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ABC MARTES, 24 DE JULIO DE 2018 abc. es opinion OPINIÓN 15 CON PERMISO TRIBUNA ABIERTA EUTANASIA PARA LOS DISCAPACITADOS POR VÍCTOR TORRE DE SILVA La singularización de las personas con discapacidad transmite un mensaje nefasto a la sociedad: su vida vale menos que las del resto de las personas rechos que este título otorga a todos los ciudadanos Todo esto, como es lógico, requiere recursos públicos, lo queramos o no, en competencia con otras políticas presupuestarias. Como la muerte de la persona con discapacidad puede suponer un ahorro cuantioso, se establece una aparente salida para quien no quiera ser una carga Además, desde el punto de vista de la ciudadanía, se inocula el mensaje brutal de que si alguien está discapacitado es porque en definitiva no quiere usar su derecho a la eutanasia, decisión respetable pero que no puede trasladar a la comunidad en forma de exigencia de protección. Meter en un mismo saco a la enfermedad y a la discapacidad tiene profundas consecuencias para el concepto que la sociedad tiene de la discapacidad. En efecto, durante más de medio siglo ha prevalecido el llamado modelo médico de la discapacidad, según el cual esta era una cuestión sanitaria, que debía tratarse por los sistemas de salud para lograr que el discapacitado se aproximase lo más posible al patrón por excelencia del ser humano: el sano no discapacitado. Tal planteamiento se MARÍA JESÚS PÉREZ CASADO Y LA CURVA DE LAFFER Un Estado con menos peso y una bajada generalizada de impuestos, su apuesta HORA que la gestión de España vuelve a estar bajo el yugo del pensamiento progresista que confía el aumento del gasto en pro del crecimiento económico, aparece luz al final del túnel en la figura del nuevo líder del Partido Popular, Pablo Casado, y su apuesta clara por la que se conoce como la Curva de Laffer El economista estadounidense Arthur B. Laffer, gurú del reaganismo explica desde hace décadas que una reducción de impuestos acarrea una mayor recaudación a base de disparar la actividad económica, reduciendo además el peso específico del Estado sobre esta. Laffer pensaba que si el Estado cobrase el 100 de lo ganado en impuestos, no recaudaría nada porque nadie querría trabajar para que todo su dinero se lo llevase el Estado. Aunque también pensó, sí, que si el Estado cobraba el 0 en tributos, no recaudaría nada. Partiendo de esas premisas, Laffer consideró que debía haber un punto óptimo donde se recaudase lo máximo cobrando lo mínimo posible. En España esta teoría la defendió a capa y espada el propio Aznar como presidente. Y la puso en práctica su elegido en lides fiscales: Montoro. A continuación, tras el Gobierno socialista del manirroto Rodríguez Zapatero con subida de impuestos fue precisamente Montoro quien se vio obligado a hacer todo lo contrario a lo prometido en precampaña y tuvo que subir el IRPF en 2012 con el objetivo de arreglar el desaguisado de déficit sin fin heredado. Pues bien, un año después del impuestazo con el que arrancó la legislatura Rajoy, la recaudación por IRPF no solo no había aumentado sino que se había reducido en 850 millones de euros. Y en estas que, tras el asalto al poder por moción de censura de Sánchez, se instala en el país el comando del gasto keynesiano, poskeynesiano o antineoliberal más bien, este último término y anuncia que desenterrará la tesis del alza fiscal para los malos los ricos, como ellos venden Impuestos a las tecnológicas, a la banca, medioambientales, y alzas en IRPF y sociedades... Pues ¡cuidado con gripar el motor con tanta gasolina fiscal! Antilaffer total, vaya. Mientras, el flamante presidente popular se apoya en un nuevo equipo neoliberal con un economista de cabecera firme defensor de dicha Curva: Daniel Lacalle, respaldado quizás por el incombustible Manuel Pizarro y por el factor integrador que supondría la exministra Fátima Bañez número dos de Sáenz de Santamaría por su incuestionable capacidad de interlocución con los agentes sociales. Nacerá así un programa económico con el que rematar el legado inconcluso de Rajoy, que devolvería a los ciudadanos los réditos logrados tras los esfuerzos realizados durante la crisis en forma de bajada generalizada de impuestos: acabar con el de Patrimonio y de Sucesiones, bajar Sociedades al 10 (hoy, 25 olvidar el de banca y tecnológicas... Laffer, a tope. N O, no es ciencia- ficción. Tampoco aludo al programa del III Reich para la eliminación de los discapacitados, de acuerdo con el cual unas 275.000 personas con discapacidad fueron objeto de muerte por compasión durante la Segunda Guerra Mundial. Me refiero a la proposición de Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia que se tramita en el Congreso de los Diputados, tras su toma en consideración el pasado 26 de junio. Oficialmente se trata de introducir un nuevo derecho individual según dice la exposición de motivos de la iniciativa legal. Un derecho, dicho sea de paso, que no existe en las declaraciones internacionales de Derechos Humanos. Su fundamento es la decisión autónoma de morir (artículo 4.2) que ha de producirse con absoluta libertad, autonomía y conocimiento, protegida por tanto de presiones de toda índole conforme expresa la misma exposición de motivos. Sobre el papel, se trata de exaltar la libre determinación del individuo, que ahora se amplía con el derecho a exigir que lo maten o le ayuden a suicidarse. Desde luego, lo menos que se puede pedir a quien solicite su propia muerte es que lo haga con libertad. Según la futura Ley Orgánica, son dos las causas que habilitan para pedir la aplicación de la eutanasia a cualquier mayor de dieciocho años: una enfermedad grave e incurable o una discapacidad grave crónica (artículo 5.4 Me gustaría centrarme en esta última. La singularización de las personas con discapacidad transmite un mensaje nefasto a la sociedad: su vida vale menos que las del resto de las personas. La discapacidad grave crónica justifica la petición de eutanasia, cosa que no hace ninguna otra condición personal o social, salvo la enfermedad. La Ley entiende que quien la padece está legitimado para pedir su muerte, al considerar sus condiciones incompatibles con su dignidad personal ¿Acaso un discapacitado debería pensar que su discapacidad es incompatible con su dignidad personal? ¿Esto debe ser aceptado y acogido en una norma legal? ¿No es lesivo para todos los discapacitados? De un modo claro se está comunicando a la ciudadanía que la vida de los discapacitados es de segunda clase, que se puede prescindir de ella con más facilidad que si no estuviera discapacitado. El artículo 49 de la Constitución, con un lenguaje de los años 1970, ordena a los poderes públicos realizar una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los de- A Unidad de cuidados intensivos VALERIO MERINO halla hoy felizmente superado. La discapacidad constituye tan solo una situación social en la que se encuentran determinados individuos: ya no es un déficit individual, sino un reto social, por tanto una cuestión de lucha contra la exclusión y la discriminación, en definitiva, en pro de los derechos humanos. La Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, ratificada por España, claramente se enmarca en este modelo social. Por eso prohíbe vigorosamente toda discriminación por motivos de discapacidad (artículo 5) Si la igualdad exige tratar igual a los iguales, no se entiende por qué son distintas, en relación con la eutanasia, la persona con discapacidad de la que no la tiene. Quedan meses de tramitación parlamentaria de la nueva Ley Orgánica. Por fortuna, tiempo más que suficiente para que nunca llegue a aprobarse en España una eutanasia para discapacitados Ojalá sea así. VÍCTOR TORRE DE SILVA ES PROFESOR DE IE LAW SCHOOL