ABC MADRID 01-05-2019 página 77

MArta r. domingo madrid Desde que irrumpieron el pasado verano, los patinetes eléctricos revolucionaron la manera de moverse por la ciudad, pero ya no solo para los usuarios, sino también para los peatones. Su incursión masiva llegó incluso antes de que se aprobase la normativa que los regulase. Y, a pesar del coto que supuso la entrada en vigor de la ordenanza de Movilidad Sostenible el pasado octubre, su expansión a todos los barrios a partir de febrero sigue obligando a los transeúntes a tener que realizar auténticas yincanas para desplazarse por las aceras sin toparse con los patinetes. Pese a que la normativa lleva seis meses activa, el Ayuntamiento de Madrid apenas a sancionado a 393 infractores. La gran mayoría de las sanciones tienen que ver con "estacionar en un lugar no permitido o de forma antirreglamentaria". Los patinetes deben estacionar en las zonas destinadas a motocicletas y bicicletas. Si no las hay, podrán aparcar en la banda de estacionamiento general de la calzada y, en último caso en las aceras, siempre que lo hagan junto al bordillo y dejen más de tres metros de ancho libre. Sin embargo, muchos de ellos terminan literalmente tirados en las aceras. Por esta razón se han emitido 334 multas desde el pasado 24 de octubre hasta el 9 de abril, según los datos proporcionados a ABC por parte del Área de Medio Ambiente y Movilidad. Aunque, indican, podría haber alguna sanción más, puesto que "tardan en reflejarse". "Las denuncias por mal estacionamiento se notifican a la empresa titular de los patinetes, que puede identificar al presunto conductor y dirigirse a él o hacerse cargo de la multa", explican desde la concejalía que dirige Inés Sabanés. Por esta cuestión, el infractor tendrá que sufragar 30 euros, que se reduce a la mitad por pronto pago. A principios de diciembre del año pasado, el Consistorio ordenó la retirada de estos vehículos a las empresas que no cumplían con lo estipulado en la ordenanza. Para poder operar, las compañías, entre otros requisitos, deben tener seguro de responsabilidad civil, adecuar sus aplicaciones móviles a las zonas transitables en patinete eléctrico y garantizar que el Ayuntamiento tenga acceso a la localización de los patinetes para comprobar que el número y su ubicación son acordes a lo permitido. Tras una revisión de todas las solicitudes, Movilidad solo autorizó 8.610 patinetes eléctricos de 18 empresas, de un total de 108.094 solicitados por 25 compañías. El Ayuntamiento, aún así, fijó un máximo de 10.000 vehículos para evitar la saturación y obligó a las empresas a repartirse por los todos los distritos. Además, para mantener las autorizaciones, las empresas deberán redistribuir diariamente la flota y empezar cada jornada con los patinetes en los barrios y distritos para los que hayan conseguido el permiso. Pese a la dispersión de las licencias y la obligatoriedad de que las empresas indiquen las calles por las que no pueden circular, muchos usuarios todavía incumplen la ordenanza. Así, otra de las infracciones que más han detectado los agentes de la Policía Municipal es la circulación "por zonas no permitidas". Hasta 37 individuos fueron denunciados por esta cuestión y tendrán que pagar 60 euros. Otras once personas fueron sancionadas con el pago de 90 euros por ir "con auriculares" y siete más por "circular sin la diligencia y la precaución necesarias". Solo se multó con 60 euros a dos usuarios por ir "sin casco siendo obligatorio" y a 30 euros a un infractor por usar el patinete siendo "menor de 15 años". m. r. d. / T. G. R. madrid Todos los ediles de Ahora Madrid dieron ayer el visto bueno al plan urbanístico para las antiguas cocheras de Buenavista, a pesar de la polémica que generaron los seis concejales de IU, Bancada y Anticapitalistas al rechazar en el Pleno de marzo la operación por la "enajenación del patrimonio público". El asunto volvió al Pleno de este abril tras la alegación de Pryconsa, la compañía que adquirió los terrenos. Ahora, después de que la Corporación estimase su recurso, la entidad podrá edificar en una parcela en Carabanchel que la Empresa Municipal de Transportes (EMT) vendió en una subasta por 19 millones de euros en enero de 2018. En la que fue la última sesión ordinaria del Pleno del mandato, Ahora Madrid y Ciudadanos votaron a favor de este plan, mientras que el PP y el PSOE se abstuvieron. Salvo el PP y el grueso de Ahora Madrid, el resto de grupos cambiaron de criterio con respecto al pleno anterior: en marzo el equipo de Gobierno no logró sacar adelante el plan porque PP y Cs se abstuvieron y el PSOE y los seis concejales que no repetirán con Carmena, Carlos Sánchez Mato, Mauricio Valiente, Yolanda Rodríguez, de IU; Rommy Arce, de Anticapitalistas; y Montserrat Galcerán y Pablo Carmona, de Bancada Municipalista, votaron en contra. Razones legales El foco de la discordia entre los concejales de Carmena tiene que ver con que la EMT aprobó pese al rechazo de PP, PSOE y Cs la enajenación de la parcela pública, que lleva sin uso casi una década, y tras una subasta pasó a manos privadas. En enero de 2018, el terreno salió a la venta y solo Promociones y Construcciones Pyc, Pryconsa, presentó su oferta, a