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ABC MADRID 31-10-2017 página 17
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ABC MARTES, 31 DE OCTUBRE DE 2017 abc. es espana ESPAÑA 17 Tribunal Supremo Forcadell y los miembros de la Mesa están en la Diputación Permanente, por lo que conservan el aforamiento LLUÍS PUIG EX CULTURA CARLES MUNDÓ EX JUSTICIA CARME FORCADELL PRESIDENTA PARLAMENT LLUÌS MARÍA COROMINAS JUNTS PEL SÍ LLUIS GUINÓ JUNTS PEL SÍ SANTIAGO VILA EX EMPRESA MERITXELL SERRET EX AGRICULTURA ANNA SIMÓ JUNTS PEL SÍ RAMONA BARRUFET JUNTS PEL SÍ JOAN JOSEP NUET CATALUNYA SÍ QUE ES POT dinamitaron el Estado de Derecho didas cautelares ante la gravedad de los delitos por los que les acusa. Además, pide una fianza de 6,2 millones de euros que la veintena de querellados tendrán que abonar de forma solidaria para asegurar posibles responsabilidades civiles de cara al juicio. Penas de 18 a 28 años de cárcel Rebelión Castigado en el artículo 472 del Código Penal, es el que propone en primer lugar la Fiscalía. Está penado con hasta 30 años (25 si el alzamiento es sin armas) Es el más grave de los delitos contra la Constitución y, según Maza, no requiere violencia entendida como uso de armas; basta con insurrecciones públicas. El acta fundacional El punto de partida de la querella se sitúa en la resolución del Parlamento de Cataluña del 9 de noviembre de 2015 que declaró el inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república La sentencia del TC que declaró la inconstitucionalidad de esta resolución es la resolución judicial que los querellados han venido desobedeciendo sistemáticamente con cada una de las iniciativas que gobierno y parlamento autonómico han ido desarrollando desde entonces. Se trataba, dice el fiscal, de dotar de aparente cobertura normativa el proceso de separación del Estado español A pesar del pronunciamiento del órgano de garantías, el gobierno de la Generalitat continuó impulsando las medidas necesarias para la creación de un Estado catalán independiente en forma de república, valiéndose para ello del poder que les otorgaba tener mayoría absoluta de diputados en la Cámara, integrados en los grupos parlamentarios Junts pel Sí y CUP, y reforzado por el apoyo de asociaciones independentistas a las que pertenecen un gran número de esos mismos diputados y miembros de gobierno, la Asamblea Nacio- Sedición Maza lo propone como alternativa a la rebelión. Previsto en el artículo 544 (delitos contra el orden público) está castigado con hasta 15 años de cárcel cuando quien comete el delito es una persona constituida en autoridad nal Catalana y Ómnium Cultural Estas asociaciones cuyos líderes, los Jordis están en prisión para evitar su fuga, imputados por sedición agitaron la calle dentro de la estrategia independentista de desobediencia al Estado. Episodios como el asedio a la Guardia Civil el 20- S, la ocupación de los colegios electorales el 1- O o el acoso a las Fuerzas de Seguridad formaban parte del plan para empujar a la independencia por vías ilegales. El objetivo de los querellados era claro: se pusieron al servicio del plan secesionista y promovieron actos, manifestaciones y proclamas abonando en la sociedad la idea de la existencia de un derecho de autodeterminación sobre el cual quedaba legitimada cualquier actuación al margen de las leyes Insurrección pública El fiscal recuerda que la concurrencia de violencia física puede no ser necesaria cuando el alzamiento, por sus características y por el número indeterminado de personas implicadas, es de tal dimensión que tiene capacidad intimidatoria suficiente para disuadir de una posible actuación a las fuerzas del orden, sabedoras de que cualquier oposición a los planes rebeldes tornará el alzamiento en violento y belicoso Añade que los querellados se valieron de la población en incesantes actos de insurrección pública, desobedeciendo o resistiendo colectivamente la autoridad legítima del Estado, ocupando carreteras, calles o edificios y sometiendo a los agentes de la autoridad a un incesante acoso MATÍAS NIETO Malversación El Código Penal castiga en su artículo 432 y siguientes el uso ajeno a la función pública de fondos de los que se dispone por razón del cargo. Hasta 3 años de cárcel. de los denunciados y en el tribunal al que van dirigidos, se pide la citación urgente de los veinte miembros de los poderes ejecutivo y legislativo autonómicos, con la advertencia expresa de que si no comparecen serán detenidos. Maza justifica esta urgencia en la necesidad de solicitar cuanto antes me-

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