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ABC MADRID 12-01-2018 página 20
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  • EdiciónABC, MADRID
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20 ESPAÑA VIERNES, 12 DE ENERO DE 2018 abc. es espana ABC El Gobierno levanta el veto del dinero para las web separatistas El equipo jurídico del Govern avisó a La Moncloa de una posible prevaricación ITZIAR REYERO MADRID El Gobierno no ha tenido más remedio que levantar su veto a las ayudas públicas para los medios digitales independentistas que reparte la Generalitat de Cataluña por editar en catalán o aranés. El Ejecutivo, a través del mecanismo del 155 de intervención de la administración catalana, paralizó en diciembre la asignación de estas subvenciones convencido de que el reparto era discriminado y no se justificaba la lluvia de dinero hasta 1,9 millones en 2017 que ha mantenido vivo al pesebre mediático independentista en internet. Sin embargo, un informe jurídico del Govern les advirtió de que el bloqueo de esa partida podría suponer prevaricación ante la denuncia judicial que los responsables de esas web catalanas estaban dispuestos a interponer. El Ejecutivo, a su pesar, se vio así forzado a ordenar su desbloqueo el pasado 29 de diciembre, justo a dos días de que venciera el plazo de la resolución de las ayudas. Una de las cabeceras digitales beneficiadas por las subvenciones cés denunció en su comparecencia ante la Cámara Alta para explicar el desarrollo de la intervención de la Generalitat tras el golpe independentista. En su relato, Bermúdez de Castro describió cómo el Estado había devuelto a la administración catalana a la legalidad con el concurso de apenas tres personas de Madrid en Barcelona y la colaboración total de los funcionarios catalanes. Una de las medidas adoptadas en ese corto lapso desde la au- ABC No había mejor negocio El secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, máximo responsable de la aplicación del 155 en Cataluña, anunció el 4 de diciembre en el Senado que se paralizaban las ayudas, que cifró en algo más de un millón de euros. No había mejor negocio en Cataluña en estos cuatro años que montar una página web para apoyar el pro- Desbloqueo obligado Se repartirán más de un millón de euros entre los digitales, tras adjudicarse ayudas a prensa, radio y TV torización del Senado al 155 era que se estaban fiscalizando las ayudas públicas al ecosistema mediático del independentismo. Precisamente, el cor- te al grifo del dinero público a los medios digitales afines al procés ha sido una de las acciones que más ha soliviantado al separatismo catalán. El editor de uno de estos medios agraciados, el Punt Avui llegó a anunciar que la empresa se planteaba hacer un ERE por culpa del 155 tras conocer que no recibirían más regalías. La convocatoria de mayo de la Generalitat estaba dotada con 1,9 millones de euros pero el Govern de Carles Puigdemont no dictó su asignación hasta después del verano. El 12 de diciembre el Ministerio de Hacienda revocó parcialmente el acuerdo de no disponibilidad del crédito para la Generalitat y dio su visto bueno a las ayudas a los medios publicados en papel, las radios y las televisiones que producen en catalán. En cambio, no autorizó las destinadas a los medios digitales por considerar que no concurrían razones de urgencia y extraordinaria necesidad para repartirlas. Los asesores jurídicos del departamento de Presidencia del Govern elaboraron un informe a petición del propio Gobierno en el que concluyeron que no se justificaba la discriminación entre soportes digitales y no digitales por lo que la denegación del dinero a las web podría romper el principio de igualdad e imparcialidad en la concesión de ayudas públicas. El diario Ara avanzó ayer el desbloqueo de las ayudas a las páginas web independentistas, que en todo caso no cobrarán el dinero a corto plazo. Desde la secretaría de Comunicación de la Generalitat explicaron a ABC que la asignación de las subvenciones se ajusta a las bases de la convocatoria, que además del criterio de la audiencia se fija en el número de periodistas contratados por esas web con contenidos en catalán. Políticamente se podrá discutir si se fomenta el uso del catalán en los medios de comunicación, pero desde el punto de vista legal la convocatoria y resolución son impecables arguyen. TRIBUNAL SUPREMO El juez investiga si 140.000 euros burlaron el control de Montoro N. VILLANUEVA L. P. ARECHEDERRA MADRID El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha ordenado a la Guardia Civil que investigue si la Generalitat movió un total de 139.700 euros desde tres cuentas en Bruselas para burlar el control impuesto por el Ministerio de Hacienda a sus finanzas. Con esta medida el Gobierno central intentó frenar el desvío de fondos a los preparativos del referéndum ilegal. Según explica el juez en una providencia fechada el pasado 9 de enero, se trata de tres transferencias realizadas los días 21 de septiembre y 10 de octubre desde tres cuentas abiertas por la delegación de Cataluña davant la Unió Europea en la sucursal del BBVA en Bruselas. Llarena ordena a la policía judicial que investigue la posible relación de estos pagos con la celebración del 1- O, lo que apuntalaría el delito de malversación. Dos de estas transferencias, de 58.250 euros y 61.450 euros, tuvieron como destino The Hague Center for Strategic Studies y otra 20.000 euros, la Delegación del Govern en Croacia. The Hague Center for Strategic Studies es un centro de estudios holandés al que presuntamente habría contratado la Generalitat para enviar observadores para el referéndum ilegal. El magistrado pide que se identifique el ordenante y destinatario, concepto en que se realizaron y destino actual de los fondos La primera de esas transferencias se hizo solo seis días después de la orden de la Comisión de Asuntos Económicos del Ministerio de Hacienda por la que se acordaba el control de los gastos de Cataluña. La segunda, 18 días antes de que Puigdemont y algunos de sus consejeros huyeran a Bélgica tras el anuncio de la Fiscalía de que se iba a querellar contra el gobierno de la Generalitat por un delito de rebelión. En esa misma providencia, el juez acuerda pedir al juzgado de instrucción número 13 de Barcelona copia de la agenda incautada en el registro practicado en el domicilio de Josep María Jové, así como el testimonio del contenido de dos llamadas telefónicas: una mantenida el 7 de agosto de 2017 entre Josep María Jové y Oriol Soler Castanys, y otra entre Carles Viver y Margarita Gil. En su providencia, el juez requiere a la Guardia Civil que aporte elementos objetivos para acreditar una serie de declaraciones atribuidas a diferentes exdirigentes de la Generalitat y de Anc y de Ómnium desde Carles Puigdemont, a Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Sànchez o Jordi Cuixart. Además, Llarena cita en calidad de testigo al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, encargado de la coordinación de los Mossos d Esquadra, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil ante la celebración del referéndum del 1- O. También llama a declarar como testigos a los exconsejeros Jordi Jané, Neus Monté, Meritxel Ruiz y Jordi Baiget i Cantons, quienes salieron del gobierno en julio de 2017 ante la deriva radical del proceso independentista; y al exdirector de los Mossos Albert Batlle i Bastardas.

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