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ABC MADRID 10-12-2017 página 29
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ABC DOMINGO, 10 DE DICIEMBRE DE 2017 abc. es espana ESPAÑA 29 con legitimidad democrática plural, siempre bajo la exigencia de que se trate de juristas de reconocida competencia con amplia experiencia. La propuesta de Ciudadanos de despolitizar la elección del Tribunal encomendándola a una comisión de expertos es discutible en la medida en que revela una preocupante desconfianza hacia la democracia parlamentaria. ¿Quién elegiría previamente a los miembros del comité de expertos? Por lógica, habrían de tener al menos la misma cualificación profesional que los magistrados elegidos porque otra opción no tendría mucho. Así, es complejo modificar el actual sistema porque a priori no existe ni siquiera un consenso básico. Para modificar la elección del Consejo General del Poder Judicial y la presidencia del Tribunal Supre- mo también hay variantes. Del CGPJ depende la selección de magistrados del Supremo, y hoy por hoy los vocales del Consejo son elegidos por reparto de cuotas a instancias de los partidos. Un sistema mixto en el que los jueces eligiesen a una parte de sus representantes supondría recuperar un útil debate del pasado. Pero el temor de los partidos es el corporativismo que impondrían las asociaciones judiciales y la pérdida de un control sobre la elección de los cargos judiciales. En cualquier caso, sería modificable a través de una ley orgánica, y no de la Constitución. El caso del fiscal general del Estado no es muy diferente. Algunas propuestas radican en que no sea nombrado por el Gobierno, sino por las Cortes, de modo que el riesgo de politización que se pre- tende conjurar persistiría en cualquier caso. La sustitución de la perniciosa partitocracia no debe confundirse con una deslegitimación absoluta de nuestro sistema. ducción del número mínimo de diputados asignados a cada provincia, que carecen de consenso. Nuestro sistema electoral logra un difícil equilibrio entre la proporcionalidad en la distribución territorial de escaños a elegir en las diferentes provincias y la disRégimen electoral tribución proporcional de escaños eny modificación de tre candidaturas en función de resullas circunscripciones tados. Por eso, no parece sensato moSobre la pretendida reforma del régi- dificar el sistema electoral para buscar men electoral, se pueden introducir una mayor proporcionalidad y garancorrecciones por la vía de modifica- tizar mejores resultados a partidos ciones puntuales de la Ley Orgánica que se sienten infrarrepresentados o de Régimen Electoral penalizados. La proporGeneral, sin necesidad cionalidad no puede gaPluralidad de reformar la Constirantizarse en términos No se puede tución. Merecen mejoabsolutos y es dudoso que ras, por ejemplo, algu- acusar al sistema tenga sentido proponer, de bipartidismo: por ejemplo, el aumento nas disfunciones de el actual voto de los españoles del número de diputados en el exterior o facilia 400 solo porque así meCongreso tar el ejercicio del voto jora el resultado de algulo desmiente por parte de personas nos partidos. PP y PSOE con discapacidad. Sin ni siquiera se lo plantean. embargo, la modificación en pro- Además, no se puede acusar al actual fundidad del sistema elec- sistema de ser una fortaleza impenetoral a través de una refor- trable que garantiza el bipartidismo, ma constitucional parece pues la actual configuración multidiseñada según el exclusi- partidista del Congreso lo desmiente. vo interés del partido que la Eliminación de propone. Ocuaforamientos e inmunidad rre con las iniciativas de La inviolabilidad, inmunidad y aforamodificación miento de diputados y senadores, así de la circuns- como el aforamiento de miembros del cripción elec- Gobierno no responden a un capritoral o la re- choso privilegio de los políticos Tienen un origen y fundamento histórico en los albores mismos del parlamentarismo británico. Su eliminación puede resultar muy sugerente para satisfacer a una opinión pública resentida con los cargos públicos, pero puede generar graves disfunciones e inexplic ables agravios comparativos si se mantienen otros aforamientos menos cuestionados (jueces, fiscales, etcétera) A mi juicio, el método adecuado para la necesaria actualización de nuestras instituciones es tan sencillo y a la vez tan difícil como aislar los males sobre los que coincidimos y propiciar el acuerdo político para dar solución a cada problema. En muchos casos veremos que bastará con cambiar los comportamientos de los actores políticos y también de los medios de comunicación. En otros, es posible mejorar y mucho con simples soluciones legales. La partitocracia exagerada de nuestro sistema político, por ejemplo, cambiaría decisivamente con modificaciones en la legislación electoral y en los Reglamentos del Congreso y del Sena- do. En un libro acabo de examinar decenas de cambios que podrían mejorar el funcionamiento de nuestro Parlamento, la forma en la que estamos haciendo (mal) las leyes, el control parlamentario del Gobierno o el incremento de la participación de los ciudadanos en la toma de las decisiones públicas. De hecho llama mucho la atención que quieran resolverse los problemas abriendo un debate constitucional, cuya consumación requiere mayorías extraordinarias, mientras las fuerzas políticas no son capaces de ponerse de acuerdo para reformar leyes que, como la Ley Electoral, la del Poder Judicial o el Reglamento del Congreso no requieren más que la mayoría absoluta para poder introducir reformas del máximo calado. No excluyo, claro es, que para mejorar algún aspecto concreto sea conveniente subir un escalón y reformar uno o varios preceptos constitucionales. Pero añado inmediatamente que para dar este impulso de renovación democrática que sin duda necesitan nuestras instituciones no es indispensable abrir un periodo constituyente universal. Tampoco presentar a la Constitución como problema, haciendo que muchas personas piensen de buena fe que la solución a todos nuestros males pasa por superar un texto que se habría quedado viejo e inservible. Cuando se dice que solo con la reforma constitucional tendremos soluciones, se está dibujando un escenario tan arriesgado como cuando se insinúa que se está en posesión de la fórmula mágica que va a resolverlo todo. Si estas promesas calan en la opinión y luego las expectativas se ven defraudadas entre otras razones porque conseguir el consenso entre los modelos rotundamente contradictorios que hoy están en circulación no se antoja fácil lo único que se habrá conseguido es deslegitimar la Constitución misma hasta extremos difícilmente superables. Y es bien seguro que no es este precisamente el mejor momento para devaluar la Constitución sino, antes a la inversa, para ponerla más que nunca en valor al servicio de la convivencia de los españoles. PROFESOR DE DERECHO CONSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE COMILLAS

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