Archivo ABC
ArchivoHemeroteca
ABC MADRID 08-11-2017 página 24
ABC MADRID 08-11-2017 página 24
Ir a detalle de periódico

ABC MADRID 08-11-2017 página 24

  • EdiciónABC, MADRID
  • Página24
Más información

Descripción

24 ESPAÑA MIÉRCOLES, 8 DE NOVIEMBRE DE 2017 abc. es espana ABC FONDOS PÚBLICOS Hacienda denuncia a Puigdemont ante el Tribunal de Cuentas por el 1- O N. VILLANUEVA J. TAHIRI MADRID El juez permite a González salir de prisión si paga 400.000 euros Ve reducidos el riesgo de que se fugue y el de que reitere los graves delitos que le imputan LUIS P. ARECHEDERRA MADRID El referéndum ilegal del pasado 1 de octubre en Cataluña no saldrá gratis al gobierno ya destituido de Carles Puigdemont. El Ministerio de Hacienda ha denunciado ante el Tribunal de Cuentas a la Generalitat y a las asociaciones independentistas Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural por los gastos destinados a la consulta prohibida por el Tribunal Constitucional. Esto implica que, además de la vía penal, se abre otro frente judicial para el expresidente de la Generalitat y para sus exconsejeros, que al igual que el expresidente Artur Mas tendrán que responder ante al Tribunal de Cuentas por el dinero público que destinaron a un fin ilegal. En un escrito dirigido al fiscaljefe del órgano fiscalizador y fechado el pasado 20 de octubre, el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, solicita que se adopten medidas contra el gobierno de Cataluña y los responsables de las asociaciones identificadas que permitan esclarecer las actuaciones contractuales y administrativas dirigidas a la adquisición y, en su caso, integración en el patrimomio público, de los medios materiales necesarios para la organización y celebración del referéndum así como el empleo de recursos públicos para su promoción por parte de entidades provadas que participaron en la consulta. El secretario de Estado reconoce en la denuncia, a la que ha tenido acceso ABC, que en este momento no se pueden cuantificar los daños producidos a las arcas públicas, precisamente por el ánimo de ocultar todo el proceso por parte del gobierno de la Generalitat, que dirigió de manera consciente su voluntad hacia la consecución de una finalidad ilegal El expresidente de la Comunidad de Madrid y supuesto cabecilla de la trama corrupta que anidó en el Canal de Isabel II Ignacio González saldrá de prisión si paga una fianza de 400.000 euros. Así lo acordó ayer el juez de la Audiencia Nacional que le investiga, Manuel García- Castellón, tras solicitar esta medida el abogado defensor de González y apoyarla la Fiscalía. Deberá abonar el dinero en metálico. El Canal de Isabel II, la poderosa empresa que gestiona las aguas de Madrid, fue utilizada por González y su círculo cercano para enriquecerse ilegalmente, según los investigadores. El juez instructor considera que el avance de la investigación de la operación Lezo ha disminuido el riesgo de que González continúe delinquiendo y de que se fugue al extranjero. El expresidente de la Comunidad de Madrid fue encarcelado el pasado 21 de abril, tras estallar la operación Lezo. Para valorar el menor riesgo de reiteración, el juez tiene en cuenta la actuación judicial coordinada con Colombia y Panamá, que ha limitado el posible manejo de fondos en el extranjero por parte del investigado. Anticorrupción apoyó suavizar la situación de González a pesar del grave horizonte que dibujan los delitos que le imputan, cuya penas podrían superar los veinte años de cárcel. La prisión preventiva busca evitar que un imputado entorpezca la investigación. Supone encarcelar a una persona que no ha sido aún juzgada ni condenada. Ignacio González, custodiado por la Guardia Civil EFE Adjudicación El juez revela que González vulneró la ley para otorgar a ACS en 2006 las obras de un campo de golf en Madrid Aun así, el auto expone numerosos indicios sobre las espaldas del expresidente de la Comunidad de Madrid con el Partido Popular. El magistrado acusa a González de servirse de sus cargos públicos para beneficiarse ilícitamente del patrimonio de la Comunidad de Madrid, mediante el abuso de su posición dentro de la administración pública, así como de sus relaciones Este saqueo se logró con una actividad delictiva colectivamente ejecutada, en la que cada partícipe realiza una aportación preestablecida para el buen fin del proyecto delictivo concluye el juez. La trama se extendió por Brasil, Panamá, República Dominicana o Colombia, con la com- pra de empresas como Inassa o Emissao. El magistrado también acusa a González de ocultar un informe que advertía de indicios claros en la compra de la primera, Inassa, en 2001, cuando Alberto Ruiz- Gallardón presidía la Comunidad de Madrid y por lo que la investigación también apunta hacia él. El juez detalla que González forzó la declaración de interés público del proyecto del campo de golf del barrio madrileño de Chamberí para burlar las exigencias del Ayuntamiento, que pidió una serie de modificaciones en 2006 para conceder la licencia de obras. González era en ese momento a la vez el presidente del Canal y el vicepresidente de la Comunidad, cargo desde el que instó a tal declaración. García Castellón revela además que González vulneró la ley para adjudicar tales obras a la constructora ACS y que esta compañía subcontrató a Tecnoconcret una empresa pantalla de los investigados cuya aportación fue nula por orden del Canal. POSIBLE FRACCIONAMIENTO DE CONTRATOS Malversación de fondos Entre los gastos que cita la denuncia figuran las urnas y su traslado a los 2.315 colegios electorales, los costes de luz, telefonía, limpieza y gastos de personal en esos centros, la campaña institucional, los medios informáticos utilizados o el millón de papeletas repartidas por la ANC y Ómnium Cultural. Fernández de Moya recuerda que en el TSJC ya hay una causa abierta por malversación contra Puigdemont y los miembros del gobierno, por lo que pide que se reclame este procedimiento para delimitar los daños y las personas responsables y fijar así el eventual importe de las indemnizaciones El alcalde socialista de Alicante, procesado por prevaricación J. L. FERNÁNDEZ ALICANTE terina fue readmitida por el escándalo y a instancias del Pleno municipal, con los votos incluso de sus dos socios de gobierno en el tripartito Aferrado al cargo Con un pie ya en el banquillo, Echávarri reiteró ayer que no piensa dimitir, cuando el clamor por que deje la vara de mando no solo resuena en Alicante, sino también en Valencia, y cuando Compromís ha abandonado el equipo de gobierno y el otro partido que sostiene al PSOE, Guanyar (EU y Podemos) piensa seguir ese camino el próximo 15 de noviembre. Únicamente los socialistas defienden a su alcalde escudándose en que todavía quedan opciones jurídicas como los recursos contra el auto de procesamiento del juez. Una jueza ha dictado auto de procesamiento contra el alcalde Alicante, Gabriel Echávarri (PSOE) por un posible delito de prevaricación con el fraccionamiento de contratos de promoción del comercio por un importe global de 190.000 euros. El auto de procedimiento abreviado contra él y dos asesores municipales deja la causa preparada para juzgarles. La magistrada mantiene que, entre los meses de noviembre y diciembre de 2016 se concertaron para elu- dir la convocatoria de concurso público y adjudicar de manera directa estos trabajos. En lo que concierne al jefe de gabinete del alcalde y a otro asesor suyo, además de por posible prevaricación, se les enjuiciará por usurpación de funciones. El caso fue destapado a raíz de una denuncia presentada por el grupo municipal del PP, lo que además suscitó el despido de una cuñada del portavoz del grupo popular, tal como el propio alcalde anunció en Facebook. Posteriormente, esta funcionaria in-

Te puede interesar

Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.