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ABC MIÉRCOLES, 14 DE FEBRERO DE 2018 abc. es espana ESPAÑA 17 Claves Trato inhumano y vejatorio El Tribunal de Estrasburgo asegura que España ha vulnerado el artículo 3 de la Convención de Derechos Humanos por el trato inhumano y degradante que, a su juicio, recibieron los etarras Portu y Sarasola el día de su detención, un año después de intentar una matanza en la terminal 4 del aeropuerto de Barajas (Madrid) Tres de los siete magistrados han suscrito un voto particular en el que consideran que se debería haber ido más allá y condenar al Estado español como responsable de las torturas. La sentencia mayoritaria justifica que no se condene por torturas en que no hay pruebas concluyentes sobre el trato que recibieron Portu y Sarasola. EL TRIBUNAL El magistrado López: Guerra hasta el final E. SERBETO BRUSELAS Trabajos de desescombro y búsqueda de los dos desaparecidos JAIME GARCÍA Reproche al Supremo Los magistrados reprochan al Tribunal Supremo que, ante la gravedad de los hechos denunciados por los etarras, no analizaran en la sentencia, en la que absolvieron a los cuatro guardias civiles previamente condenados, la proporcionalidad de la fuerza utilizada por los agentes. También le echan en cara no haber tenido en cuenta los informes del Instituto Forense vasco en los que la Audiencia de Guipúzcoa basó su condena a los agentes en la sentencia que luego tumbaría el Supremo. de las instrucciones que el exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu Txeroki dejó escritas en un documento a modo de manual de instrucciones ante una detención. En ese escrito se conminaba a los militantes de la banda a denunciar a cuantos txakurras (policías) fuera posible. Aquí la imaginación no tiene límites y podéis desarrollarla sin miedo, no os van a represaliar por una denuncia falsa Fue en estos consejos en los que ampararon los magistrados del Tribunal Supremo para enmendar la sentencia condenatoria de la Audiencia de Guipúzcoa. La resolución, de la que fue ponente el magistrado José Ramón Soriano, no dio credibilidad a los testigos por inexactitudes y contradicciones en sus declaraciones. Los magistrados se basaron en el informe de cuatro peritos que consideraron que las lesiones de los etarras eran compatibles con una detención violenta. Daños morales Dicen los jueces que ni las autoridades nacionales ni el gobierno han ofrecido ningún argumento convincente ni creíble que sirva para explicar o justificar estas lesiones de las que responsabiliza al Estado español. El daño moral de Igor Portu lo compensa con 30.000 euros; el de Sarasola, con 20.000. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, garantizó ayer que el Estado no pagará un euro a ninguno de los dos etarras, en la actualidad presos. Ambos tienen todavía pendiente abonar los 2,5 millones de euros a los que fueron condenados en concepto de responsabilidad civil. No recibirán un euro El Tribunal de Estrasburgo reprocha al Supremo que no entrara a considerar en su sentencia si la fuerza por parte de los agentes de la Guardia Civil fue estrictamente necesaria y proporcionada. También que no atribuyera valor probatorio a los informes médicos forenses del Instituto Forense Vasco en los que la Audiencia guipuzcoana basó su condena. Tras conocer la sentencia el ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró ayer que el Estado español no abonará a los etarras esos 50.000 euros pues tienen pendiente pagar los 2,5 millones de responsabilidad civil a los que fueron condenados. Esta es probablemente la última sentencia que firma en Estrasburgo el juez español Luis López Guerra, que ha dejado tras de sí un catálogo de sentencias más que polémicas en un asunto tan sensible como el terrorismo. Los que lo conocen de su época en el Ministerio de Justicia y que aún lo tratan cuentan que en estos momentos ya tiene las maletas hechas y que solamente está esperando el relevo Es difícil adivinar cuál ha sido su papel exacto en estas sentencias la de ayer o la de la llamada doctrina Parot serán las más graves que quedan en su expediente teniendo en cuenta que el reglamento del Tribunal de Derechos Humanos establece que el juez nacional debe participar en las deliberaciones de los casos que afectan a su país. Y también resulta bastante difícil de imaginar que ha sido la opinión de un solo juez la que ha decantado la sentencia en la que han participado siete magistrados. Pero a López Guerra le precede una reputación sulfurosa de parcialidad que viene de su militancia y ejercicio de cargos en gobiernos socialistas. Durante los tres años que fue el número dos del Ministerio de Justicia se produjeron las desafortunadas negociaciones con la banda terrorista que acabaron precisamente con el atentado perpetrado por los dos terroristas a los que acaba de conceder una indemnización. Sea ahora, sea cuando contribuyó a dar la razón al etarra Arnaldo Otegui, da la impresión de que se ha sentido cómodo firmando y contribuyendo a aprobar sentencias que ratificasen sus puntos de vista en el campo de la gestión del terrorismo. Es cierto que este tipo de sentencias por malos tratos son relativamente infrecuentes en el caso de España, frente a las numerosas que se adjudican a otros países de la UE, como Bélgica o Francia, por no hablar de otros que están también bajo la jurisdicción del Tribunal Europeo, como Turquía, Rusia o Ucrania, donde la situación es verdaderamente preocupante. En todo caso, en este último asunto, López Guerra no ha querido aprovechar para matizar su reputación y ha mantenido sus tesis. Al menos, López Guerra no ha firmado el voto particular que se pronunciaba a favor de considerar que no solo hubo malos tratos por parte de la Guardia Civil, sino que hubo torturas. Por esta tesis se han inclinado tres magistrados, encabezados por el andorrano Pere Pastor Vilanova. Este juez nacido en el principado pirenaico y formado en universidades francesas al contrario de la tradición en ese minúsculo país quería que la condena a España fuera no por malos tratos, sino por tor- LOS JUECES LUIS LÓPEZ GUERRA ESPAÑA Juez polémico por su militancia socialista, se le acusa de parcialidad en favor de las tesis que benefician a los terroristas HELENA JÄDERBLOM SUECIA PERE PASTOR VILANOVA ANDORRA BRANKO LUBARDA SERBIA ALENA POLÁCKOVÁ ESLOVAQUIA HELEN KELLER SUIZA GEORGIOS A. SERGHIDES CHIPRE tura, lo que eleva un escalón más la gravedad del asunto. Pastor Vilanova tampoco es un desconocido en el campo de los contenciosos sensibles en España. El año pasado fue recusado por los abogados de policías, guardias civiles y militares que reclamaban que se igualasen sus derechos a los de las víctimas civiles del terrorismo. Los otros dos jueces que han firmado el voto particular diciendo que están convencidos de que hubo torturas son la suiza Helen Keller, en el puesto desde 2011, y el chipriota Georgios Serghides, nombrado en 2016.