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ABC MADRID 06-03-2018 página 24
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24 ESPAÑA MARTES, 6 DE MARZO DE 2018 abc. es espana ABC Juicio del caso ERE El Gobierno andaluz repartió ayudas durante diez años sin informes jurídicos El exjefe de los letrados de la Junta declara que eran preceptivos pero nadie se los pidió ANTONIO R. VEGA SEVILLA El tribunal que juzga a 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía en la pieza política del caso ERE ha tenido que esperar 17 jornadas de juicio para escuchar por boca de un acusado que las cosas no se hicieron bien porque se omitieron trámites esenciales para repartir 741 millones de euros en ayudas durante una década. Quien fuera jefe del Gabinete Jurídico de la Administración autonómica desde octubre de 1982 hasta julio de 2012, Francisco del Río, declaró ayer, a preguntas de la Fiscalía, que el convenio marco (17 de julio de 2001) que instauró el procedimiento por el que la Consejería de Empleo encargaba el pago de las ayudas que concedía a una agencia subordinada de la Junta, IFA IDEA, carecía del preceptivo informe de los asesores jurídicos de la citada consejería. Atendiendo a la literalidad del reglamento del Gabinete Jurídico sí era obligatorio dicho informe, especificó en el proceso que juzga, entre otros, a los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Con posterioridad, ante una pregunta directa de su abogado, Enrique del Río, el ex jefe de los letrados autonómicos, que se enfrenta a diez años de inhabilitación por un supuesto delito de prevaricación, salvaguardó su actuación al señalar que el departamento jurídico no era un órgano de control e intervenía a demanda Francisco del Río, exjefe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía en el juicio del caso ERE POOL El PP pide expulsar a Manos Limpias por ser una defensa de los acusados El PP ha pedido por escrito que se revoque el papel de Manos Limpias como parte del proceso judicial que celebra la Audiencia de Sevilla contra los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos andaluces por el procedimiento por el que se orquestaron las ayudas de los ERE presuntamente fraudulentos al considerar que se ha comportado como una defensa más de los acusados pese a ostentar la condición de acusación popular. Durante las cuestiones previas, hasta 18 defensas de acusados se mostraron en contra de que Manos Limpias siguiese en el proceso después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidiera para su secretario general, Miguel Bernad, casi 25 años de prisión en la trama de supuestas extorsiones de Ausbanc. ción muy sucinta para aprobar los convenios particulares firmados por el director general de Trabajo para pagar las subvenciones a través de este ente externo. Ayudas de 450.000 euros Documentación de los convenios no se entregaba. Sólo tuve copia de cuatro o cinco a lo largo de todo el tiempo indicó en alusión a las ayudas por un importe superior a 450.000 euros que debían tener el plácet del consejo rector. En dichas copias no había ninguna referencia al convenio marco Las ayudas inferiores a dicha cuantía eran aprobadas por el director general de IFA IDEA. Sobre estos convenios se aportaba información con cuentagotas. En el consejo rector se informó someramente sobre las ayudas con cargo al fondo de los ERE concedidas a tres ayuntamientos de Sevilla en 2003. Ni el importe aparecía en el acta. Eso es todo lo que se decía o incluso menos matizó. Del Río aclaró que ignoraba la finalidad de la partida presupuestaria 31 L así como los reparos de la Intervención de la Junta a las ayudas a la empresa Hijos de Andrés Molina en el año 2000. Petición del informe Hay que pedir el informe aunque sea preceptivo; el Gabinete Jurídico no puede informar de un expediente que no se le remite aunque sea preceptivo puntualizó. Sin embargo, indicó que no se había percatado de la existencia del convenio marco hasta que empezó a investigarse la causa de los ERE. En cambio, no quiso opinar sobre si el sistema de ayudas debía publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) Es una opinión que tendría que estudiarla dijo. A los servicios centrales del gabinete jurídico llegaban cada año 20.000 asuntos pero nunca, desde 2001 a 2010, se le solicitó informe sobre las ayudas sociolaborales confirmó Del Río, uno de los funcionarios más respetados dentro de la Administración. Lo pudo comprobar cuando realizó un muestreo aleatorio en la base de datos de su gabinete tras estallar el caso de los ERE irregulares. También hubiese precisado un informe jurídico el decreto regulador de las ayudas. Su borrador fue en tres ocasiones a los consejillos preparatorios del Consejo de Gobierno pero acabó descartándose, sin que el exjefe del Gabinete Jurídico que actuaba como asesor verbal supiera explicar el porqué cuando le preguntó el fiscal. Gran parte del interrogatorio del fiscal Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga se centró en el papel que este funcionario ejerció como miembro del consejo rector de IFA IDEA un nombramiento discrecional desde que se fundó esta agencia hasta su dimisión en julio de 2012. Del Río relató que se suministraba informa-

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