ABC MADRID 30-11-2017 página 20

20 ESPAÑA El desafío soberanista JUEVES, 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 abc. es espana ABC Los exconsejeros, ante la Justicia Revés de la Junta Electoral a Colau Nuevo revés a la falta de neutralidad de las instituciones. La Junta Electoral provincial de Barcelona ha prohibido al Ayuntamiento de Barcelona iluminar de color amarillo las fachadas de edificios municipales y también las fuentes públicas durante el periodo electoral, tal y como había acordado el Consistorio presidido por Ada Colau en solidaridad con los políticos independentistas encarcelados. El recurso lo presentó el presidente del grupo municipal del PP, Alberto Fernández, y se suma a otra resolución anterior de la Junta Electoral Central que obligó a retirar la pancarta que en la fachada pedía la libertad de los presos políticos JAIME GARCÍA Oriol Junqueras, el día de su declaración ante la Audiencia Nacional el pasado 2 de noviembre El juez emplaza a Junqueras a que acate la legalidad de viva voz Cita a los exconsejeros mañana para revisar la medida de prisión ante la campaña N. VILLANUEVA L. P. ARECHEDERRA MADRID El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha citado a los ocho exconsejeros de la Generalitat y a los líderes de la ANC y Ómnium Cultural, todos en prisión incondicional desde hace un mes, para que manifiesten de viva voz ante él que están dispuestos a desarrollar su actividad política dentro del marco constitucional y a renunciar a cualquier tipo de declaración unilateral de independencia. El magistrado responde así a la petición que veinticuatro horas antes hicieron los encarcelados para que Llarena revisara su situación personal y poder así concurrir a las elecciones del 21- D en condiciones de igualdad respecto a otros candidatos Al tratarse de una medida que afecta a un derecho fundamental como es la libertad, y con el comienzo de la campaña en la madrugada del martes, el juez ha dado un carácter preferente a la solicitud. Como adelantó ABC, a pesar de que en el escrito de revisión de medidas cautelares, los exconsejeros acataron el artículo 155 por medio de sus abogados, Llarena exigirá una renuncia de palabra por parte de cada uno de los investigados: los ocho exconsejeros (la única que no concurrirá a los comicios es Meritxel Borrás) y los dos líderes independentistas (Jordi Cuixart no se presenta a las elecciones; Jordi Sánchez sí) Sólo así el instructor podrá valorar si perseveran los riesgos que dieron lugar a que la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela acordara la prisión incondicional de todos. El fundamental en este caso es el de reiteración delictiva, lo que ya se puso de manifiesto cuando declararon en el Alto Tribunal la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa, investigados también por delitos de rebelión (o sedición) y malversación. El hecho de que el instructor aprecie que ha desaparecido ese riesgo de reiteración delictiva, es decir, de que los investigados ya no van a perseverar en el delito de rebelión, puede abrir la puerta a la libertad de los consejeros. De ahí la importancia de las palabras en la declaración que cada uno de ellos preste ante Llarena. Los independentistas intentarán así buscar el equilibrio entre el acatamiento de las vías estrictamente legales y la complicidad de su electorado, ante el que no podrán presentar su libertad como una rendición Pero tampoco valdrá un acatamiento de trámite, sostienen fuentes del Supremo, pues se les exigirá, como ya informó ABC, una renuncia inequívoca Muy inequívoca tendrá que ser su respuesta para que la Fiscalía cambie su criterio respecto a los exconsejeros y los Jordis pues a día de hoy el Ministerio Público se mantiene firme en su criterio de pedir prisión incondicional para los exconsejeros, como lo hizo contra Forcadell y tres de los cinco miembros de la Mesa el pasado 9 de noviembre. Si Joan Josep Nuet y Ramona Barrufet merecieron otro trato para la Fiscalía durante aquella jornada de declaraciones en el Supremo (los únicos para los que no pidió prisión incondicional) fue porque su relato fue creíble, como también su renuncia explícita a la vía unilateral y el reconocimiento de su contumaz desobediencia a las resoluciones del Tribunal Constitucional. Por contra, el tono de Forcadell fue completamente opuesto, porque reconoció y justificó sus actos y acató el 155 poco más o menos que por imperativo legal. Llarena cita para la comparecencia de medidas cautelares a la Fiscalía y a las demás partes personadas, lo que implica que en la vista, además de la Fiscalía, estarán presentes también la defensa de Forcadell (es la misma que la de Junqueras) y las de los miembros de la Mesa del Parlament. El TC recuerda al Parlament que no puede silenciar a la oposición El TC considera constitucional la reforma del reglamento del Parlamento catalán que permitió la tramitación exprés de las leyes de la ruptura. En una sentencia notificada ayer, el Pleno del órgano señala que la nueva redacción del artículo 135.2 de ese reglamento se ajusta a la Carta Magna. Asegura que el citado precepto, recurrido por la Abogacía del Estado, no es inconstitucional porque el hecho de que en la redacción no se haga alusión al trámite de enmiendas en proposiciones de ley aprobadas en lectura única no supone que se prescinda de él, sino que ese silencio debe entenderse como falta de una expresa previsión normativa. Corresponde ahora al Parlamento de Cataluña, dice el TC, regular la fase de enmiendas respetando el derecho de participación política. Decisión personal En el recurso que la defensa de Junqueras y de otros tres exconsejeros de ERC presentó ante el Supremo, se dejaba clara su discrepancia con la aplicación del artículo 155, a pesar de su aceptación. Consideran que dicho artículo no permite en ningún caso cesar a los miembros del Govern, ni apropiarse de las funciones de la Presidencia de la Generalitat ni bloquear la actividad del Parlament Alegan, además, que si cesaron de sus funciones como gobernantes de Cataluña fue por una decisión personal cuando la realidad fue que el Ejecutivo de Rajoy tuvo que destituirles ante la reiterada desobediencia en la que ejecutivo y legislativo catalán incurrieron.