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ABC MADRID 16-02-2018 página 84
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84 MADRID VIERNES, 16 DE FEBRERO DE 2018 abc. es espana madrid ABC El Gobierno de Rajoy recurre la subida salarial en Justicia que aprobó Cifuentes La Delegación del Gobierno de Madrid se basa en un informe de Montoro para frenar el acuerdo regional SARA MEDIALDEA MADRID La presidenta Cifuentes, a su llegada ayer al Pleno de la Asamblea de Madrid l Gobierno de España ha recurrido un acuerdo de Cristina Cifuentes que suponía una mejora de sueldo de los trabajadores madrileños de Justicia. Basándose en un informe elaborado por el Ministerio de Hacienda, de Cristóbal Montoro, la Delegación del Gobierno en Madrid ha llevado al Contencioso- Administrativo la subida salarial a los trabajadores del sector de la Justicia. Cifuentes no está dispuesta a dar la batalla por perdida y ha anunciado que defenderá su acuerdo hasta el final Fue el portavoz socialista, Ángel Gabilondo, quien hizo pública la noticia, durante su pregunta a la presidenta en la sesión de control del Pleno. Tras preguntar si los trabajadores públicos habían perdido derechos por las medidas estatales de control del déficit, como congelación de retribuciones o paralización de oposiciones, Gabilondo expresó su temor a que el Gobierno de España pueda impugnar acuerdos como el de educación o el de la carrera profesional sanitaria como acaba de ocurrir con la mejora retributiva pactada en el ámbito de los trabajadores de la Administración de Justicia E Interpuesto hace 19 días En efecto, fuentes de la Delegación del Gobierno confirmaron que ese acuerdo había sido recurrido en el Contencioso- Administrativo el pasado 29 de enero. Cifuentes fue tajante en el pleno: Vamos a defender todos los acuerdos con los trabajadores y sus representantes, recurriendo a la vía Contencioso- Administrativa si es necesario El acuerdo entre la Administración regional y los sindicatos de los trabajadores en el sector de la Justicia se aprobó el 1 de agosto en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Prevé, entre otras medidas, una subida retributiva de 120 euros mensuales, que se aplicaría gradualmente: 45 euros en 2017; 90 en 2018, y 120 en 2019. Beneficiaba a 6.784 trabajadores y suponía 21 millones de euros de gasto a las arcas públicas. La Delegación del Gobierno en Madrid supervisa todos los acuerdos a los que llegan los municipios y la Administración regional; si hay algo en ellos que chirría con los topes puestos Los datos del artículo recurrido Beneficiados Salario Coste 6.784 trabajadores (funcionarios, interinos y personal de refuerzo) mejorarían su retribución por el Gobierno central, como las retribuciones o jornada laboral, los funcionarios al cargo de esta labor avisan. Así ocurrió con el acuerdo del personal de Justicia; y el 9 de agosto la Delegación del Gobierno solicitaba un informe a Vicepresidencia del Gobierno. Este organismo derivó el tema al ministerio competente, el de Hacienda y Función Pública, que respondió directamente a la Delegación, que dirige Concha Dancausa, el 9 de octubre, con un escrito de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones 120 euros más al mes. Se comenzó con 45 euros en 2017; 90 se abonarían en 2018, y en 2019 ya serían 120. Públicas. En su contestación, se especificaba que el acuerdo del Gobierno regional incluye incrementos salariales que son superiores a los establecidos en la Ley de Presupuestos Generales, que fijan el tope de subidas retributivas en un 1 por ciento. 21 millones de euros es el coste que el Gobierno regional calculaba para esta subida salarial Cifuentes contestó el 29 de noviembre rechazando ese requerimiento. Volvió entonces a enviarse informe a Hacienda, con la argumentación del Gobierno regional, y esta respondió el 18 de enero insistiendo en que el acuerdo autonómico es contrario a la ley de Presupuestos Generales del Estado. Con esa segunda resolución, la Delegación del Gobierno encargó a la Abogacía del Estado que interpusiera un recurso contencioso- administrativo contra la subida, lo que se hizo el 29 de enero. Defenderlo hasta el final El 30 de octubre, la Delegación del Gobierno requirió a la Comunidad para que anulara el acuerdo del personal de Justicia, basándose en los argumentos de Hacienda. Pero el Gobierno de ISABEL PERMUY

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