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ABC MADRID 01-06-2018 página 38
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  • EdiciónABC, MADRID
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38 ECONOMÍA VIERNES, 1 DE JUNIO DE 2018 abc. es economia ABC LAS OCHO MEDIDAS EN ESPERA 1 Financiación regional El Gobierno viene postergando desde 2014 el diseño de un nuevo modelo de financiación de las autonomías. Estaba prevista una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera estos días, pero la moción de censura ha cancelado todos los planes. 2 Pensiones Desde hace más de año y medio el Pacto de Toledo busca sin éxito fórmulas que garanticen la sostenibilidad del sistema de pensiones, sobre el que pesa un déficit de 18.800 millones. El enfrentamiento político impide apuntalar el futuro. 3 Reforma hipotecaria La ley de crédito inmobiliario, que Europa lleva años urgiendo, se encontraba ya en trámite parlamentario y había generado bastante discusión entre los grupos dada su sensibilidad social por sus efectos en el mercado hipotecario. 4 Modelo supervisor Una de las grandes reformas pactadas entre PP y Cs fue un nuevo esquema supervisor, con medidas de calado como la división de la CNMC en dos autoridades, la independencia de la Dgsfp y la creación de una agencia del consumidor. La crisis política paraliza la agenda reformista que exige Bruselas Pensiones, financiación autónomica, ley hipotecaria, modelo supervisor... ocho reformas que necesitan amplio consenso político quedan en el aire M. VELOSO S. ALCELAY J. TAHIRI MADRID E l Gobierno de Mariano Rajoy ya había dado muestras de su dificultad para sacar adelante las reformas que necesita el país por la situación de fragmentación en el Congreso. La crisis política desatada por el triunfo ayer de la moción de censura del PSOE contra el Ejecutivo paraliza ahora la agenda de medidas que estaban o iban a ponerse en marcha, que reclama la Comisión Europea y que necesitan de un amplio consenso político para aprobarse. Una de las citas más urgentes es la reforma de la financiación autonómica. El Gobierno popular planeaba aprobarla antes de las elecciones regionales de mayo del año que viene, pero la crisis política ha paralizado todo. Máxime cuando el Ejecutivo necesitaba pactar el nuevo modelo con el PSOE, que gobierna en la mayor parte de las regiones de régimen común. Tras fijar por primera vez la posición del Estado en determinados puntos la semana pasada, las comunidades han alegado y la intención del Ejecutivo era convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera esta semana o la siguiente, después de que Rajoy prometiera a la Junta de Andalucía convocar este cónclave para mayo. Unos planes que han saltado por los aires ante el cambio de Gobierno. Es la reforma más urgente: lleva postergándose desde 2014. Entonces, cuando el PP tenía mayoría absoluta y gobernaba la plana mayor de las autonomías, se aplazó por falta de recursos. Tras la Conferencia de Presidentes de enero de 2017 y el informe del grupo de expertos en julio, los avances han sido mínimos. Junto a ello, también está la financiación municipal. Un déficit de 18.800 millones No menos importante era conseguir un acuerdo en el Pacto de Toledo que blindara las pensiones, afectadas por un déficit de 18.800 millones. Sus señorías llevan más de año y medio negociando sin lograr un solo acuerdo que permita dar estabilidad a un sistema que paga más de 9 millones de pensiones. El bloqueo político ha hecho que las pensiones hayan sido utilizadas de nuevo en los últimos años como arma electoral lo que ha impe- dido avances que permitieran buscar nuevas vías de ingresos para un sistema que cada mes desembolsa casi 9.000 millones para pagar las nóminas de los 8,7 millones de jubilados. Otra medida pendiente desde hace años, que se deriva de una directiva europea y que las autoridades comunitarias llevaban tiempo urgiendo al Ejecutivo, es la reforma hipotecaria. La nueva ley de crédito inmobiliario, de gran trascendencia por cuanto modificará un mercado clave como el del crédito para la compra de vivienda, estaba en pleno trámite parlamentario y ya había generado gran discusión entre los grupos. El acuerdo de investidura entre el PP y Ciudadanos de 2016 incluía también una profunda reforma de los organismos supervisores que pasara por la separación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en dos nuevas autoridades, una de Competencia y otra de Mercados; en la separación formal de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (Dgsfp) del Ministerio de Economía, y en la creación de una autoridad de protección del consumidor financiero. La intención de Escolano, según manifestó el pasado abril en el Congreso tras acceder al cargo de ministro, era lanzar a consulta pública el texto del nuevo proyecto de ley en el plazo de un mes para retomar las negociaciones en torno a esta reforma, algo que hasta la fecha no se ha hecho. Es más,

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