ABC MADRID 03-12-2017 página 26

24 ESPAÑA Aniversario de la Constitución Análisis DOMINGO, 3 DE DICIEMBRE DE 2017 abc. es espana ABC ABC, ANTE LA REFORMA CONSTITUCIONAL Este diario publica una serie de análisis sobre la Carta Magna coincidiendo ahora con la celebración de su XXXIX aniversario y ante el debate político que ha surgido para revisar su vigencia al calor del desafío separatista en Cataluña Vuelco al modelo de Estado, la trampa del soberanismo Cualquier reforma constitucional que acceda a revisar el concepto de soberanía nacional en torno a la unidad de España, contemplando otras hipotéticas naciones sería una concesión al soberanismo que pondría fin al modelo de Estado tal como se diseñó en 1978. democracia, las consecuencias obligarían a profundos cambios legislativos que pondrían fin al Estado autonómico tal y como lo conocemos. Sería además el primer paso para que esa izquierda que cuestiona la monarquía parlamentaria como sistema representativo idóneo para España, tuviera la coartada para iniciar otra ofensiva social que transformase el modelo en una república bajo criterios de revanchismo: un referéndum sobre la monarquía, la elección directa de cargos unipersonales, la autodeterminación de los pueblos de España la supremacía de leyes autonómicas... acordase la inclusión de las autonomías en la Carta Magna sería factible y recomendable. Lo mismo ocurriría con los instrumentos de delimitación de competencias y autogobierno al que aspiran algunas comunidades en su reivindicación insolidaria de derechos históricos. En el fondo, lo admisible sería reparar y perfeccionar lo que no funciona, pero no abrir la vía de escape para construir un sistema federal encubierto que promoviese más agravios entre regiones de los que ahora existen, o que generase derechos y privilegios desiguales ad futurum. El derecho a decidir como puerta abierta a la autodeterminación Cualquier modificación que afectase al titular de la soberanía nacional, o que aceptase cualquier regulación del derecho a decidir o de autodeterminación, obligaría a renunciar al concepto de pueblo español Sustituir las nacionalidades y regiones con derecho de autonomía (por naciones, por ejemplo) implicaría sencillamente la alteración del complejo equilibrio constitucional con el que España ha tenido el mayor desarrollo de su historia. Asumir premisas de ese tipo conllevaría aceptar MANUEL MARÍN F uera cual fuera la hipotética reforma constitucional que se planteara en el futuro, necesariamente su alcance quedaría condicionado, y contaminado, por una enmienda global al modelo de Estado consagrado en 1978. Expresiones como la superación del Estado autonómico, o el diseño de un Estado federal basado en un criterio de plurinacionalidad la famosa nación de naciones ocultan una trampa que no es inocua porque en el caso de emprender esa senda, la reforma afectaría al núcleo de la soberanía nacional como sujeto activo y exclusivo de nuestro modelo. Es relevante advertir del peligro que supondría iniciar una revisión del andamiaje de nuestro Estado porque, más allá de la calificación semántica que pudiera merecer tras 40 años de Delimitación de competencias, autogobierno y privilegios Tender hacia una actualización y corrección del sistema autonómico con una modernización del Título VIII que abordase sin tapujos un nuevo mecanismo de financiación e interrelación entra comunidades, o que Una reforma necesaria, pero limitada TOMÁS- RAMÓN FERNÁNDEZ A penas echó a andar la Comisión que el Gobierno y el Partido Socialista decidieron crear en el Congreso para estudiar la posible reforma de la Constitución al propio tiempo que se pudieron de acuerdo en hacer uso del artículo 155 de la Norma Fundamental y en la forma de aplicar éste para poner freno a la insurrección promovida por las autoridades de la Generalidad de Cataluña se planteó abiertamente el problema del alcance de esa posible reforma, que en opinión de los socialistas había de tener un signo fe- deral y servir para lograr un mejor encaje de Cataluña en el Estado. ¿Qué pensar de todo esto? Esa es la pregunta que todos los ciudadanos, lógicamente preocupados por los acontecimientos vividos desde el pasado mes de septiembre, se formulan necesariamente ahora. Mi respuesta, por si sirve de algo, es muy clara: coincido en la necesidad de la reforma, que en mi opinión debe ser limitada y debe afrontarse con el propósito de corregir, a la vista de estos cuarenta años de experiencia, los notorios defectos del Título VIII de la Constitución, sin preocupación alguna por el nombre que se le dé al texto resultante. Explicaré brevemente a continua- ción las razones que justifican mi posición, que sigue siendo la misma que expuse por escrito mucho antes de que las elecciones catalanas de 2015 desencadenaran la tragicomedia de estas últimas semanas. Con ello queda dicho que lo ocurrido en Cataluña no tiene por qué hipotecar el trabajo a realizar y ello porque al fanatismo nacionalista de una parte de la sociedad catalana y vasca no se le puede, por hipótesis, dar satisfacción con reforma alguna del texto constitucional, puesto que su aspiración es sencillamente verse fuera de ese texto. Hay que pensar, pues, sin prejuicio alguno qué debemos rectificar del texto en vigor, bien porque alguna de sus piezas no ha funcionado correctamente, bien porque faltaban en él ab initio piezas que eran imprescindibles para que el conjunto formado por las instituciones autonómicas y estatales pudiera funcionar. Hay que procurar, en fin, mejorar la estructura del Estado de las Autonomías, que, como muestran mes a mes y año tras año, las encuestas del CIS ha arraigado mucho más profundamente de lo que muchos piensan en el conjunto de la sociedad española.