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24 ESPAÑA MARTES, 30 DE ENERO DE 2018 abc. es espana ABC El fiscal no ve interés público en el borrado de los ordenadores Apela a la doctrina Botín para que no haya juicio solo con acusaciones populares NATI VILLANUEVA MADRID ción exclusiva y personal donde guardaba diferentes objetos, entre ellos dos ordenadores personales, cuya propiedad no se ha podido acreditar Denunció al PP Pese a que el extesorero del PP denunció a la formación política por haberse apropiado indebidamente de sus ordenadores, el juzgado le respondió que para realizar una exigencia de tales características antes debía acreditar que los ordenadores eran suyos y que utilizara otra vía para reclamarlos. Cuando Luis Bárcenas fue interrogado en el marco del procedimiento se desdijo de sus anteriores declaraciones y señaló que en los ordenadores había datos de contabilidad, e incluso aportó un pen drive sin poder precisar en dicha declaración la información que guardaba en el Macinstosh, ya que cambió de disco duro en el mes de octubre de 2012 La magistrada del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Rosa María Freire, dictó el pasado 30 de noviembre la apertura del juicio oral contra la formación política, contra Navarro, Moreno y Durán por los delitos de daños informáticos y de encubrimiento. La Fiscalía de Madrid pidió ayer que se exima de responsabilidad penal al Partido Popular en el borrado de los ordenadores de Bárcenas. Considera, como a lo largo de toda la instrucción, que no ha quedado acreditado el delito de daños informáticos ni el de encubrimiento que sostienen las acusaciones populares. Y señala, además, que en esta causa no existe interés público que proteger, ya que los discos duros no pertenecían al Estado o a alguna Administración Pública, sino a un particular (Luis Bárcenas) que ha renunciado al ejercicio de la acción penal. También solicita la absolución de la tesorera Carmen Navarro, el abogado Alberto Durán y el informático José Manuel Moreno. En un escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, el Ministerio Público señala que se desconoce cuál era la información que contenían los ordenadores del extesorero del PP y que dicha información fuera relevante para los hechos que se investigaban: las anotaciones de la supuesta caja B del Partido Popular. Eliminado a conciencia En el auto que dio por concluida la instrucción del caso de los ordenadores, la juez aseguró que existían claros indicios de que los documentos de Bárcenas fueron eliminados a conciencia mediante el sistema de borrado más drástico, el de sobreescritura de 35 pasadas y rallado hasta su destrucción física Los acusados presentaron entonces un recurso contra este auto que fue desestimado el 3 de noviembre de 2017 por la Audiencia de Madrid. La Audiencia confirmó el procesamiento de todos ellos. Acusaciones populares La Fiscalía alude a la llamada doctrina Botín, pues entiende que sin acusación particular, las acusaciones populares carecen de legitimación para pedir la apertura de juicio oral por un delito de daños informáticos, pues no concurre interés general que proteger. El Ministerio Público recalca que el criterio que fija la mencionada doctrina debe ser seguido inexcusablemente Como se sabe, en este caso las acusaciones populares personadas están ejercidas por Izquierda Unida, Observatori de Drets Humans y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) Sobre el delito de encubrimiento, el fiscal considera que este tipo penal en ningun caso es aplicable a una persona jurídica, sino que la ley solo prevé que pueda acusarse por este delito a una persona física, tal y como señala el artículo 31 bis del Código Penal. El Ministerio Público recuerda que en la etapa de Luis Bárcenas como tesorero del Partido Popular se le adjudicó un despacho en la sede de dicha formación política, en la madrileña calle de Génova, para su utilizaLuis Bárcenas, a su llegada a la Audiencia Nacional el pasado junio J. GARCÍA CASO LEZO Casals y González, cara a cara por el aviso de la juez amiga S. E. MADRID El presidente del diario La Razón Mauricio Casals, y el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González se vieron ayer las caras ante el juez como testigos. Los dos amigos fueron requeridos para esclarecer qué magistrada amiga de la casa advirtió a Casals de que había una investigación en marcha y que tenían los teléfonos intervenidos por posibles irregularidades en el Canal de Isabel II. Casals negó haber recibido un chivatazo. Casals y González protagonizaron el careo ante el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, Ramiro García de Dios, que investiga si el expresidente madrileño fue avisa- do de que estaba siendo investigado en la operación Lezo, lo que sería constitutivo de un delito de revelación de secretos. Fuentes jurídicas informaron a Efe de que Casals negó en todo momento que mencionara a Gónzalez o a Edmundo Rodríguez Sobrino, expresidente de Inassa, la filial latinoamericana del Canal de Isabel II, de que una magistrada amiga de la casa le ha- Versión del empresario Precisó que hizo una fabulación para tranquilizar a Edmundo Rodríguez Sobrino bía advertido de la existencia de una investigación contra ambos por posibles irregularidades en la gestión del Canal en Iberoamérica. El presidente de La Razón dijo que jamás habló de tal cosa con González ni tampoco con Rodríguez Sobrino, con quien sí reconoció haber mantenido una conversación con la intención de tranquilizarle ante unas informaciones que estaban apareciendo en prensa. El juez le pidió varias veces el nombre de la juez, pero él insistió en que hizo una fabulación para calmar a Sobrino y reiteró que nunca ha mencionado nada al respecto. González se limitó a decir que a él le pareció entender algo de una magistrada y, aunque no ha dicho en qué contexto, todo apunta que pudo ser en una conversación con Rodríguez Sobrino. González y Casals permanecieron apenas 20 minutos ante el magistrado y salieron juntos de los juzgados de Plaza de Castilla.