ABC MADRID 08-04-2018 página 28

28 ESPAÑA DOMINGO, 8 DE ABRIL DE 2018 abc. es espana ABC Juicio del caso ERE Chaves y Griñán se examinan por el gran fraude Los expresidentes andaluces empiezan a declarar esta semana por la ilicitud de un sistema que repartió de modo arbitrario 855 millones en ayudas ANTONIO R. VEGA SEVILLA MANUEL CHAVES ¿A QUÉ SE ENFRENTA? Se sienta en el banquillo por un supuesto delito de prevaricación, que puede inhabilitarle diez años El juicio del caso ERE vivirá la próxima semana sus jornadas con mayor resonancia política e interés mediático. Después de más de treinta jornadas de declaraciones dedicadas a 19 ex altos cargos de segunda y tercera fila, el tribunal de la Audiencia Provincial de Sevilla dará paso a dos expresidentes que han gobernado Andalucía durante casi un cuarto de siglo, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, de 72 y 71 años, respectivamente. Con toda probabilidad este martes dependerá del tiempo que emplee el abogado del exconsejero de Empleo Antonio Fernández en preguntar a su defendido Griñán, consejero de Hacienda entre 2004 y 2009 y presidente andaluz desde entonces hasta agosto de 2013, tendrá la oportunidad de explicarse por un fraude al que él mismo le puso talla XXL No creo que hubiera un gran plan, pero sí un gran fraude y eso significa que algunos controles pudieron fallar confesó el expresidente tras declarar en el Tribunal Supremo en abril de 2015. Quien fuera ministro de Trabajo con Felipe González, al igual que su antecesor en la Junta, negaba así la teoría de un plan orquestado por el Gobierno andaluz para repartir de forma fraudulenta ayudas al tiempo que descargaba toda la presión sobre la Consejería de Empleo como responsable única de las irregularidades. No hay que perder de vista que puede acabar en prisión. La Fiscalía pide para él seis años de cárcel y 30 de inhabilitación. Chaves, quien eligió a su consejero y amigo para relevarlo como cartel electoral socialista para prolongar su larga hegemonía institucional en Andalucía, declarará tras él, coincidiendo probablemente con la Feria de Abril en Sevilla. Mientras el que fuera presidente de la Junta entre 1990 y 2009 está acusado de un supuesto delito de prevaricación, que no contempla pena de cárcel sino su inhabilitación para cargo público durante 10 años, Griñán suma a éste otro delito de malversación de fondos. Pocas sorpresas cabe esperar de las declaraciones de ambos, que volverán a estar dominadas por adverbios contundentes (nunca, jamás) y respuestas ¿DE QUÉ SE LE ACUSA? La Fiscalía cree que ideó y mantuvo un sistema para dar ayudas de manera opaca a empresas durante diez años ¿CÓMO SE DEFENDERÁ? Alegará que nunca conoció el procedimiento de ayudas, que presumía legal, que crearon y gestionaron en Empleo Manuel Chaves mira de reojo un papel que lee José Antonio Griñán, durante el juicio de la pieza política del caso ERE JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN ¿A QUÉ SE ENFRENTA? El fiscal pide 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación por supuesta prevaricación y malversación de fondos tasadas al milímetro, más medidas incluso que las que prestaron en el Supremo. Entonces hablaron como investigados. Ahora lo harán como acusados. Su imputación puso fin a sus largas carreras políticas (dejaron sus escaños en el Congreso y el Senado) y precipitó su baja del partido que llegaron a presidir a nivel nacional. ¿DE QUÉ SE LE ACUSA? Está acusado también de conocer los informes de la Intervención contra el sistema de ayudas y de no hacer nada para evitarlo Nadie sabía nada En la sala volverán a escucharse frases exculpatorias idénticas a las de otros acusados. Afirmarán que nadie les alertó jamás de ilegalidad ni de menoscabo de fondos públicos, amparándose en que el interventor general de la Junta, Manuel Gómez acusado también en este proceso no usó esta expresión en los 15 informes que emitió. En cambio, el funcionario censuró que el abono de las ayudas prescindía del procedimien- ¿CÓMO SE DEFENDERÁ? Argumentará que las alertas del interventor nunca llegaron a su despacho Mordidas, intrusos y favores a empresas A los pocos meses de abrir la investigación del caso ERE en 2011, la juez Mercedes Alaya fue subiendo escalones en su metafórica pirámide de responsabilidades hasta llegar a la cúpula del Ejecutivo. En sus autos detalló una extensa variedad de abusos: intrusos o ficticios trabajadores que cobraron prejubilaciones subvencionadas sin tener derecho, empresas de la órbita del PSOE que recibieron fondos públicos, comisiones pagadas a intermediarios que superan hasta un 550 %l a tarifa media de las aseguradoras, con las que se habrían lucrado bufetes, sindicatos y conseguidores, que serán juzgados en otras piezas tras la división de la macrocausa. to legalmente establecido lo que equivalía a admitir que se estaba incumpliendo la ley. Con estos términos lo plasmó en un informe adicional sobre la agencia que pagaba las ayudas que envió en 2005 a tres exconsejeros: Fernández (Empleo) Francisco Vallejo (Innovación) y Griñán (Hacienda) Durante el interrogatorio del fiscal, Gómez se desdijo de esta apreciación tan severa y habló sólo de deficiencias Pero Griñán tendrá que desactivar otra mina que ha dejado el interventor al comparecer en el tribunal. Confirmó que los consejeros destinatarios de sus informes no tomaron las medidas de corrección que tenían que haber tomado como manifestó en el Supremo. Los expresidentes tampoco despacharon con el exdirector general de Trabajo Javier Guerrero, quien concedía las ayudas que pagaba un ente externo a su consejería, la agencia IFA IDEA a la que surtía de dinero mediante la discutida figura de las transferencias de financiación, lo que permitió repartir fondos evitando la fiscalización previa. Chaves y Griñán explicarán que tampoco recibieron las alertas del interventor contra el procedimiento de las ayudas sociolaborales con las que la Junta facilitó los despidos en empresas en crisis, un sistema que empleó 855 millones de los presupuestos entre 2000 y 2011, alimentado año a año con la partida 31 L. Chaves, que dirigió durante 19 años la gigantesca administración andaluza, alegó que se enteró por la prensa de este fondo y que de haber conocido entonces las irregularidades de las ayudas no lo hubiera permitido