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24 ESPAÑA MIÉRCOLES, 13 DE DICIEMBRE DE 2017 abc. es espana ABC Anticorrupción y la UCO pedirán la imputación de González en la Púnica La Guardia Civil ultima un informe sobre su implicación en los contratos de reputación online JAVIER CHICOTE MADRID Solo es cuestión de tiempo que Ignacio González, presunto líder del caso Lezo, sea imputado en la otra gran causa de corrupción abierta, la trama Púnica. Según fuentes consultadas por ABC, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está rematando un informe sobre las contrataciones de la Comunidad de Madrid con el empresario Alejandro de Pedro que apuntala las responsabilidades del expresidente de la Comunidad de Madrid en esta rama de la operación Púnica. Una vez que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón tenga el documento sobre su mesa, la Fiscalía Anticorrupción solicitará que cite a Ignacio González a declarar en condición de investigado (declaró en sede policial por este asunto el pasado 4 de diciembre, como adelantó ayer la cadena Ser) Según las fuentes consultadas, la investigación de la Guardia Civil tiene todos los elementos para que el magistrado, que sustituyó al juez Eloy Velasco al frente del Juzgado de Instrucción número seis, llame a declarar al que fuera presidente de la Comunidad de Madrid. Los plazos que se manejan es que la petición de la Fiscalía en ningún caso llegue antes de las Navidades, por lo que será ya en 2018 cuando se produzca la citación. Las empresas de Alejandro de Pedro comenzaron a contratar con la Comunidad de Madrid en el año 2012. Bautizado como el conseguidor de la Púnica, el empresario se dedicaba a mejorar la imagen de los cargos públicos en publicaciones online y en redes sociales e incluso a atacar a los rivales políticos a través de perfiles falsos de Twitter. Ignacio González, el día que salió de la prisión de Soto del Real (Madrid) nacio González y otros altos cargos y promocionar otras favorables para que salieran más arriba. Además de esos 60.000 euros, el Canal de Isabel II adjudicó en 2014 un contrato de 361.000 euros a las empresa de Alejandro de Pedro, Eico. Pudo tratarse de una argucia para enmarcarar los pagos y que no se hicieran directamente desde el Gobienro Autonómico, sino a través de la empresa pública, sujeta a menos controles. Por otro lado, la Consejería de Educación pagó alrededor de 80.000 euros a las sociedades del investigado en la trama Púnica, contratos que terminaron con la carrera política de la consejera, Lucía Figar. Fue imputada por el juez Velasco, al igual que el entonces consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, en junio de 2015. ÓSCAR DEL POZO Principios de 2018 El informe está a punto de ser presentado, pero la petición al juez no llegará hasta principios de año Los contratos de reputación online también le costaron la imputación a Isabel Gallego, la que fuera directora de Medios de la Comunidad de Madrid y persona de la máxima confianza de Esperanza Aguirre. Todos ellos han defendido, ante el juez y públicamente la legalidad de los contratos, a las mercantiles de Alejandro de Pedro. También se investigan pagos de 120.000 euros de la multinacional Indra a las mercantiles de De Pedro que podrían corresponder a servicios prestados a los políticos, por lo que podría haber financiación ilegal y cohecho. Financiación del PP Decenas de miles de euros La Comunidad de Madrid pagó a las empresas de De Pedro, principalmente Eico Online Reputation Management y Madiva Editorial y Publicidad, alrededor de 60.000 euros que sirvieron para apuntalar la imagen de Ignacio González. La tesis de los investigadores es que esos contratos estaban amañados con procedimientos negociados sin publicidad, y se pagaban indebidamente con dinero público. No eran trabajos que necesitaran la institución o los ciudadanos, sino que estaban enfocados a la imagen del político en cuestión. Intentaban esconder en los buscadores noticias peyorativas sobre Ig- Granados tendrá que presentar pruebas para implicar a otros J. CH. MADRID El ex secretario general del PP en Madrid Francisco Granados pidió a finales de octubre al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Púnica que cite como investigados a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y a sus antecesores Ignacio González y Esperanza Aguirre por la financiación del partido. El juez Manuel García Castellón, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, rechaza estas pretensiones. Según las fuentes consultadas, la petición de Granados ha causado cierto malestar, ya que el presunto líder de la trama corrupta no puede promover imputaciones como si fuera el instructor de la causa. La posición de la Fiscalía y del magistrado es que el exconsejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Co- munidad de Madrid debe presentar pruebas o sólidos indicios para implicar otros y que estos sean citados, que no basta con un escrito como el que registró el pasado octubre. La defensa de Granados pedía que se imputara a Cifuentes, Aguirre y González por la financiación de las campañas de las elecciones autonómicas de los años 2007 y 2011 y de las generales de 2008. El líder de la trama Púnica, que fue secretario general del PP de Madrid entre 2004 y 2011, solicitó que se citara a otras once personas, entre ellos el exgerente del partido, Beltrán Gutiérrez, que ya está imputado, y varios exconsejeros del Gobierno autonómico.