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ABC MADRID 02-02-2019 página 31
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ABC MADRID 02-02-2019 página 31

  • EdiciónABC, MADRID
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g. ginés madrid Uber está viviendo uno de sus momentos más complicados en España. El decreto de la Generalitat que obliga a las empresas de VTC a precontratar sus servicios ha expulsado a la compañía de Barcelona. Juan Galiardo, director general de la plataforma en España, advierte del "impacto en el empleo" que tendrá la norma, "inédita en Europa". ¿Por qué afecta tanto a Uber la precontratación que propone la Generalitat? Nuestro servicio debe ser inmediato, esto es lo que genera la demanda de la aplicación. El decreto hace inviable nuestra actividad. ¿Hay opciones de que el Parlament tumbe la norma? Esperemos que sí. Hay muchas voces críticas con el decreto, tanto de instituciones como de partidos. La propia Autoridad Catalana de la Competencia que, depende de la Generalitat, ha dicho que es desproporcionado y que va en contra del ciudadano. El impacto es tremendo para la inversión, la fiscalidad y el empleo, donde se van a suprimir 3.500 puestos de trabajo. Además, condiciona la movilidad de Barcelona, que no tiene "car sharing" ni patinetes eléctricos y pierde a las VTC. Aún así, no hay señales para el optimismo, ni siquiera hemos estado presentes en la negociación del decreto. ¿Se están planteando ya acciones legales? Lo desconozco, son las empresas de VTC las que pueden plantear estas acciones. ¿Ha habido un acercamiento con el sector del taxi en las últimas semanas? Las asociaciones del taxi más radicales tienen una política del miedo, pero no representan al sector. Muchos taxistas de a pie quieren trabajar con nosotros. Estamos trabajando para llegar a resultados. El taxi les acusa de promover la precariedad laboral. Las VTC tienen un convenio laboral que establece una serie de condiciones. No hay que ir más allá, es como cualquier otro sector y se garantiza un trabajo digno ¿Qué solución propone Uber al conflicto? Hay que ir hacia una convergencia regulatoria, liberalizar más el taxi. No estamos cerrados a ayuda al gremio a mejorar pero hay que tener en cuenta que el taxi, hasta estas huelgas, no perdía dinero. De hecho, estaba facturando más que nunca. "El taxi no pierde dinero, factura más que nunca" Juan Galiardo Director general de Uber España ENTREVISTA GUILLERMO GINÉS MADRID Las restricciones regulatorias no frenarán el avance de las licencias de vehículo con conductor (VTC). Fuentes del taxi y de las empresas de VTC coinciden en que todavía quedan por llegar a las calles al menos 5.000 autorizaciones procedentes de los tribunales. Un aluvión de nuevos permisos que dejará la relación entre ambos sectores en una VTC por cada cuatro taxis. Cada asociación tiene su propia previsión sobre el número de autorizaciones que todavía están pendientes de habilitarse. Pero ninguna baja de las 5.000 autorizaciones. De hecho, fuentes del taxi aseguran que esta cifra podría dispararse hasta los 6.000 permisos. Si bien es ahora cuando están llegando a las calles, estas licencias se solicitaron entre 2009 y 2015, cuando el mercado estuvo liberalizado. Las compañías del sector las pedían primero a las comunidades autónomas, pero normalmente estas rechazaban su concesión para mantener el reparto del mercado a favor del taxi. Muchos casos acabaron en los juzgados: primero en los tribunales superiores de justicia y después en el Tribunal Supremo. Finalmente, el Alto Tribunal decidió en varias sentencias dictadas en los últimos años conceder estos permisos acogiéndose a la normativa establecida en ese momento. Fuentes del sector de las VTC señalan que "ya se han concedido prácticamente todos los permisos solicitados y será a lo largo de año cuando se habilitarán estas autorizaciones". En este sentido, la patronal de Uber y Cabify, Unauto, apunta a 1.600 licencias más solo en Cataluña, informa Anna