quien se le adjudicó formalmente en julio del año pasado. Izquierda Unida, sin embargo, considera que ese terreno público debería haber sido traspasado a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo para la construcción de vivienda pública con el objeto de destinarla a alquiler social. Según IU, desde aquel pleno al de ayer "no ha cambiado nada". "Estamos en contra igual, es un recurso de reposición de la promotora", reconocían. No obstante, ayer tuvieron que claudicar por cuestiones legales. Según consta en el escrito de alegaciones, al que ha tenido acceso ABC, la iniciativa tiene "carácter reglado", es decir, la adquisición del terreno por Pryconsa fue un "acto administrativo firme" y la empresa ha cumplido con todos los requisitos legales. Por ello, el Consistorio no puede rechazar el plan con discrecionalidad. "Cumplidos los requisitos previstos legalmente, la Administración no dispone de discrecionalidad para decidir si adopta o no el acto en cuestión, sino que viene obligada a hacerlo por la ley", indica el escrito rubricado por la secretaría general técnica. Según el informe, "las cuestiones de carácter político y de oportunidad en las que se fundamentan los votos contrarios, no son razones que puedan poner en cuestión la solicitud presentada". Los ediles díscolos de Carmena claudican y aprueban la venta de las cocheras de Buenavista En marzo, los seis concejales rechazaron la enajenación del terreno destinado a vivienda soci Aprobada la nueva norma contra el ruido en el distrito de Centro El pleno del Ayuntamiento aprobó ayer con el voto de Ahora Madrid y del PSOE y la oposición de PP y Cs la renovación de la Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE) de Centro, que afecta al horario de las terrazas o a la apertura de locales de ocio nocturno. La nueva normativa, con tres zonas de limitación en función de la saturación de ruidos, establece restricciones más severas a las nuevas discotecas, adelanta el horario de cierre de las terrazas, prohíbe instalar "falsas terrazas" al eliminar la fachada del local e introduce medidas para mitigar el ruido en la recogida de basura. Además, los vecinos podrán instar al Ayuntamiento a declarar la caducidad de una licencia y se podrán retirar los amplificadores. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx m. r. domingo madrid La invasión anárquica de los patinetes en la ciudad supuso un obstáculo difícil de salvar en el día a día de las personas con discapacidad visual o de quienes necesitan una silla de ruedas para desplazarse. La entrada en vigor el pasado octubre de la ordenanza de Movilidad Sostenible, que venía a regular la jungla en la que se habían convertido las aceras de la capital, fue su esperanza de que todo volviera la normalidad. Sin embargo, seis meses después de su puesta en marcha, desde el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) piden "más contundencia" y más controles" a los infractores. "No vemos que la ordenanza haya solucionado el problema de los patinetes en las aceras, sino que se ha dispersado", expresa a ABC el presidente de Cermi en la Comunidad de Madrid, Óscar Moral. Desde el pasado febrero, el Ayuntamiento limitó el número de patinetes a 10.000 y repartió las licencias a todos los distritos de la capital. "La situación es parecida al principio, hay menos patinetes en la zona centro, pero se han trasladado a otros barrios", indica Moral, que critica que los usuarios los dejen "abandonados" tanto los patinetes eléctricos como las bicis de alquiler sin bases de estacionamiento. Su propuesta pasa por expulsar definitivamente de las aceras a todos los vehículos de movilidad urbana. Pero no solo a la hora de circular, como ya se ha regulado en ese sentido, sino también en cuanto al aparcamiento. "Para la mayoría es imposible transitar algunas calles. Las personas con discapacidad seguimos expulsadas de la acera porque nos exponemos a chocarnos contra los vehículos mal aparcados constantemente", se queja Moral, con conocimiento de causa. Desde su punto de vista, los patinetes, las bicis y las motos de alquiler deberían tener espacios específicos para aparcar como sucede con Bicimad. Y, en el caso de que no tengan zona de estacionamiento propia, deberían hacerlo siempre en la calzada. "Las aceras no pueden ser propiedad de los vehículos. Igual que los peatones no podemos ir por la calzada por cuestiones de seguridad, los viandantes queremos igualdad en este sentido", replica el presidente del Cermi, que destaca también la necesidad de que esta demanda sea recogida en una regulación de ámbito estatal. "No estamos en contra de los patinetes ni de estas nuevas formas de movilidad sostenible, pero sí que pedimos que se garantice la accesibilidad y la seguridad de las aceras", reitera. Su protesta por preservar sus derechos a desplazarse con "libertad y seguridad" por las calles concentró a más de 200 personas frente a la sede del Ayuntamiento de Madrid el pasado diciembre. No descartan volver a emprender medidas de presión si, durante los próximos meses, no se ven mejoras en el cumplimiento de la ordenanza. Mientras tanto, seguirán denunciando las malas prácticas a través de la oficina de atención al ciudadano y en el 010.