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4- 5 D 7 LOS DOMINGOS DE Nuestro patrimonio cultural subacuático está en peligro por desidia de las autoridades y por la falta de formación y concienciación de la sociedad ABC LECCIONES DEL ODYSSEY España es la primera potencia mundial en patrimonio cultural subacuático, tanto en nuestras aguas como en aguas de terceros. Pero durante demasiado tiempo abdicamos de su defensa a opinión pública española se ha escandalizado ¡por fin! con la noticia de que una empresa cazatesoros estadounidense, la Odyssey Marine Exploration, ha extraído y llevado a Florida un cargamento de alrededor de 17 toneladas en monedas de oro y plata. En ausencia de datos exactos sobre la localización (que mostrarían las aguas en donde se produjo el hallazgo) y el pabellón y condición jurídica del pecio (esencial para saber a quién pertenecía el barco y la carga en el momento del hundimiento) el Gobierno español ha iniciado- -tarde, demasiado tarde- -diversas acciones administrativas y legales. Tras los últimos acontecimientos (y los datos públicos de la Autoridad Portuaria de Gibraltar así como las trazas de las singladuras de la Odyssey son evidentes) debe cerrar nuestras aguas a la compañía cazatesoros, iniciar las preceptivas acciones penales contra la Odyssey y dar por concluida cualquier relación con la misma, en particular en el proyecto de identificación de un navío británico hundido también cerca del Es- L Mariano Aznar Gómez Profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Valencia. Experto en Derecho del Mar trecho (el Sussex) Debe pedir explicaciones igualmente al Reino Unido por su conducta en el caso y coordinar de una vez por todas las actuaciones de nuestros ministerios de Cultura y Exteriores y de la Junta de Andalucía. Pero más allá de los claroscuros del episodio, en el que no debe olvidarse que la Odyssey cotiza en Bolsa y que el parquet es muy sensible a las noticias, sean o no verdaderas, lo cierto es que este asunto plantea un problema que nuestra sociedad, y su clase política, debían haber resuelto hace mucho tiempo (y no ahora con interpelaciones parlamentarias en campaña electoral) España es la primera potencia mundial en patrimonio subacuático, tanto en nuestras aguas como en aguas de terceros Estados y aguas internacionales. Nuestro localización geográfica y nuestra historia nos han situado en esa situación privilegiada y ante esa responsabilidad. Pero, como en tantas otras cuestiones, durante demasiado tiempo hemos abdicado de su defensa. Ahora bien, debe quedar claro que las principales amenazas a nuestro patrimonio cultural subacuático no provienen de los cazatesoros que sólo buscan pecios cargados de materiales preciosos. Siendo ello importante, no es sino una parte de nuestra riqueza cultural sumergida. Nuestro patrimonio subacuático (ciudades, puertos, rutas marinas, almadrabas, dársenas) se ve acosado por artes de pesca destructoras, por construcciones desorbitadas en las costas, por obras sin completos estudios de impacto arqueológico, por algunos buceadores sin escrúpulos y, sobre todo, por la falta de información y educación del público en general. Ha faltado una política nacional que tenga en cuenta tres elementos indispensables. En el ámbito doméstico es necesario unificar la acción conjugada de las administraciones públicas, estableciendo la primacía del Estado en el control, gestión y protección del patrimonio cultural subacuático en aguas españolas. Las comunidades autónomas deben estar plenamente asociadas a la acción del Gobierno central pero debe ser éste quien ejerza las competencias sobre las aguas españo- las, que lo son del Estado y no de cada Comunidad Autónoma. En el ámbito internacional, una vez que se ha ratificado demasiado apresuradamente la Convención UNESCO sobre la protección del patrimonio cultural subacuático de 2001, debe buscarse acomodo en nuestra legislación a las complejas nuevas obligaciones jurídicas internacionales asumidas, a la vez que reforzar la acción exterior en defensa del patrimonio sumergido fuera de nuestra jurisdicción (acudiendo a los tribunales, como tendrá que ser en el caso de la Odyssey, pero también negociando y concluyendo acuerdos internacionales) Para todo ello, nuestra Administración debería crear una agencia administrativa nacional que centralice todas las actuaciones estatales en materia de protección del patrimonio cultural subacuático, tal y como para la protección del medio marino propuso recientemente el Consejo de Estado. Finalmente, y acaso más importante, nuestras administraciones deben realizar una labor formativa y educadora a todos los niveles: en los institutos y colegios, en las dársenas pesqueras, en los centros de buceo, en las administraciones locales, en las universidades y en los medios de comunicación, para que este tema deje de ser un asunto de tesoros y, por fin, sea una cuestión de protección del patrimonio en el que políticos, periodistas, juristas y público en general deben escuchar a los arqueólogos.