ABC MADRID 01-05-2018 página 15

ABC MARTES, 1 DE MAYO DE 2018 abc. es opinion OPINIÓN 15 VIDAS EJEMPLARES TRIBUNA ABIERTA DONDE PASTA LA MANADA POR JESÚS ZARZALEJOS Esa sentencia es el resultado mismo sobre el que se asientan algunos de los fundamentos irrenunciables del Estado de Derecho y del funcionamiento de la Justicia: la independencia judicial y la valoración en conciencia de la prueba nal de la libertad sexual nunca ha sido tan completa y detallada como en la actualidad, ni tan severa, porque algunos delitos agravados están castigados con penas superiores al homicidio y similares al asesinato. Es más, quizá el problema de esta normativa es su perfeccionismo criminológico, que ha complicado la sanción de conductas fronterizas en las que, sin haber consentimiento de la víctima, unas se llaman agresión sexual (violación) y otras, abuso sexual. Quizás haya que retornar a una mayor sencillez tipificadora, que descanse en la inexistencia de consentimiento libre para prever un solo delito de violación, acompañado por tipos agravados y atenuados. Una última reflexión. Los jueces no son omnipotentes. En muchas ocasiones, el disgusto que provocan las decisiones judiciales enmascara la perplejidad, cuando no la repugnancia, que causa en el ciudadano constatar que convive con asesinos y violadores, pero también con sujetos deleznables que no alcanzan la condición de delincuentes, o lo son, pero LUIS VENTOSO INFECCIÓN POPULISTA El ministro de Justicia erró al sumarse a la fiesta del sentimentalismo OS jueces son humanos. Los hay buenos, regulares y pésimos. Muchos son auténticos eruditos del Derecho, que además trabajan con denuedo y discreción y resuelven los asuntos en plazo. Otros están encantados de haberse conocido y aspiran a convertirse en vedetes mediáticas, como un magistrado de menores que ha degenerado en youtuber parlanchín, u otros que han llevado su divismo al extremo de publicar sus autobiografías. Existen magistrados pasados de rosca, que tienden a arruinar vidas ajenas con sus manías persecutorias (y quien no lo crea puede darse un voltio por Lugo, por ejemplo) Con gran trompetería y pocas pruebas, abren casos de presunta corrupción que luego quedan en nada, pero que aniquilan las reputaciones de inocentes. Otros jueces pecan de inhibición: no trabajan a fondo los asuntos, no quieren jaleos, y acaban provocando que algunos golfos queden impunes. Sufrimos también a magistrados que en vez de aspirar a imparciales ejecutores de la ley llevan en la frente la pegatina de un partido. El dogma nubla su visión. Padecemos a jueces que ora son políticos y ora retornan al sueldo fijo del juzgado, al albur de cómo pinten las urnas. Vivimos en un país donde la magistratura está dividida de antemano en conservadores y progresistas Sus señorías no solo no se avergüenzan de tiznar su prestigio entregándose a un partidismo desaforado, sino que alardean de él dividiéndose en asociaciones totalmente politizadas. Habitamos en una España donde al Consejo del Poder Judicial, y muy notoriamente a su actual cabeza, se le agradecería que la notable diligencia que muestra para chupar cámara y practicar el corporativismo la dedicase a poner orden en la casa judicial, sancionando en plazo a magistrados reiteradamente negligentes y hay casos sangrantes o peleando para que se resuelvan antes los pleitos, pues una justicia tardía no es justicia. No hay colectivo perfecto, pues el ser humano es falible, y desde luego nuestros jueces deben de mejorar. Pero ello no es eximente para reconocer que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, metió ayer la zueca hasta el codo cuando entrevistado por el elegante y hábil periodista Herrera se lanzó frívolamente a criticar al juez discrepante en la sentencia de La Manada La separación de poderes es una asignatura de Primero de Democracia. Lo que hizo Catalá, darle una patada en la espinilla a Montesquieu, es inadmisible, y más en un momento en que los jueces lideran la defensa de nuestra nación frente al separatismo. Lanzarse a criticarlos desde el ministerio del ramo supone un error político lamentable. ¿Por qué se le ha calentado la boca así a una persona preparada y sensata? Por la atmósfera del país: entre la demagogia de la llamada Nueva Política y el cainismo de ciertas televisiones, España se ha infectado del virus populista, que lleva a anteponer el termómetro de los sentimientos a los pilares jurídicos e institucionales. En lugar de intentar ganarse a los ciudadanos exponiendo sus puntos de vista, los políticos, PP incluido, se han lanzado a imitar al exitoso riverismo, que consiste en ir modulando el discurso al calor de lo que dicta el griterío tuitero del respetable. L L A sentencia que condena a cada uno de los miembros de La Manada a nueve años de prisión y a cinco de libertad vigilada (no se olvide esto último) no es fruto de un error del Código Penal, ni del sistema procesal. No responde a una patología que ha alterado el recto proceder de nuestros jueces. Esa sentencia es el resultado mismo sobre el que se asientan algunos de los fundamentos irrenunciables del Estado de Derecho y del funcionamiento de la Justicia: la independencia judicial y la valoración en conciencia de la prueba. La aplicación judicial de las leyes se ha construido sobre el principio de confianza en los jueces que, por ser independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley, tienen en exclusiva la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Esto último no es un eslogan. Es el dictado literal de la Constitución de 1978. Por más que cueste aceptarlo, entre los derechos fundamentales del ciudadano español no se halla el de la aplicación acertada del Derecho. Lo más y nada menos que le reconoce la Constitución es el derecho a la tutela judicial efectiva, que compendia las mejores y más completas garantías que el constitucionalismo liberal ha creado para el justiciable. En la discusión sobre el contenido de la sentencia contra La Manada se pueden plantear muchas opciones, pero nunca se conseguirá la robotización de los jueces para que apliquen la ley en función de unos determinados objetivos y estereotipos sociales y políticos, y no en función de lo que realmente merezcan los hechos tal y como hayan quedado acreditados por las pruebas practicadas en juicio oral. Comparto críticas de fondo a la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra y a su voto particular, aunque me distancio radicalmente de las expresiones callejeras de la polémica. No hay reforma legal que satisfaga lo que han reclamado las manifestaciones que estos días han recorrido las ciudades de nuestro país, porque supondría crear un sistema devaluado de garantías y derechos para los acusados, sin presunción de inocencia. Es posible modificar el Código Penal en lo relativo a los delitos sexuales. De hecho, sería la quinta versión (s. e. u o. incluida la originaria de 1995. Lo cierto es que la protección pe- MATIAS NIETO menos de lo que aparentan. Cuando al juez le llega el delito, ya es tarde para lamentarse, pero aún es posible preguntarse si la sociedad puede evitar otros nuevos, porque los delitos son manifestaciones de la sociedad que expresan su nivel de patologías. La Manada es no sólo la denominación de origen de una degradación individual, sino también el síntoma de una enfermedad que amalgama el lado oscuro de las tecnologías de la comunicación, la banalización del esfuerzo por distinguir lo que está bien de lo que está mal y la renuncia a fortalecer los discursos sociales empezando por el de la educación de los jóvenes con valores trascendentes del individualismo. Mientras la sociedad inhiba sus responsabilidades privativas y se las endose a los jueces y al Código Penal, La Manada seguirá pastando en sus contradicciones. JESÚS ZARZALEJOS ES PROFESOR DE DERECHO PROCESAL DE UCM Y CUNEF