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42 SOCIEDAD SÁBADO, 15 DE DICIEMBRE DE 2018 abc. es conocer ABC Claves de la reforma La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ayer en La Moncloa Ocho millones de estudiantes La nueva ley afectará a 8.179.539 estudiantes, 701.373 docentes y 28.531 centros de enseñanza. Bachillerato más flexible La ministra defendió que el Bachillerato será más flexible y que la nueva ley se centra en el alumno. El texto permite obtener el título con un suspenso. Religión, apartada del resto La asignatura no está junto al resto de materias fundamentales y puede que se quede sin alternativa. Es decir, los alumnos tienen dos opciones: Religión o irse a casa. EFE Celaá garantiza el castellano, pero da alas a Cataluña para desterrarlo La ley educativa recibe el visto bueno del Gobierno envuelta en contradicciones JOSEFINA G. STEGMANN MADRID El anteproyecto de la nueva ley educativa que prepara el Gobierno llegó ayer al Consejo de Ministros para su estudio. Se trata de una primera lectura dijo la ministra de Educación y Formación Porfesional, Isabel Celaá, de esta ley que retoma, con modificaciones, la LOE, aprobada por los socialistas en 2006 y que supone, al mismo tiempo, la derogación de la Lomce, más conocida como ley Wert Se trata de una modernización del sistema; lo que se hace con esta ley es modernizar la LOE, sobre la que se reclinaba la Lomce, y situarla en las directrices europeas y la OCDE dijo Celaá. Preguntada por las garantías de la enseñanza del castellano en las aulas, Celaá aseguró que esta lengua está en una proporción y que se garantiza como lengua oficial. Sin embargo, el texto parece decir lo contrario. El anteproyecto elimina la obligatoriedad de dar castellano y catalán en una proporción razonable tal como establece la justicia y recoge la Lomce. Sin embargo, la ministra defendió las garantías al castellano, aludiendo a otra parte del texto, la que se refiere a la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades para determinar el currículo de las materias (no en qué lengua se imparten) Así, el nuevo texto asigna un 55 al Estado en caso de comunidades con lengua cooficial y un 65 a las demás. Está en proporción, se garantiza el castellano como lengua oficial. ¿Desde hace cuatro meses no se garantiza? defendió Celaá. En relación a la asignatura de Religión, cuya presencia en el texto reclaman muchas organizaciones, Celaá dijo que sí está El problema es que se regula en las disposiciones adicionales segunda y tercera y, por tanto, se la deja afuera del bloque de asig- naturas fundamentales. Ello podría suponer un tratamiento distinto de la misma en relación al resto de materias. Los acuerdos suscritos con la Santa Sede en 1979 establecen que la Religión tendrá un tratamiento equiparable a las demás disciplinas fundamentales Además, la nueva ley elimina de la Lomce el apartado 3, que dejaba la determinación sobre el currículo y los libros de texto a las autoridades religiosas. Fase de propuestas Celaá aclaró que el texto que ha aterrizado en el Consejo de Ministros no es el definitivo, sino que está en una fase de consultas a falta del informe del Con- Carga ideológica, falta de financiación y ninguna medida concreta Las críticas al anteproyecto han llegado también desde sindicatos como CC. OO. y UGT que han pedido que la nueva ley que prepara el Gobierno incluya una memoria económica. También se critica que el texto se ha hecho con mucha celeridad y no se han respetado los plazos para un correcto procedimiento de negociación y consulta. Así lo asegura Mario Gutiérrez, presidente de CSIF Educación, que dice que esta ley nace con todos y cada uno de los defectos de la anterior: carga ideológica, falta de financiación, ninguna medida concreta y ninguna proyección de duración en el tiempo, puesto que no contempla el acuerdo necesario para lograr un Pacto de Estado Pedro J. Caballero, de Concapa (padres católicos) pide la dimisión de la ministra porque vuelve a olvidar parte de la comunidad educativa con la que ni se ha reunido ni le ha pedido consenso, ni nada sejo Escolar del Estado. Se prevé que el texto final llegue al Congreso de los Diputados el próximo mes de enero. Padres, madres, alumnos, profesores, sindicatos y organizaciones educativas de todo color ideológico reunidos en el Consejo Escolar del Estado se lanzaron en contra (total o parcialmente) de la nueva ley educativa. Es el sesgo político del texto y el escaso papel de las familias lo que más preocupa a las organizaciones educativas, según las enmiendas que avanzó ABC el pasado lunes. También se critica la posibilidad que contempla el anteproyecto de obtener el título de Bachillerato con una asignatura suspensa, la eliminación de la expresión demanda social (que se entiende como un golpe la concertada) En el artículo 109.2, aludía a que la oferta de plazas escolares se hacía, entre otros criterios, en función de lo que pedían las familias. Esta frase se sustituye por un párrafo que hace referencia al derecho a la educación o al principio de participación pero no al reconocimiento a la libertad de enseñanza La ministra precisó que este anteproyecto afectará a 8 millones de estudiantes, a 700.000 docentes y 28.000 centros educativos. Además, aclaró que el texto es respetuoso con la Constitución Celaá explicó que con el anteproyecto se vuelve en Primaria a los ciclos educativos. El sistema educativo español tiene un problema de excesivas repeticiones, establecer una Primaria por ciclos reduce esa inoportunidad de que los alumnos repitan curso a curso La tasa de repetición, precisó es del 27 por ciento. Recordó, además, que se eliminan las reválidas, los itinerarios tempranos y se evita la doble titulación para la ESO, es decir, solo habrá una titulación a la que se podrán encaminar también los alumnos que estén en FP Básica. Habrá, en consecuencia, muchos más recursos en juego en el sistema. El alumno que repita tendrá asignado un tutor del centro y se procurará que llegue con éxito al final del recorrido