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14 10 07 CLAVES DE ACTUALIDAD Guerra s. XXI Ejércitos privados (Viene de la página anterior) sas. Lo que no resulta nada raro si tenemos en cuenta que mientras un sargento de las fuerzas armadas norteamericanas le cuesta a su Gobierno entre 50.000 y 70.000 dólares anuales, un empleado de posición comparable en Blackwater le sale por más de 400.000. Combatientes que nada tienen que ver, pese a la tendencia facilona y muy dada a la teatralidad de querer asimilarles con la de los viejos soldados de fortuna, con la definición tradicional de mercenario. Y en eso Félix Arteaga, militar en la reserva e investigador principal de Seguridad y Defensa del Real Instituto Elcano, coincide con otros actores diametralmente opuestos en el campo de operaciones como Intermón Oxfam, organización humanitaria. O con Román David Ortiz, otro prestigioso estudioso del fenómeno de los paramilitares colombianos y de la formación de ejércitos privados, a un lado y otro de la ley. Arteaga ha dejado claro que la seguridad privada crece en las sociedades más avanzadas porque hay un vacío de poder estatal y de personal, y se está externalizando lo que antes era el monopolio del poder coactivo. Esto afecta al sector militar pero también a la seguridad interior. Se producen dos fenómenos: la externalización de servicios dentro de los países y, de hecho, hay unas tablas de la Agencia Europea de Defensa que muestran cómo se van poco a poco privatizando funciones que antes hacían los militares o policías en los cuarteles; y la externalización so- Abramovich también tiene su pequeño ejército bre el terreno de las operaciones. Por ejemplo, para lo que hace Blackwater, que es escoltar vips, llevaría mucho tiempo formar a un militar y, además, tal especialización sería de poca utilidad porque en cuanto lo formaras se iría a una compañía privada- -que paga mucho mejor- lo mismo que para aspectos logísticos en que una compañía privada se moviliza con mayor rapidez y flexibilidad. Pero estos trabajos nada tienen que ver con los de un mercenario porque van encuadrados dentro de compañías que trabajan para ejércitos gubernamentales, y sus actividades están certificadas por los gobiernos para los que trabajan. No son locos pegando tiros ni guerrilleros ni paramilitares sumidos en la AP más absoluta ilegalidad. Los mercenarios se prohibieron por una convención de Naciones Unidas de 2001. Pero también es verdad que su actuación sobre el terreno no tiene estatutos. Por ejemplo, quien guía los aviones tripulados sobre el campo de operaciones a veces es un civil, pero ¿se trata de un mercenario, un técnico, un experto... Desde luego no es un militar. Son figuras nuevas que vienen a cubrir el trabajo que antes hacían los militares profesionales o de reemplazo y cuya actividad va a más Un punto de no retorno en la realidad de la guerra del siglo XXI, como concluye Consuelo López Zuriaga, investigadora de Intermón Oxfam. Es un escenario nuevo, habitual en las llamadas emergencias complejas después de la guerra fría, que por su volumen y recurrencia hay que asumir. El Estado, que hasta ahora tenía el monopolio del uso de la fuerza, ahora deja de tenerlo y a través de la privatización se produce una especie de atomización de nuevos actores con capacidad para tener fuerzas militares y represivas. Además, hay una serie de dilemas como la rendición de cuentas de unos sujetos que no se hayan bajo los códigos militares ni han de responder ante parlamentos ni pueblos Realmente existe un vacío legal y una falta de regulación para estos nuevos actores que empieza a ser alarmante por su volumen. Porque estos nuevos intervinientes no son no combatientes según la definición del Convenio de Ginebra porque llevan armas y actúan en nombre de un determinado Gobierno; ni son combatientes legales según la citada convención porque ni llevan uniformes oficiales de un ejército, ni responden a una jerarquía militar, pero tampoco pueden encajar en la definición convencional de mercenarios. Operan al margen del Derecho Internacional Humanitario. Es una realidad que debe ser controlable ante la peligrosa confusión actual, donde se desdibujan las líneas rojas que marcaban las reglas de la guerra Y hasta las de un futuro razonable para la paz. Román David Ortíz, que conoce como nadie la desmovilización de más de 34.000 paramilitares colombianos, advierte a D 7 desde Bogotá de lo que puede ser el día después, sin trabajo. Porque como él dice, no es lo mismo despedir a un tipo con formación militar acostumbrado a desenvolverse en la cultura de la violencia que a un contable. Y de los primeros también hay cientos de miles. ¿Qué pasará con todos ellos sin Ejércitos gubernamentales que hayan previsto su futuro? Claro que también está por ver que pasará con nosotros. En el limbo de la alegalidad La experiencia de los paramilitares colombianos sirve para advertir sobre el futuro incierto de miles de soldados privados AFP