ABC MADRID 20-05-2018 página 49
- EdiciónABC, MADRID
- Página49
- Fecha de publicación20/05/2018
- ID0006770921
Ver también:
ABC DOMINGO, 20 DE MAYO DE 2018 abc. es economia ECONOMÍA 49 35.000 sociedades off shore en un territorio de 35.000 habitantes Desde 2012 la Agencia Tributaria ha estrechado el cerco en el Peñón, en ámbitos como las sociedades off shore o el contrabando de tabaco. Una de la cosas que haría sospechar a cualquiera de que se oculta algo en Gibraltar es que hay entre 30.000 y 35.000 sociedades offshore operando en la colonia, aunque el Gobierno gibraltareño las sitúa por debajo de las 20.000 y dice que unas 4.000 están inactivas. Lo cierto es que el número llama la atención si se tiene en cuenta que hay unos 30.000 habitantes en el territorio. Los activos despachos de abogados gibraltareños tienen un floreciente negocio en la creación y gestión de estas empresas, que sólo tributan por el impuesto de sociedades por un 10 en Gibraltar- frente al 30 vigente en España- y siempre que los beneficios se obtengan en el Peñón, porque si es en España, esas sociedades están exentas de hacerlo. Las autoridades españolas han pedido en numerosas ocasiones información al Reino Unido sobre estas empresas, sin conseguir respuestas satisfactorias o con remisiones a las llamadas sociedades pantalla, que se crean en otros paraísos fiscales para hacer más opaco el acceso a los auténticos propietarios. También han insistido ante Bruselas por considerar que este tipo de sociedades pueden ser consideradas igualmente ayuda de Estado. La legislación comunitaria permite operar desde la colonia británica, donde hay una fiscalidad más laxa para empresas y particulares. Brexit y sociedades off shore Las fuentes de ingresos del Peñón están amenazadas ABC SEVILLA Gibraltar vive un tiempo de incertidumbre. La lucha internacional contra la opacidad fiscal y la inseguridad generada por el Brexit afecta, de lleno, a dos de sus grandes fuentes de ingresos. La Roca no es un centro financiero como Andorra, no abundan los bancos, sino los letrados especializados en hacer sociedades off shore para que los clientes- -que mayoritariamente residen en España y singularmente en la Costa del Sol- -oculten su patrimonio, como bienes inmobiliarios de lujo en Sotogrande, Marbella o Benahavís, entre otras localidades. Frente a ello, en Londres existe un debate encaminado a la necesidad de dotar de más transparencia financiera a sus colonias. El Parlamento del Reino Unido aprobó a inicios de mayo una legislación para que los territorios británicos de ultramar- -que incluyen a Gibraltar, las Islas Caimán y las Islas Vírgenes- -establezcan registros transparentes sobre los titulares de las compañías en su jurisdicción. El Gobierno conservador de la primera ministra, Theresa May, decidió no oponerse a una enmienda a la Ley de Sanciones y Antiblanqueo de Capitales que insta a esos territorios a impulsar un registro público antes del 31 de diciembre de 2020. El texto de esa propuesta indica que con el propósito de detectar, investigar y prevenir el lavado de dinero el Reino Unido debe proveer asistencia a los territorios de ultramar para implementar la medida. Más de 20 diputados conservadores habían amenazado con rebelarse contra la disciplina de partido si el Ejecutivo mantenía su oposición inicial a la enmienda. Los registros de propiedad públicos favorecen la transparencia y la apertura, controlan los flujos de dinero ilícito, el blanqueo, la corrupción y la evasión de impuestos defendió el exministro tory de Desarrollo Internacional Andrew Mitchell, uno de los impulsores de la medida. La incertidumbre del Brexit ha golpeado otra de las principales fuentes de negocio de Gibraltar, como es el juego on line. De hecho, grupos como 888 han solicitado una licencia de juego en Malta, un territorio de la Unión Europea con una fiscalidad muy baja para este perfil de compañías. De hecho, Malta está promoviendo una reforma para atraer a las compañías que salgan de la Roca. Entre las firmas enclavadas en Gibraltar están Bwin, Ladbrokes, Bettfaire o William Hills, todo ello gracias a la súper conexión telefónica con España. FRANCIS SILVA gularizado la situación, sino que en varios expedientes, y en la medida que las conductas regularizadas se han entendido especialmente dolosas, se ha procedido a su denuncia ante la Fiscalía por delito fiscal, encontrándose actualmente diversas causas en instrucción en juzgados de Málaga y Cádiz subraya este informe. Esta nacionalización fiscal es el fruto de una larga investigación, en la que se han utilizado diversas fuentes. Se ha realizado una actuación de seguimiento, presencial y documental, y hemos detectado a aquellos gibraltareños que, en realidad, tenían su núcleo de intereses focalizado totalmente en España afirma Jorge Ramírez, delegado especial de la Agencia Tributaria en Andalucía. Se trata de actuaciones complejas porque hay que captar toda la renta mundial de ciudadanos que han hecho fortuna en diversos países. En 2012 la Agencia Tributaria se centró de forma muy especial en el análisis de todos los perjuicios que Gibraltar estaba causando a la Hacienda española. Nos centramos en distintos puntos, no solo en los free riders también en aspectos como las sociedades opacas o el contrabando de tabaco, que también causa un menoscabo muy serio a las cuentas públicas españolas Los free riders no son los únicos que han sido objeto de la intensificación de las actuaciones de control. Otro de los segmentos de población que también se había beneficiado históricamente de la situación de la frontera ha sido el de los profesionales que desempeñan su trabajo en Gibraltar pero residen en España. Cuando hicimos el primer control sobre el cumplimiento de las rentas que se declaraban por trabajos realizados en la Roca, había un 93 de no declarantes apunta Jorge Ramírez. A partir de 2014 esta situación sufrió un vuelco. Estos contribuyentes comenzaron a recibir un aviso de Hacienda en el que se les indicaba que- -con la la información obtenida a través de distintas fuentes- -existía la constancia de que estaban percibiendo rentas en Gibraltar. A partir de ese momento la situación ha cambiado radicalmente, ya tenemos un 75 de declarantes voluntarios, frente al 4 de hace apenas unos años