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4- 5 D 7 LOS DOMINGOS DE Fernando Ruiz Piñeiro, presidente del Tribunal Superior Vasco, recibido con reticencias por el PNV desde su nombramiento TELEPRESS País Vasco Territorio hostil Los jueces viven en Euskadi con escolta para protegerse de ETA y soportan la presión nacionalista, que aspira a prescindir de la Justicia española POR M. LUISA G. FRANCO no vasco, a pesar de las presiones que precedieron a su nombramiento. El entonces presidente de la ejecutiva del PNV Xabier Arza, lluz, acusó al Consejo General del Poder Judicial de nombrar a un presidente del Tribunal Superior para encarcelar a Juan María Atutxa, en aquel momento encausado bajo la acusación de haberse negado a obedecer la sentencia del Tribunal Supremo que le obligaba a disolver Euskal Herritarrok, la anterior marca parlamentaria de la izquierda abertzale. jueces en defensa, primero, del presidente del Parlamento vasco; después, del miembro de la dirección del partido, Gorka Aguirre; y finalmente, del lendakari. Aguirre está encausado por hablar con ETA en relación con el impuesto revolucionario y el lendakari por citar en Ajuria Enea a un partido ilegal. La presión de los nacionalistas contra los jueces ha llegado al extremo de la amenaza, al advertir el Gobierno vasco que no será gratuito encausar a Ibarretxe, afirmación por la que el Consejo General del Poder Judicial pidió prudencia al ejecutivo autónomo. Las concentraciones frente a la sede del Tribunal Superior Vasco tienen aires de otros tiempos, con cientos de personas entonando el himno al soldado vasco, pero la batalla del PNV contra los jueces va más allá de los gestos e incluye asuntos tan pragmáticos como la reciente decisión del gabinete de Ibarretxe de quitar a los jueces los pisos que inicialmente tenían en las sedes judiciales, construidas con fondos del Estado y que se habían trasladado a otros inmuebles para ampliar el espacio dedicado a la Administración de Justicia. Anormal normalidad Al acoso institucional hay que sumar la amenaza terrorista, de nuevo en primer plano. Pero una cosa es el miedo y el peligro real de un atentado terrorista, ante lo que todo lo demás puede parecer secundario, y otra compatibilizar una vida cotidiana normal con la presencia permanente de escoltas. Es la anormalidad de la normalidad que los jueces comparten con varios otros colectivos amenazados. Los jueces son ciudadanos corrientes que tienen familia y que deben afrontar problemas que para otros pueden ser sencillos, pero que a ellos se les complica enormemente. Una huelga de autobuses escolares puede convertirse en una pesadilla logística. Una juez nos comentó, por ejemplo, cómo había aceptado trabajar en un cierto turno para llevar y recoger de la escuela a varios amigos de sus hijos y cómo se había dado cuenta finalmente de lo demencial que es desplazarse con escolta en un coche lleno de niños. Circunstancias especialmente chocantes en una sociedad como la vasca que, por un lado, se hace la ilusión de vivir como en cualquier país europeo, donde nadie espera que los jueces o la oposición parlamentaria necesiten escolta. En la que todo sigue funcionando como si aquí no ocurriera nada, pero donde son muchos los obligados a vivir con una libertad coaccionada por sus ideas o, simplemente, por su oficio. Movilización nacionalista El recibimiento no fue muy distinto del que Arzalluz deparó al actual obispo de Bilbao, a quien se refirió tras su nombramiento, hace ya muchos años, como un tal Blázquez para dejar claro que no era el que los nacionalistas hubieran elegido. A pesar de la hostilidad inicial contra Ruiz Piñeiro, tanto él como el lendakari Ibarretxe hicieron en un primer momento un esfuerzo para mantener unas relaciones normalizadas imprescindibles dado el reparto competencial que asigna los medios materiales para la Administración de Justicia al ejecutivo autónomo, aunque jueces y magistrados dependan del Estado. Sin embargo, todo el aparato del PNV se movilizó frente a los a reivindicación de una Administración de Justicia propia fue uno de los puntos clave del plan Ibarretxe y el PNV pretende ponerlo sobre la mesa de partidos en la que, si el proceso de Zapatero siguiera adelante, se negociaría un nuevo marco jurídico para el País Vasco como broche político para un final dialogado de ETA. El nacionalismo vasco quiere controlar la Justicia con la misma mentalidad que extiende sus redes al conjunto de la sociedad vasca, desde los clubs de fútbol hasta la Iglesia. Y tiene la intención de mantener la presión hasta que quienes se le oponen se cansen de luchar contra corriente. L Los jueces vascos están en estos momentos capeando el temporal y, según nos cuentan ellos mismos, su conducta se atiene a lo único que pueden hacer: aplicar la ley. Es una difícil situación, porque quienes les ven como enemigos no son sólo los asesinos de ETA, sino la mayor parte del entramado institucional vasco que, además, se presenta como víctima porque no está de acuerdo con algunas de las leyes vigentes en el Estado español y considera que eso le exime de cumplirlas. El presidente del Tribunal Superior Vasco, Fernando Ruiz Piñeiro, tomó posesión de su cargo hace tres años con la voluntad de mantener unas relaciones institucionales estables con el Gobier- Las concentraciones frente a la sede del Tribunal Superior Vasco tenían arcaicos aires de otros tiempos, con cientos de personas entonando el himno al soldado vasco