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ABC MADRID 21-12-2018 página 22
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  • EdiciónABC, MADRID
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22 ESPAÑA VIERNES, 21 DE DICIEMBRE DE 2018 abc. es espana ABC Entre las 80 medidas Auditoría de las cuentas de la Junta, comisión sobre la Faffe o anular el Impuesto de Sucesiones ra y los partidos tendrán que decidir entre cambio o continuidad Moreno, que se reunía con la dirección de la organización agraria Asaja, segundo colectivo profesional con el que se fotografía después del 2 de diciembre tras hacerlo antes con la Asociación de Trabajadores Autónomos, pide agilizar la negociación porque muchos andaluces están deseando el cambio político cuanto antes y tenemos la enorme responsabilidad de no defraudarles El PP- A no quiere defraudar ese caudal de ilusión, dijo el líder del PP andaluz que no ocultaba que existe plena voluntad por ambas partes de alcanzar el pacto del cambio político. ¿Reparto PP- Cs del Gobierno? Juanma Moreno se reunió ayer con el segundo colectivo tras su victoria: la organización agraria Asaja ROCÍO RUZ PP y Cs acuerdan 80 medidas para el cambio en Andalucía Aún deben negociar la composición de la Mesa del Parlamento y el Gobierno J, J, BORRERO S. BENOT SEVILLA Las delegaciones técnicas a las que el PP y Ciudadanos encomendaron elaborar un documento de consenso de sus programas de gobierno hace diez días alcanzaron en la tarde de ayer un principio de acuerdo que habrán de ratificar hoy los líderes de ambas formaciones como prólogo del pacto que propiciará el cambio de Gobierno en Andalucía. Se trata de un documento con 80 puntos de los que 20 se pondrán en marcha en los primeros cien días de gestión del futuro Gobierno. Entre esos acuerdos se recoge la realización de una auditoría de las cuentas de la Junta de Andalucía, la constitución de una comisión de investigación sobre la gestión de la Faffe, otras medidas de transparencia y para rebajar la presión fiscal, entre ellas la práctica anulación del impuesto de Sucesiones. En el documento, consensuado por las delegaciones coordinadas por Elías Bendodo (PP) y Marta Bosquet (Cs) se advierte la inclusión de algunos puntos que vienen a marcar diferencias con algunos de los planteamientos electorales de Vox, como un impulso al pacto andaluz contra la violencia de género y la defensa de las competen- cias de la autonomía con la reclamación de un sistema de financiación autonómica equitativo. Las llamadas que confirmaron el principio de acuerdo se producían al término de una jornada en la que el PP demostró sus recelos ante la forma de gestionar los tiempos de Ciudadanos. De hecho, circulaban dos versiones sobre la agenda que tenían ambos partidos para este jueves, mientras el PP esperaba que se reuniera la mesa de negociación, en Ciudadanos aseguraban que el acuerdo era que ambas delegaciones debatieran internamente por separado el documento. Juanma Moreno no ocultaba por la mañana sus recelos ante un hipotético cambio de opinión de Ciudadanos en la negociación, sin que pueda asegurarse ahora que era una estrategia pactada o verdadera exasperación por la gestión de los tiempos que está realizando Ciudadanos en el proceso de negociación que entra ahora en una segunda fase para acordar la formación de la Mesa del Parlamento y el diseño del futuro Ejecutivo conjunto. Moreno instó a la formación naranja a alcanzar un acuerdo sobre la Mesa del Parlamento antes del día 27, fecha de constitución del Parlamento, ya que de lo contrario el PP- A presentará candidatura a la Presidencia de la Cáma- El acuerdo inicialmente es que Ciudadanos se haga con la presidencia del Parlamento el nombre que suena con más fuerza es el de la diputada almeriense Marta Bosquet y Juanma Moreno sea investido presidente de la Junta de Andalucía, al frente de un gobierno que repartirá en idéntico número las consejerías entre PP y Ciudadanos. Pero eso es parte de la negociación que se abordará a partir de mañana y que continuará los días 24 y 26 de diciembre. El acuerdo programático supone el primer escalón de un acuerdo que ahora debe salvar el escollo de asegurar el control de la Mesa de Parlamento para que no haya sobresaltos en el proceso de investidura. Ciudadanos no quiere que esté Vox en la mesa, pero el líder nacional de esta formación Santiago Abascal advertía ayer que quiere un representante en la mesa. La aparición en la escena de Abascal dio pie a una nueva ofensiva del PSOE para cohibir a Ciudadanos, una muestra de la desesperación socialista por perder el poder tras 37 años de gobierno. ÁLEX RAMOS LIDERA LA ENTIDAD CONSTITUCIONALISTA CATALANA SCC releva a su presidente tras desacuerdos con Rosiñol M. VERA BARCELONA La entidad constitucionalista Societat Civil Catalana (SCC) destituyó ayer a su presidente, José Rosiñol, que, según ha podido saber este diario, seguirá en la Junta de SCC. Álex Ramos, el hasta ahora número dos, ocupará la función de presidente provisional La plataforma, que ha organizado las mayores manifestaciones del constitucionalismo catalán, dirimirá sus cambios el próximo 17 de enero en una asamblea convocada con carácter urgente La reestructuración llega por desacuerdos en la toma de decisiones, completamente ajenos a la criterios ideológicos según aseguró la plataforma en un comunicado. Según algunas fuentes de la entidad, la situación actual es de cisma interno, un ambiente que se precipitó con la salida del propio Rosiñol, seguida por la de otros nombres de la dirección estrechamente ligados a él. Los miembros cesados de la dirección aseguran que las destituciones se deben a diferencias ideológicas entre las distintas sensibilidades que conforman la cúpula de la entidad, que van desde el PP hasta el PSC, pasando por Ciudadanos. Algunas fuentes señalarían a Rosiñol por unas presuntas irregularidades detectadas en la gestión de los contratos que tiene SCC con una empresa de comunicación. Sin parar la actividad La crisis organizativa de la entidad no está afectando a su labor. Anteayer SCC y Abogados Catalanes por la Constitución pidieron al Tribunal de Cuentas que reclamara cerca de dos millones de euros al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y al resto de miembros de su Govern por los fondos públicos destinados al referéndum ilegal del 1- O.

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