Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
14 OPINIÓN MONTECASSINO PUEBLA DOMINGO, 19 DE NOVIEMBRE DE 2017 abc. es opinion ABC HERMANN UN DESEMBARCO ARGELINO La guerra a la inmigración ilegal exige un coraje que es muy escaso L O que más asusta es la calma con la que algunos se lo toman. Televisiones, radios y medios escritos informaban ayer como de un vulgar suceso de lo que es, por desgracia, mucho más que eso. En 24 horas habían llegado ayer a la costa murciana al menos 44 pateras con cerca de quinientos inmigrantes ilegales, en su inmensa mayoría jóvenes varones árabes. Con un dato muy especial a tener en cuenta: procedían de Argelia. Que es sin duda el punto de origen más temido por quienes observan la situación de la seguridad en el Mediterráneo y las fronteras europeas a medio plazo. Argelia ha cuadruplicado su población en medio siglo y es con más de 40 millones de habitantes ya el país más poblado y más joven del Magreb. El comienzo de una presión migratoria ilegal argelina tolerada o no reprimida por sus autoridades es una de las pesadillas más consistentes para los responsables de la seguridad del flanco meridional europeo. La costa mediterránea española podría convertirse rápidamente pronto en un escenario dantesco, como los que se han ofrecido en ciudades portuarias italianas en el pasado año. De repente, el viernes las pantallas de vigilancia de la costa en Cartagena comenzaron a detectar movimientos en lo que pronto parecía toda una invasión, obviamente organizada y sincronizada, de pequeñas embarcaciones. Buques de Salvamento Marítimo salieron a interceptarlas y todos los inmigrantes ilegales fueron traídos a suelo español. El único que realmente parecía ayer ser consciente del gravísimo momento era el delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Bernabé. Calificaba sin ambages esta oleada de pateras como un ataque coordinado contra nuestras fronteras y, por tanto, contra las fronteras de la UE E intentaba subrayar la necesidad de que estos inmigrantes fueran expulsados. No lo decía tan claramente, porque no sería delegado de este gobierno si lo hiciera. Decía que había que controlar antes, lo que se sobreentiende, si hay algún caso que pudiera ser aceptado como refugiado político. Lo más seguro es que no lo haya. Lo casi seguro es que al final todos se queden deambulando por España o prosigan hacia el norte de Europa. Los traficantes parecen haber cambiado su ruta después de los Balcanes e Italia a España. Pronto podríamos estar con decenas de barcos de ONG e instituciones oficiales creando un flujo constante de inmigrantes ilegales desde Argelia a España, como se ha hecho en la costa libia con Italia. Las consecuencias para la seguridad de España y toda Europa son incalculables, pero en todo caso aterradoras. Nadie se atreverá en España a proponer como han hecho políticos en otros países europeos que el salvamento debe consistir en rescatar a los náufragos y devolverlos a la costa de origen. Pedir un discurso y una política sólidos en defensa de la inmigración legal y por tanto de guerra a la ilegal es algo que exige sentido común, valentía política y ganas de decir la verdad. PROVERBIOS MORALES JON JUARISTI NUMANTINOS Los partidos cierran filas en torno al modelo autonómico NTE el horizonte cada vez más cercano de una modificación constitucional, que podría ir desde una reforma parcial del texto de 1978 hasta un nuevo proceso constituyente, es lógico que los medios que representan distintas corrientes de opinión se apresuren a tomar posiciones y a avanzar preferencias. Una de ellas es la revisión a fondo e incluso la desaparición de las autonomías territoriales. Es evidente que el número de ciudadanos hostiles al actual modelo autonómico ha ido creciendo desde mediados de la pasada década por diversos motivos. En primer lugar, los recortes presupuestarios impuestos como respuesta a la crisis en la administración central y en las autonomías desataron una cadena de imputaciones mutuas por agravios reales o supuestos y acusaciones recíprocas de despilfarro. Esto desacreditó a una y a otras ante los sectores más perjudicados por las llamadas medidas de austeridad. A ello se sumó la oleada de casos de corrupción destapados en un buen número de administraciones autónomicas, lo que difundió la convicción de que las autonomías eran la causa misma de la corrupción y no sólo el ámbito en el que esta había operado, como lo fue la administración central en la última década del felipismo. Finalmente, la deriva del separatismo en Cataluña ha incrementado exponencialmente el descontento con el modelo, tanto fuera como dentro de la región. Es improbable, sin embargo, que una reforma de la Constitución o incluso una nueva constitución A prescinda del modelo autonómico, por muy amplia que llegue a ser la impugnación popular de este. Los partidos políticos lo necesitan. Cabe concebir administraciones descentralizadas que no recurran a la autonomía ni al modelo federal. En vísperas de la Transición se barajaban diversas propuestas tecnocráticas (como la de Gonzalo Sáenz de Buruaga) Podría también pensarse en una descentralización municipal, al modo de Francia (Robert Lafont, en La révolution regionaliste, su manifiesto de 1967, elogiaba la fuerza de los ayuntamientos franceses como eficaz contrapeso republicano al centralismo asimismo republicano) Pero ninguno de esos modelos alternativos contentaría a los partidos. Ni el primero, a gestionar exclusivamente por funcionarios, ni el segundo, que no podría ofrecer empleos suficientes para las elites políticas y sus clientelas. Como Eduardo García de Enterría observó, no existía una demanda de autonomía regional en la mayor parte de España cuando se aprobó la Constitución de 1978, pero diez años después podía percibirse una fuerte identificación de la población española con sus administraciones autonómicas, consideradas como un eficaz instrumento de modernización y distribución de bienes y valores. Ahora, en momentos de desidentificación creciente, los partidos, es decir, los principales beneficiarios del modelo, se han convertido en sus últimos defensores. Numantinos, si hiciera falta. Porque, aunque las disensiones entre los cabecillas autonómicos minen el poder de las direcciones nacionales, la desaparición de las autonomías sería letal para todos. De ahí la escuchimizada aplicación del 155, que el Gobierno se ha esforzado en mostrar como un reforzamiento e incluso como una refundación de la autonomía catalana, herida de muerte por el procés. Rajoy (y Sánchez) tienen mucho más que temer de la desaparición de la autonomía en Cataluña que de un nuevo triunfo electoral de los separatistas el 21 de diciembre. Aunque ello los enfrente con la marea ascendente de un anti- autonomismo que, al menos, ha demostrado en estos últimos meses una gran capacidad de movilización. Si vuelven a ganar los independentistas, la bronca será inevitable. A tres bandas.