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ABC MADRID 07-08-2019 página 18
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  • EdiciónABC, MADRID
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d. tercero barcelona El PSC llevará al Parlamento de Cataluña su crítica a la iniciativa del consejero autonómico Jordi Puigneró (JpC) de permitir a los funcionarios trabajar los festivos del 12 de octubre y el 6 de diciembre. Según avanzó ayer el partido que lidera Miquel Iceta, el diputado Ferran Pedret presentará en el registro de la Cámara catalana este mismo mes varias preguntas para que el consejero de Políticas Digitales y Administración Pública las responda. El PSC quiere saber cuál es "la necesidad social o el servicio que justifica" que la Generalitat fomente que los funcionarios autonómicos presten sus servicios durante la Fiesta Nacional de España y el Día de la Constitución. De la misma manera, los socialistas le piden explicaciones a Puigneró por "no habilitar" el mismo "mecanismo legal" (que no concretó) para otros festivos locales o autonómicos, le exigen que cuantifique económicamente lo que supondrá para las arcas públicas habilitar los dos días festivos como laborables y le piden que concrete las medidas que adoptará su Consejería para evitar que se "elaboren listas de funcionarios afectos o desafectos" al gobierno catalán. Y, finalmente, le reprocharon que este anuncio no pasara, antes, por "algún tipo de diálogo con las organizaciones sindicales". Precisamente, UGT guarda silencio y no se ha pronunciado sobre la iniciativa de carácter político. Sí criticó la medida CC.OO., que rechazó la propuesta planteada por el consejero regional Puigneró. l. p. arechederrA madriD Un antiguo gerente de TV3, Oriol Carbó Seriñana, deberá declarar en la Audiencia Nacional como imputado en la causa del 3 por ciento, que indaga en el circuito de la financiación ilegal de la antigua Converència, el partido central del nacionalismo catalán. Los investigadores sospechan que Carbó intervino para pagar una deuda de la formación política con un empresario, que había sido contraída por servicios de la campaña electoral de 2010. El señalado actuó siguiendo las instrucciones de Germa Gordó, antiguo gerente de la formación, exconsejero de Justicia de la Generalitat en la era de Artur Mas, y uno de los principales imputados del 3 por ciento. En el auto, el juez alude a las instrucciones "expresas y directas" de Gordó, quien solicitó a Carbó que abonara a Joan Manuel Parra administrador de la mercantil Hispart, una empresa especializada en producción audiovisual la deuda derivada de la organización y producción de dicha campaña. Carbó era en ese momento el representante de la empresa Triacom, que actuaría como pantalla de la operación. "Carbó y Parra mantenían una reunión o conversación justo antes del libramiento de cada factura", señala el juez, que añade que este encuentro se producía "para que el primero dictara al segundo el concepto concreto que debía hacer constar en cada factura". El concepto solía estar vinculado a supuestas "y obviamente inexistentes", según el instructor colaboraciones de Hispart en producciones de Triacom para la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, un ente público que depende la Generalitat. "Se produce una singularidad dentro del patrón de comportamiento habitual. Existen indicios para considerar que la empresa Triacom Audiovisual, y en particular su representante o alto ejecutivo, Oriol Carbó Seriñana, siguió las instrucciones expecíficas de Germá Gordó", explica el auto del magistrado, fechado el 5 de agosto. El magistrado, que ha citado a Carbó el 10 de septiembre a las 10 horas, cifra en 750.000 euros el dinero abonado por la empresa que gestionó Carbo a Hispart, "en beneficio de CDC". En la operación investigada, Parra llegó a reunirse con Gordo porque Carbó dejó de pagar las facturas, según los investigadores. El encuentro resultó y los pagos se culminaron. Por todo ello, De la Mata considera "pertinente, necesaria y proporcionada" la declaración del exgerente de TV3 como imputado, una diligencia solicitada por la Fiscalía Anticorrupción. El juez acuerda solicitar a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales los contratos que haya suscrito con Triacom y con Carbó o cualquier empresa ligada a él. En esta causa, el magistrado De la Mata trata de atar los cabos de los métodos empleados por Convergència para financiarse supuestamente de forma ilegal. El juez ha acumulado indicios de que los antiguos altos cargos nacionalistas "alteraron" todo tipo de adjudicaciones públicas para favorecer a los empresarios que les nutrían con fondos por la puerta de atrás. De la Mata sospecha de un total de 28 licitaciones, por un importe conjunto de 175 millones, y cree que un millón de euros de las mordidas culminaron en las arcas de Convergència, que se rebautizó como el PDECat para tratar de desligarse de su antigua marca. El director del ente, procesado En la causa que investiga los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre, el juez procesó a 30 implicados. Entre ellos se encontraban precisamente el director de TV3, Vicent Sanchis, y el director de Catalunya Radio, Saül Gordillo, a los que el instructor atribuye un delito de desobediencia. Al enviarles a juicio, el juez fijó para 17 de los procesados una fianza conjunta de 5,8 millones de euros, para tratar de garantizar el dinero que pueden ser obligados a devolver en una hipotética condena, por los gastos del 1-O. Este caso indaga en la actuación de los eslabones intermedios que habrían ayudado a preparar la votación ilegal de 2017. Imputado el exgerente de TV3 por el 3 por ciento de Convergència De la Mata cita como investigado a Carbó en la financiación irregular de C El PSC criticará en el Parlament que 12-O y 6-D sean laborables silencio de ugt y rechazo de cc.oo. abc Sede de TV3, la televisión pública catalana, de la que fue gerente Carbó Ferran Pedret (PSC)

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