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ABC LUNES, 5 DE FEBRERO DE 2018 abc. es espana ESPAÑA 27 Linchamiento, absolución y condena a costas de la acusación popular Si hay alguien que ha sufrido en primera persona un juicio paralelo alentado, eso sí, por el juez instructor y la acusación popular del pseudosindicato Manos Limpias fue la Infanta Cristina. Durante años la hija menor de Don Juan Carlos y Doña Sofía vio cómo desde los medios de comunicación se la condenaba antes del juicio. No solo eso; también fue la primera mujer en España en ser sentada en el banquillo por el simple hecho de compartir una sociedad con su marido, Iñaki Urdangarín, en la que no tenía ningún tipo de función, más allá de ser socia. El caso fue aún más peliagudo, porque tanto el juez Castro como la Audiencia de Palma la obligaron a someterse a juicio a pesar de que la Fiscalía no acusaba Pedro Horrach fue sometido a escarnio público también por ello y después de hacer una interpretación de la doctrina del Supremo más que discutible para muchos juristas. Doña Cristina, en su declaración en el juicio del caso Nóos no fueran tan temerarias Apunta que en países como Alemania se repara el daño, no solo para cubrir los costes de la defensa por errores judiciales, sino también por haber encarcelado de forma preventiva a un acusado que resultó absuelto. España solo lo hace en los excepcionalísimos casos en los que se demuestra una inexistencia de hecho dice. Miguel Bajo recuerda el caso de DoAFP Es evidente que el reproche moral de la sociedad por las actividades de la Infanta tenía su razón de ser, pero también que en el sumario no había ni una sola prueba para acusarla de un delito, por más que la opinión pública y la inmensa mayoría de los medios de comunicación se empeñaran en lo contrario. La Fiscalía, sin embargo, sí apreciaba su responsabilidad a título lucrativo y por eso la pidió una importante cantidad de dinero, que Doña Cristina pagó. Hubo juicio, y la Audiencia de Palma dejó las cosas en su sitio. No solo absolvió a la Infanta, sino que además condenó a la acusación popular del pseudosindicato Manos Limpias a abonar a la hermana del Rey la totalidad de las costas del proceso... Con el tiempo, y ya cuando esta organización estaba inmersa en un proceso judicial por corrupción, ésta admitió que no debía haber mantenido la acusación. En los medios no hubo autocrítica alguna. lores Vázquez, quien fue indemnizada después de descubrirse que no era la autora del asesinato de Rocío Wanninkhof, tras haber sido condenada por un jurado. Echa de menos que se aplique en otros supuestos. Debate político Una de las consecuencias más visibles de una imputación es el cese o la dimisión de los cargos públicos. El de- bate entre los partidos políticos se ha centrado en fijar en qué fase de la investigación debe marcarse el listón: en la imputación inicial o llamada a declarar, el grado menos consistente de una sospecha; en la imputación formal o procesamiento, cuando los indicios son sólidos; o en la apertura de juicio. Ciudadanos, por ejemplo, exige ahora la dimisión de la senadora popular Pilar Barreiro, investigada por el Supremo, para apoyar los presupuestos del 2018. El proceso penal es ese camino en el que el humo de la sospecha se va haciendo cada vez más sólido, transformando de posible a probable la pérdida de la presunción de inocencia. El final de ese trayecto es la condena firme, la meta que convierte a alguien en culpable, o la absolución, una confirmación de la inocencia, el punto de partida. GALICIA PAÍS VASCO Los patinazos de la juez estrella contra la corrupción En Galicia, los falsos culpables señalados por la justicia han emanado, en los últimos años, del Juzgado de Instrucción n 1 de Lugo, del que es titular Pilar de Lara, la juez azote de la corrupción, informa José Luis Jiménez. En 2013 imputó por cohecho al entonces alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela (en la imagen) porque identificó su voz en unas grabaciones sin previamente realizar un análisis fonométrico. Durante seis meses arrastró la losa, hasta que la pericial corroboró lo que cualquier oído avezado concluía: su voz no coincidía con la de las escuchas. De Lara es también responsable de iniciar investigaciones contra aforados como, entre otros, el portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, o la diputada autonómica Paula Prado, dentro de la trama Pokemon. En ambos casos, los respectivos tribunales le echaron abajo sus argumentaciones por la falta absoluta de indicios. Otro de sus principales señalados es el exalcalde de Lugo, José López Orozco: comenzó con ocho causa abiertas, y cinco ya han sido archivadas por ausencia de indicios. Una denuncia del PNV contra Javier Maroto y Alfonso Alonso Aunque en menor medida que en otras comunidades, la corrupción también ha dejado huella en el País Vasco. Precisamente, este año se juzga en la Audiencia Provincial de Álava el caso de Miguel, en el cual están imputados varios exaltos cargos del PNV. Hubo a su vez dirigentes que, en el pasado, lograron demostrar su inocencia ante los jueces. Es el caso, entre otros, de los exalcaldes de Vitoria Javier Maroto y Alfonso Alonso, cuyos rostros aparecieron en 2015 en las portadas de los periódicos por cometer presuntamente una infracción legal en el alquiler de un local en la calle San Antonio. En un primer momento, el Tribunal de Cuentas estimó parcialmente la demanda del PNV contra los exdirigentes del Consistorio vitoriano. Sin embargo, la Sala dictó finalmente que no hubo infracción legal en dicha operación, por lo que absolvió a ambos implicados, informa Adrián Mateos.