Cabeza. Estos procesos judiciales provocaron que el año pasado se duplicara el número de VTC en funcionamiento, ya que hace años que la Administración tiene congelada la concesión de nuevas licencias. Según las cifras proporcionadas por el Ministerio de Fomento, de los 6.676 permisos que había en circulación a finales de 2017 se ha pasado a las 13.125 autorizaciones actuales. Hace cinco años, apenas habían 2.697 autorizaciones en las calles. El sector del taxi ha intentado en los últimos años frenar esta avalancha de permisos amparándose en la relación de una VTC por cada 30 taxis que establece la ley. Y es que la reforma de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT) de 2013 ya introducía la posibilidad de imponer este límite a los VTC, si bien no fue hasta finales de 2015 cuando se implantó definitivamente esta restricción. El Alto Tribunal, sin embargo, rechazó esta tesis cuando concedió, a finales de 2017, 80 permisos solicitados en 2014. PP y PSOE responsabilizan el uno al otro del vacío legal que ha ocasionado este alud de VTC. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, culpabilizó al Partido Popular de provocar esta situación durante la comparecencia que realizó el jueves para explicar su visión del conflicto del taxi. Durante su intervención, el número tres del PSOE aseguró que el anterior Ejecutivo demoró "intencionadamente" la implantación de restricciones legales al número de licencias VTC entre 2013, cuando se produjo la reforma de la LOTT, y 2015, cuando un reglamento articuló definitivamente el 1 a 30. Una proporción que, pese a todo, fue avalada el verano pasado por el Tribunal Supremo, que rechazó un recurso de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra ella. Mientras, formaciones como el Partido Popular y Ciudadanos han destacado en los últimos meses el hecho de que fue el Partido Socialista el que liberalizó el mercado en 2009 mediante la ley Ómnibus, una norma impulsada para adaptar la regulación del sector servicios a los estándares europeos pero que, según el taxi, no obligaba al Gobierno a abrir completamente el mercado. El titular de Fomento restó importancia a esto en el Congreso señalando que en 2009 "no existían aplicaciones". Tampoco hizo referencia a que entre 2009 y 2011 gobernó el PSOE y se mantuvo el mercado abierto. Miles de licencias se solicitaron durante estos años. Como fuere, la realidad es que este crecimiento desproporcionado de las VTC ha motivado en gran parte las últimas movilizaciones del taxi. Y es que, a diferencia del gremio, que tiene que cumplir una serie de horarios y libranzas, plataformas como Uber y Cabify pueden operar a pleno rendimiento. Consciente de que seguirán llegando miles de autorizaciones procedentes de los tribunales, el Ministerio de Fomento elaboró en septiembre un decreto que cede a las comunidades las competencias del sector y les permite imponer ya restricciones como horarios e incluso tarifas a las empresas de VTC. En octubre, el Congreso dio su visto bueno al decreto, aprobándolo como proyecto de ley. Caos regulatorio Casi cuatro meses después, solo la Generalitat catalana ha dado el paso de regular el sector. Y lo ha hecho con un decreto que directamente ha expulsado a Uber y Cabify de Barcelona. Mientras, en este periodo han llegado a las calles unas 600 licencias más de VTC. Todas las miradas se dirigen ahora a Madrid, donde se mantienen las negociaciones entre los taxistas que acumulan ya doce días seguidos en huelga y el presidente de la Comunidad, Ángel Garrido. Más dispuesta a atender las demandas del gremio parece la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que ha propuesto imponer libranzas a las VTC. En este sentido, fuentes del sector del taxi explican que Carmena les "ha asegurado que tiene una fórmula para frenar la llegada de nuevas licencias, pero no la aplica". SARA MEDIALDEA madrid A "principios de la próxima semana" será cuando el Gobierno regional cite a los taxistas de Madrid para valorar su última oferta