ABC MADRID 29-09-2018 página 22

22 ESPAÑA SÁBADO, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018 abc. es espana ABC Independentistas y comunes retan al Supremo al llevar a votación el auto de Llarena Cs se querellará si no se evita que el pleno diga si los diputados acusados están suspendidos o no DANIEL TERCERO BARCELONA El CGPJ no analiza los chats de jueces JESÚS HIERRO El Parlamento de Cataluña se ha convertido en el escenario de un lamentable vodevil. Y nadie sabe si habrá acto final. Ayer se vivió un nuevo episodio de la instrumentalización que los partidos independentistas hacen de la Cámara autonómica y cuyo clímax tendrá lugar el próximo martes, a partir de las 12.00 horas. La Comisión del Estatuto de los Diputados aprobó ayer elevar al pleno del Parlamento catalán el dictamen presentado por Junts per Catalunya (JpC) y ERC en relación a cómo aplicar el auto del Tribunal Supremo que estableció, el pasado 9 de julio, que seis de los siete diputados acusados de rebelión quedaban suspendidos automáticamente en las funciones y cargos públicos que estaban desempeñando El dictamen propone que se vote, primero, sobre si se suspende a los afectados (Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Raül Romeva y Josep Rull) y, después, si estos designan a otros diputados para ejercer sus derechos (el del voto, principalmente) Sin embargo, el debate de fondo que plantean Cs, el PSC y el PP es que en el auto del magistrado del Supremo se establece que es la Mesa del Parlamento autonómico, y no el pleno, quien debe adoptar las medidas precisas para la plena efectividad de la previsión legal Por lo que consideran ilegal que el pleno vaya a votar si se suspende, o no, a los afectados por el auto judicial; y creen que es una estrategia, sobre todo, de Roger Torrent (ERC) presidente de la Mesa, para evitar posibles responsabilidades penales. Aunque la Mesa no ha adoptado ninguna decisión al respecto, los funcionarios ya están actuando como si los seis diputados estuvieran suspendidos ya que no están cobrando sueldo alguno. Además, el secretario general, Xavier Muro, dejó claro ayer mismo, en la reunión de la Junta de Portavoces, que ninguno de ellos podrá votar en el pleno del martes en aplicación del auto judicial, según apuntaron varias fuentes a ABC. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) considera que los mensajes que algunos magistrados críticos con el procés intercambiaron en su plataforma profesional de correo electrónico estarían amparados por la libertad de expresión al haberse escrito en un foro interno. Según ha podido saber ABC, el órgano de gobierno de los jueces no abrirá de oficio diligencias contra estos jueces que, entre otras cosas, aseguraban que con golpistas no se negocia ni se dialoga o que lo que pasa en Cataluña es comparable con lo que ocurrió en Alemania en los años 30. No abrirán diligencias por estos mensajes salidos recientemente a la luz, no solo porque los crean amparados por la libertad de expresión sino, sobre todo, porque de haber incurrido en una falta ya habría prescrito. Desde el CGPJ, en todo caso, no contemplan adoptar medidas para controlar el uso de este chat profesional de los jueces porque consideran que supondría una forma de censura. Lo que sí han hecho es remitir al promotor de la acción disciplinaria del CGPJ la carta que la consejera de Justicia les envió pidiendo que se investigasen estos chats. el martes a las 12.00 horas, el mismo día en que, por la tarde, dará inicio el Debate de Política General. El desbarajuste en la tramitación del dictamen quedó en evidencia, este viernes, cuando en la Comisión del Estatuto de los Diputados, a pregunta de Alícia Romero (PSC) el letrado presente en la sesión, Joan Ridao, aseguró que las dos propuestas del dictamen debían ser aprobadas, en la votación del pleno del martes, por mayoría absoluta; es decir, llegar a los 68 escaños. La primera propuesta (la de la suspensión) no se aprobará ya que nadie votará a favor Cs, el PSC y el PP no participarán en la votación y la segunda (la de permitir la delegación designada) contará con el apoyo de los comunes, por lo que con JpC y ERC se quedarán en 67 escaños (ninguno de los siete diputados fugados o en prisión votará) Así, la CUP, con cuatro escaños, tendrá la clave, otra vez, de una decisión con la que no están de acuerdo, ya que para los antisistema el auto del Tribunal Supremo es papel mojado y consideran que los diputados afectados por el mismo tienen todos los derechos y funciones intactas. Tras las palabras de Ridao, la maquinaria parlamentaria de JpC y ERC se puso a trabajar y, tras varias reuniones, fuentes de ambos partidos indicaron que, en realidad, en la votación del martes, y para la segunda parte del dictamen, no hará falta la mayoría absoluta sino la simple. Una interpretación que contradice, no solo al letrado Ridao, sino también al propio dictamen presentado por los dos grupos que fija explícitamente que el trámite parlamentario del dictamen se lleva a cabo en cumplimiento del artículo 25.1 del Reglamento del Parlamento catalán, que indica que la suspensión de un diputado debe acordar- se por mayoría absoluta del pleno. Mientras tanto, Ciudadanos advirtió ayer que ya trabaja en la presentación de una querella contra los miembros de la Mesa del Parlamento catalán que han impedido que sea el máximo órgano de la Cámara el que CASTIGAR LA ORGANIZACIÓN DE CONSULTAS ILEGALES El PP impulsa penas de cárcel para quien haga referéndums ANA I. SÁNCHEZ MADRID Mayoría en el aire A esta situación de desorientación total hay que sumar que JpC y ERC no tienen asegurada la aprobación del dictamen, que se votará en un pleno El presidente del PP, Pablo Casado, ha cumplido su promesa y ayer su grupo parlamentario registró en el Congreso la proposición de ley para castigar la convocatoria de un referéndum ilegal dentro del Código Penal. Los populares proponen que los funcionarios públicos o las autoridades que organicen una consulta popular o incluso unas elecciones sin tener las competencias para hacerlo, se enfrenten a penas de prisión de entre tres y cinco años, junto con una inhabilitación absoluta de hasta diez años. Pero los máximos responsables de las consultas ilegales no serían los únicos que acabarían en la cárcel si esta proposición de ley llegara a aprobarse en el Pleno. Los populares proponen, además, entre uno y tres años de cárcel para todos los funcionarios que colaboren o promuevan la con- vocatoria, así como un mínimo de seis meses a un año de prisión para aquellas personas que actúen de interventores en las mesas de votación. El grupo mayoritario pone así en marcha la tramitación de un texto que será calificado probablemente dentro de dos semanas por la Mesa del Congreso y luego será remitido al Gobierno para que en el plazo de 30 días otorgue su conformidad con la tramitación. El Ejecutivo socialista solo podrá oponerse por razones presupuestarias que, en este caso, no conlleva la reforma por lo que La Moncloa dará previsiblemente su visto bueno y la proposición quedará lista para ser elevada al Pleno, cuando los populares lo consideren oportuno.