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16 ESPAÑA MARTES, 28 DE AGOSTO DE 2018 abc. es espana ABC La ministra de Justicia, Dolores Delgado Del abandono al apoyo incondicional Ámbito privado Desoyendo el consejo de la Abogacía del Estado y de altos cargos del Ministerio, Delgado difunde el jueves una nota en la que separa los intereses del Estado del ámbito privado en el que el juez negó que haya presos políticos Defensa con condiciones Justicia supeditaba la personación de España en la demanda civil a que el juez belga cuestionara la causa del Supremo. En lo demás, Llarena estaría solo suscriben un comunicado conjunto de apoyo al juez y piden al Ejecutivo que defienda los intereses de España ante una demanda fraudulenta Reunión informal de ministros El sábado, en Quintos de Mora, ministros de peso hacen ver a Sánchez la necesidad de apoyar al juez. El Ejecutivo se ha quedado solo Sánchez rectifica a Delgado Tras el comunicado de La Moncloa el domingo, Delgado dice (ayer) que el Gobierno va a defender hasta las últimas consecuencias a la jurisdicción española y a quien la desarrolla, en este caso Llarena Así fue el viraje del Gobierno en el caso Llarena JAIME G. Comunicado de jueces y fiscales El viernes por la noche, cinco asociaciones de jueces y fiscales Delgado desoyó a altos cargos de Justicia sobre el apoyo al juez La rectificación se gestó en la reunión informal de ministros en Quintos de Mora NATI VILLANUEVA MADRID Del abandono más absoluto ante las instancias judiciales europeas a la defensa hasta las últimas consecuencias del juez Llarena. Así fue el viraje del Gobierno ante la demanda civil que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont interpuso en Bélgica contra el magistrado del Tribunal Supremo por decir que en el 1- O ningún procesado está perseguido por sus ideas, sino por la presunta comisión de delitos tipificados en el Código Penal. En apenas cuatro días, el Ejecutivo de Pedro Sánchez obligaba a la titular de Justicia, Dolores Delgado, a rectificar su postura inicial y a asumir la defensa del juez ante Bélgica sin establecer ningún tipo de línea divisoria entre el ámbito privado del juez y el ataque a la soberanía jurisdiccional española. Según ha podido saber ABC, tras una reunión que la Abogacía del Estado y altos cargos de Justicia mantuvieron en el Ministerio el pasado jueves por la mañana para analizar el amparo al magistrado por parte del Consejo General del Poder Judicial, se aconsejó a Delgado la personación del Ejecutivo en la causa abierta contra Llarena en Bélgica al considerar que se cuestionaba la independencia judicial española. Desoyendo este consejo, Delgado optó por establecer esa línea divisoria entre el ataque a la soberanía jurisdiccional española y las responsabilidades que los independentistas exigían al juez a título particular. Y fruto de esa decisión fue la nota de prensa emitida el jueves por la noche, una iniciativa que varios miembros del Ejecutivo no compartían pero que aún así fue apoyada por la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Eso sí, sin una refe- rencia explícita a ese ámbito privado de las declaraciones de Llarena. Fue la reunión informal de ministros el sábado en la finca toledana de Quintos de Mora la que supuso un punto de inflexión en la postura del Gobierno. Ministros de peso y larga trayectoria política, incómodos con los matices en la defensa del Estado español, hicieron ver a Sánchez que, tras el apoyo incondicional que horas antes todas las asociaciones de jueces y fiscales habían brindado al magistrado a excepción de Jueces para la Democracia el Ejecutivo se quedaba solo. La imagen de esos colectivos y del propio CGPJ enfrentado con el Gobierno y cos- Los socios de Sánchez critican que el Gobierno dé cobertura al magistrado El quiebro del Ejecutivo ofreciendo ahora dar cobertura legal al juez Pablo Llarena en la demanda interpuesta por dirigentes separatistas contra él en Bélgica, le ha abierto a Pedro Sánchez otra vía de agua con los socios parlamentarios que le auparon a La Moncloa. Podemos rechazó que el Estado le defienda por considerar que la justicia belga le investiga en su ámbito privado y no por defender la legalidad en Cataluña. Varios dirigentes, entre ellos Pablo Echenique y Ione Belarra, criticaron que se costee con el dinero de todos la defensa del magistrado. Los independentistas denunciaron el giro del Gobierno. Rufián (ERC) llamó al juez lacayo de Génova 13 y acusó a Sánchez de poca valentía Campuzano (PDECat) le acusó de amedrantarse por la presión de la derecha judicial, mediática y política teando la defensa en el extranjero de un representante del Estado de Derecho español era inasumible. No era la primera vez que a Sánchez le llegaba esta advertencia la Abogacía del Estado ya aconsejó esta personación en su informe del 31 de julio pero ese comunicado de jueces y fiscales (incluso de la asociación de la que hasta hace dos meses formaba parte la ministra Delgado, la Unión Progresista de Fiscales) fue decisivo para el cambio de rumbo de Gobierno, una rectificación que Pedro Sánchez quiso asumir como propia. Por eso el comunicado de defensa al magistrado partió de La Moncloa y no desde el Ministerio de Justicia, de donde había salido el del jueves por la noche aquel que supeditaba la personación en la causa a que el juez belga cuestionara datos o hechos relacionados con la causa del 1- O. La gira que Pedro Sánchez comenzó ayer lunes por Latinoamérica precipitaba la respuesta del Gobierno y obligaba a difundir la nota un domingo por la tarde. Justicia ya ha iniciado los trámites para contratar los servicios de un despacho de abogados belga que se haga cargo de la defensa de España y de Llarena, señalaba. Sánchez zanjaba así el asunto antes de emprender su viaje oficial. No quería que prosiguiera la polémica estando él fuera. Así se lo comunicó a la ministra Delgado, que asumió la rectificación, aunque públicamente no sólo no ha entonado el mea culpa, sino que defiende que en el Ministerio no ha habido ningún cambio de criterio. Ayer, en una entrevista en RNE, Delgado aseguraba que no ha habido ningún cambio de criterio y, a renglon seguido, que el Gobierno defenderá en Bélgica hasta las últimas consecuencias la integridad jurisdiccional y los intereses de España, lo que pasa también por defender la actuación jurisdiccional de Llarena.