negociadora, que elimina la imposición de un tiempo mínimo de precontratación de los servicios de VTC y también el requisito de que éstos vehículos realicen un recorrido mínimo de 5 kilómetros. Aunque los taxistas solicitaban un encuentro "urgente" son ya 13 días hoy de paro los que sufren en sus economías, el presidentemadrileño Ángel Garrido ha optado por dilatar unos días más el proceso, consciente de que en esta guerra de nervios la posición más frágil no es la suya. De hecho, las asociaciones del sector están negociando ya microcréditos para los taxistas con más dificultades económicas. Las organizaciones mantienen los paros y afirman estar tan fuertes como siempre, pero los hechos reflejan algo diferente: la huella que está dejando en ellos este larguísimo conflicto comienza a minar la moral de muchos, especialmente de los asalariados, que son sin duda el eslabón más débil de este conflicto. Ayer, presentaron por registro la oferta que la noche antes enviaron por vía telemática a la Comunidad de Madrid, renunciando a fijar el tiempo de precontratación. Sí exigen que la Comunidad ceda a los ayuntamientos la competencia en este y otros puntos, para que sean ellos los que los regulen. Los taxistas le recordaron a Garrido que "nos dijo que estaría dispuesto a negociar todo menos la precontratación". Pero el presidente Garrido cerró la puerta a esa posibilidad, lo que considera la "vía Colau" que en Madrid sería "vía Carmena": "No vamos a colaborar", dijo, "de ninguna manera, ni por la puerta delantera ni por la trasera", a medidas que supongan en la práctica la desaparición de las VTC, como ha ocurrido en Barcelona. Desde la consejería de Transporte añadían más tarde que posiblemente se les llamará a principios de la semana que viene, tras analizar despacio su propuesta que, en principio, fue objeto del absoluto rechazo del jefe del Ejecutivo madrileño. Cualquier cambio en la Ley del Transporte de la Comunidad tiene que pasar por la Asamblea madrileña para poder aplicarse. Y aunque Garrido ofreció, al inicio del conflicto, tramitarlo de forma urgente, por lectura única, éste proceso requiere unos tiempos mínimos. Fuentes parlamentarias concretaron a ABC que la reforma legal tendría que entrar en la Asamblea a más tardar el 7 de marzo para que diera tiempo a tramitarla antes de la disolución del Parlamento: el último pleno será el 21 de marzo. Mientras, más de 700 taxistas de toda España vinculados a la Plataforma Integral del Taxi (PIT) y encabezados por el líder Tito Álvarez, presentaron ayer una demanda civil millonaria contra plataformas como Cabify y Uber, por competencia desleal. Paradójicamente, ayer también la Audiencia Provincial de Madrid confirmó el fallo de un juzgado mercantil que negaba que Cabify hiciera competencia desleal al taxi. Este fallo, informa Efe, desestima el recurso interpuesto por la Federación Profesional del Taxi. Desde la Federación Madrileña de Municipios (FMM) proponían ayer que los ayuntamientos del área metropolitana, el Gobierno regional, taxistas y VTC negocien una solución que permita convivir a todos los sectores. abc Juan Galiardo, director de Uber España, en las oficinas de la compañía "Muchos taxistas de a pie quieren trabajar con nosotros, pero hay una política del miedo" Unauto asegura que la Generalitat les ofreció trabajar irregularmente La normativa que obliga a los VTC a trabajar con un mínimo de quince minutos de antelación en Cataluña entró ayer en vigor. Coincidiendo con la fecha, la patronal Unauto denunció que en las últimas reuniones previas a la aprobación del decreto-ley la Generalitat les ofreció la posibilidad de seguir trabajando de manera irregular. Según detalló Josep Maria Goñi, secretario general de Unauto en Cataluña, el secretario de Infraestructuras y Movilidad de la Generalitat, Isidre Gavín, les comentó que las sanciones que pusiera la Guardia Urbana de Barcelona "irían a un cajón y no tendrían ninguna tramitación".

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