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36 ECONOMÍA Más de 25.000 inscritos JUAN VELARDE FUERTES VIERNES, 26 DE ENERO DE 2018 abc. es economia ABC Los notarios crean un fichero para controlar a cargos públicos G. GINÉS MADRID SOBRE EL SALARIO MÍNIMO L a política económica española en todos sus aspectos experimentó grandes cambios a partir de 1957. En el año 1962 tuvieron lugar dos alternaciones muy importantes. Por una parte, la estatificación del Banco de España, hasta entonces una perturbadora entidad privada. Por otra, la llegada al Ministerio de Trabajo de Jesús Romeo. Soy testigo de cuando señaló a su equipo, que cambiaría la política salarial de Girón de modo radical. Sobre todo después de que el profesor Torres mostrase que su prácticamente postrera pero muy alta subida de salarios había originado un descenso de la participación de los trabajadores en la renta nacional y que la realidad del mutualismo laboral imponía una reestructuración de la Seguridad Social. Dentro de la nueva política, había llegado el momento de implantar en España el salario mínimo. Después de debates internos y con enviados del Fondo Monetario Internacional, se decidió que éste fuese de 60 pesetas, la cotización en aquel momento del dólar. A partir de entonces se puso en marcha una nueva realidad laboral. Phelps Brown y Hopkins, en A perspective of wages and prices (1981) consideraron que el problema inmediatamente acuciante era el de superar las contradicciones económicas que yacen en el enlace entre movimientos salariales, empleo y precios. Es lo que Samuelson, en su Economics explicará: ¿De qué le sirve a un joven obrero negro que a su patrono se le obligue a pagarle 1 6 dólares por hora, si tal obligación dificulta a ese joven a encontrar trabajo? Desde 1962, en España se ha echado mano de un mensaje que yace en la Escuela de Friburgo: la libre competencia no puede crear situaciones que alteren la dignidad de la persona humana. Por eso el sistema económico aceptó abandonar medidas opuestas a la jornada de ocho horas, el descanso dominical o la imposibilidad de trabajo de los niños. La actividad empresarial ha acabado por encajarlo, con medidas empresariales que han concluido por incrementar la productividad. Concretamente, la actual política económica colabora con la política salarial, pues la apertura al exterior, la subida del PIB y la rebaja del paro hacen que la aporofobia se retire ante las medidas actuales sobre salario mínimo. El Consejo General del Notariado ha dado un paso más en su lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales. La institución ha creado una base de datos en la que ha identificado más de 25.000 personas con responsabilidad pública y susceptibles de cometer cohecho. La intención de este registro, según ha destacado la organización, es controlar de modo eficaz los negocios que desarrollan todos aquellos que ejercen un cargo público El listado incluye dos perfiles. El primero se refiere a aquellas personas que han sido elegidas o designadas para desempeñar un puesto de la Administración (desde concejales de localidades de más de 50.000 habitantes hasta miembros del consejo de administración de alguna sociedad estatal) mientras que en el segundo grupo se incluye a sus allegados Personas que tienen una relación empresarial estrecha con los políticos. De las 25.185 personas físicas incluidas en este registro, 14.641 corresponden al primer grupo. Las otras 10.544 han sido calificadas como allegados ya sea por compartir con algún responsable público la titularidad real de una sociedad (2.225) o simplemente por tener relaciones empresariales estrechas con ellos (8.319) La permanencia en este registro expira cuando se cumplen dos años del cese del cargo público desempeñado, según explicaron desde el Notariado. La base de datos presentada por el Notariado recoge tanto el nombre como el DNI de estas personalidades. Una circunstancia que, según la institución, no contradice a la ley de protección de datos y añade valor al registro. Sin contar con un DNI sería imposible identificar a estas personas explicó ayer el director del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales, Pedro Galindo, quien añadió que esta base de datos se pondrá a disposición de jueces y fiscales. En investigaciones de corrupción es sumamente importante saber quién es cada sujeto, cómo se relaciona y por qué afirmó.