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ABC MADRID 03-02-2018 página 42
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  • EdiciónABC, MADRID
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42 SOCIEDAD SÁBADO, 3 DE FEBRERO DE 2018 abc. es conocer ABC Tasa por contaminación Rebelión fiscal en Aragón por un impuesto sobre el precio del agua ROBERTO PÉREZ ZARAGOZA Baleares se replantea el decreto que exigirá el catalán a los sanitarios Una entidad presenta una proposición no de ley, avalada por 36.000 firmas de ciudadanos JOSEP MARÍA AGUILÓ PALMA DE MALLORCA El precio que pagan los aragoneses por el agua ha acabado en una sublevación ciudadana sin precedentes. Tan sonada que ha forzado al Gobierno regional a entonar el mea culpa de forma implícita, a plegarse a revisar el polémico Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA) con el que confía en recaudar este año 69,15 millones de euros. Aragón ha vivido una movilización social sin precedentes contra un impuesto. Los contribuyentes han interpuesto más de 24.000 recursos contra la Administración regional y han devuelto recibos en avalancha. La región asiste también estos días a una reacción inédita por parte de una administración que, acorralada por las protestas a pie de calle y apurada por la presión política, ha decidido recular, aunque aún está por verse cómo se sustancia esa rectificación prometida. Lambán promete rectificar El impuesto no va a desaparecer, insiste el Gobierno aragonés, pero promete modificarlo para hacerlo más llevadero. El Ejecutivo PSOE- Chunta que preside Javier Lambán lo negociará políticamente con Podemos, su muleta en las Cortes. El ICA se cobra hace años por la contaminación de las aguas pero la rebelión estalló cuando el Ejecutivo autónomo, en esta legislatura, se propuso acabar con el agravio de que todos los aragoneses pagaban el impuesto, menos los residentes en la ciudad de Zaragoza. En lugar de eso, Gobierno y Consistorio llegaron a una solución de compromiso para girar los recibos del impuesto a los zaragozanos en la recta final del año pasado. Un 40 de los ciudadanos de la capital los han devuelto. La aprobación del futuro decreto autonómico que regulará el conocimiento de catalán que se exigirá a los médicos y enfermeros de Baleares se está retrasando sine die por falta de acuerdo. Así lo reconoció ayer la portavoz del Ejecutivo regional, la socialista Pilar Costa, quien ha indicado que desde hace meses el Govern trabaja para tener una normativa que tenga el más amplio consenso político y social Costa añadió que en estos momentos se está trabajando en el contenido del decreto ya que es una evidencia que el borrador del texto no ha tenido el apoyo de la parte social que creemos que debería tener El borrador del controvertido decreto fue aprobado en la reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad celebrada el 17 noviembre de 2017, pese a la oposición del Sindicato Médico de Baleares (Simebal) y el Sindicato de Enfermería (Satse) mayoritarios en el sector. Ambos sindicatos, que defienden que el catalán debería ser sólo un mérito, anunciaron que impugnarían el mencionado decreto cuando entrase en vigor. La portavoz del Govern no adelantó ayer una posible fecha de aprobación definitiva del documento, si bien garantizó que, en cualquier caso, se convocarán las oposiciones previstas para este año y también para el próximo en la sanidad pública. Por otra parte, también ayer el presidente del movimiento ciudadano Valores en Baleares, Juan José Tenorio, registró en el Parlamento regional una proposición no de ley en la que se pide que los partidos políticos insten al Go- Manifestación en Mahón por sanitarios contra la imposición del catalán ABC Una norma compleja Requisito al opositor La futura norma autonómica establece que el catalán sea un requisito para auxiliares, enfermeros y médicos que se presenten a oposiciones. vern a que impulse la paralización del decreto del catalán Dicha propuesta está avalada por la firma de 36.000 personas. Esto es una prueba de que la política la puede hacer cualquier ciudadano dijo Tenorio a ABC. Peaje de los ecosoberanistas En Baleares gobierna la socialista Francina Armengol, que cuenta con el apoyo directo del PSOE y de MÉS por Mallorca. La posición de los socialistas con respecto a la exigencia del catalán ha sido siempre más flexible que la de sus socios ecosoberanistas. De hecho, el pasado verano el Servicio de Salud había dictado una resolución inicial en la que dispensaba del conocimiento de dicha lengua a médicos, enfermeros y farmacéuticos. La presión de MÉS obligó al PSOE a retirar dicha resolución y a aceptar la redacción del mencionado decreto, cuya aprobación se está demorando ahora, entre otras causas, por las divergencias que mantienen ambas formaciones sobre el requisito del catalán. Nivel B 1 y nivel B 2 Los auxiliares deberán acreditar el nivel B 1 básico mientras que médicos y enfermeros deberán tener el nivel B 2 avanzado para optar a una plaza en la sanidad pública. Las pegas legales Los trámites legales que quedan pendientes y que se están retrasando desde hace meses son el envío del documento al Consejo Consultivo y su aprobación en Baleares. 9 505 D 0? D 950; D 5 5+ 7 334- 7 AH DL 5. E 6 D 50 D) 1+ 0? 5 5 5 7? 05? 7 9 D B 7, D 6 334 J AH KIG E 6 99 M 8? 75. D 9! FA! HH 7+ 0 D 7 D? 7 B 9 M 1+ A 8 D 0; M 1+ 8 D 0; $5? 7,0? 7 (6 DC 826?

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