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26 ESPAÑA LUNES, 5 DE FEBRERO DE 2018 abc. es espana ABC Los juicios paralelos amenazan la presunción de inocencia El interés público exhibe en los medios a numerosos imputados que acaban absueltos L. P. ARECHEDERRA N. VILLANUEVA MADRID Cuatro años de investigación, dos de juicio, y cientos de páginas de periódicos después, cerca de cuarenta personas quedaron absueltas de responsabilidad penal, sin cuentas pendientes. Sucedió en el caso Malaya, la mayor causa por corrupción local de España, que en 2006 destapó una estructura podrida en el Ayuntamiento de Marbella, en los locos años de Jesús Gil, que llevó a juicio a unos 90 acusados. El Tribunal Supremo resolvió los recursos, convirtiendo en firmes las decisiones de la Audiencia de Málaga, en julio de 2015. Las absoluciones no coparon las portadas. Hay más ejemplos. El caso contra el presidente de Melilla Juan José Imbroda, del PP, quedó archivado en julio de 2015. La Sala de lo Penal del Supremo confirmó que el posible delito de prevaricación había prescrito. La Fiscalía apreciaba este crimen por la contratación de un abogado, supuestamente con fondos públicos, en el 2001. concluir que Blanco no ejerció ninguna presión para que la administración favoreciese al vicepresidente de Azkar, José Antonio Orozco, amigo suyo, para lograr una licencia municipal para construir una nave en Barcelona. La semana pasada alcanzó firmeza la absolución de los antiguos directivos de la empresa Abengoa, el expresidente Felipe Benjumea y el ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega. La Audiencia Nacional concluyó que no ha quedado probado que ambos cobraran indemnizaciones millonarias de forma ilegal. El caso contra Rita Barberá, la exalcaldesa de Valencia fallecida, estaba a punto de ser archivado después de sus explicaciones en el Supremo, antes de su infarto mortal. Todos estos casos y otros, incluidos muchos que finalizaron con condenas a cargos públicos y graves hechos sacados a la luz han ocupado cientos de páginas en periódicos y miles de horas de televisión, generando lo que se conoce como un juicio pa- ralelo en la opinión pública. El catedrático de Derecho Penal Miguel Bajo califica de indeseable pero inevitable esta realidad cuando hay un interés público en la investigación o en las personas implicadas. Este experto señala que el Tribunal Constitucional ha dejado claro que sobre el derecho a la intimidad, a la imagen o las garantías del proceso penal prevalece el derecho a la libertad de información, una de las esencias de la democracia, protegido en el artículo 20 de la Constitución. Revelación de secretos El juicio mediático, también denominado pena de banquillo, solo se evitaría si el Código Penal tipificase como delito no sólo el quebrantamiento del secreto de la instrucción, sino también la revelación o difusión de esos secretos argumenta el catedrático de Derecho Penal Luis Rodríguez Ramos. Sin ese nuevo delito, explica el académico, el secreto de las fuentes del periodista asegura la impunidad de los jueces, fiscales, policías y abogados que quebrantan el secreto el delito regulado en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la que regula el proceso penal. El actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, lanzó una reflexión similar en la primavera de 2015, cuando Rodrigo Rato fue grabado mientras era arrestado, y la prensa denunció un intento de controlar el flujo de la información. El consenso de los expertos es que el reproche solo debe recaer en el funcionario obligado por ley a guardar el secreto, nunca en los medios de comunicación. Los periodis- Luis Rodríguez Ramos El secreto de las fuentes del periodista asegura la impunidad de abogados, jueces, fiscales y policías Criterio dispar Los partidos no se ponen de acuerdo en dónde poner el listón para exigir la dimisión de un investigado El caso de José Blanco El mismo desenlace alcanzó la causa abierta al antiguo ministro socialista José Blanco, a quien imputaron un delito de tráfico de influencias en el caso Campeón. El Supremo cerró el caso al tas, solo limitados por su responsabilidad, ejercen su derecho a contar lo que sucede. Un escudo contra las imputaciones poco fundamentadas podría ser la exigencia de responsabilidad patrimonial al Estado, explica el Rodríguez Ramos. Este experto apunta que, si los absueltos pudiesen reclamar una indemnización, el Ministerio de Hacienda exigiría a algunas Fiscalías que Casos para el recuerdo COMUNIDAD VALENCIANA CASTILLA Y LEÓN Del caso de los trajes al del presidente de la gestora del PP Desde un expresidente de la Generalitat hasta el actual secretario de Estado de las Relaciones con las Cortes. Entre los principales damnificados por la pena de telediario en la Comunidad Valenciana se encuentran Francisco Camps (en la imagen) o Rubén Moreno, ambos del PP. El expresidente de la Generalitat fue declarado inocente en el conocido como caso de los trajes en el que fue juzgado por un delito de cohecho pasivo impropio. En la actualidad, Camps está imputado el caso Valmor, que investiga presuntas irregularidades en la organización de la Fórmula Uno en Valencia. El recién nombrado secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y presidente de la gestora del PP en Valencia, Rubén Moreno, declaró como imputado en 2006 en el el caso que investigaba varios delitos contra la administración pública y fraude fiscal presuntamente cometidos por el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra. La investigación a Moreno se archivó seis años más tarde, informa Alberto Caparrós. El presidente socialista de la Junta que tuvo que dimitir En Castilla y León, el caso paradigmático y que puede ser un precedente claro de la situación que se vive en la actualidad es el del primer presidente de la Junta, el socialista Demetrio Madrid. Corría el año 1986 cuando se supo que iba a ser procesado por un caso que nada tenía que ver con la corrupción. La denuncia de los trabajadores de una empresa textil de su propiedad por la venta de la misma para no recurrir en una incompatibilidad con su nuevo cargo al frente del Gobierno de la Comunidad le llevó a dimitir horas después de saber que iría a juicio. Meses más tarde, el juez rechazó una posible voluntad maliciosa en el proceso, pero tras ser absuelto ya no regresó a su cargo, informa José María Ayala. Más reciente en el tiempo el caso de la exsenadora Elena Diego (PSOE) investigada por el Tribunal Supremo por ser aforada en 2013 por una supuesta contratación a dedo de unas monitoras.