su apartado segundo reza: El Rey nombra a los miembros civiles y militares de su casa Así, se pretendió dotar a la Institución de plena autonomía en su funcionamiento interno. En España no existe la lista civil (sí la hay en otras Monarquías, como la británica) que detalla la relación de sueldos de los funcionarios al servicio de la Institución. Y en Holanda, por ejemplo, se hacen públicas las cantidades que perciben, separadamente, tanto la Reina como el Heredero, el Príncipe Guillermo, y su esposa la Princesa Máxima. Aunque en España no se hace público el reparto de los dineros con que los contribuyentes sufragan los gastos de la Monarquía, Don Juan Carlos decidió recientemente crear un cargo de nuevo cuño, el de interventor, para la gestión económica de la Casa. El nombramiento de Óscar Moreno Guil para este cometido ha supuesto, según coinciden todos los especialistas consultados, una oportuna adecuación a los tiempos. Sin embargo, también comparten la idea de que no hay por qué ir más allá. El ponente constitucional Gregorio Peces- Barba estima que no es necesario ningún desarrollo normativo en ningún aspecto de la Monarquía y, por tanto, es suficiente con lo que está establecido en la Constitución, lo cual no es incompatible con la mayor visibilidad en relación con la publicidad de sus gastos, aunque no existe una obligación jurídica para que esos gastos asignados sean controlados por las Cortes Generales Para Torres del Moral, ninguno de los miembros de la Familia Real debe tener una asignación presupuestaria prefijada, pues ello contradiría la libertad de disposición de la dotación de la Corona por parte del Rey Tampoco es partidario Pedro González- Trevijano de regular de forma excesivamente pormenorizada muchos de los aspectos a los que se refiere la cuestión. No lo creo necesario, pues ya hay un Decreto de la Casa del Rey, ni tampoco en lo relativo a los presupuestos de la Casa, que se encuentran hoy bien regulados, debiendo recordarse la última y acertada modificación que ha incorporado la figura de un interventor. Por lo demás el Rey es, de acuerdo con la Constitución, libre para la distribución del presupuesto de su Casa