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ABC MADRID 27-10-2017 página 27
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  • EdiciónABC, MADRID
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ABC VIERNES, 27 DE OCTUBRE DE 2017 abc. es espana La investigación ESPAÑA 27 El desafío soberanista radoras a quemar este tipo de archivos, o que se utilicen trituradoras para destruirlos, ya que la actividad policial genera documentos de contenido sensible que, cuando ya no son necesarios, se deben destruir para atender a la protección de datos. Los Mossos d Esquadra aseguraron que en la documentación intervenida figuran archivos con datos administrativos de la oficina de apoyo de su Comisaría General de Información, relativos a permisos, vacaciones y bajas, así como sobre operativos y diligencias policiales y documentación diversa. En un comunicado, afirmaron que toda la documentación oficial que se destruye se guarda en soporte digital. Las fuentes consultadas por ABC aseguran que cada día está más claro que la cúpula de los Mossos está al servicio del proceso secesionista. Lo que queda por delante va a ser duro y desagradable, porque se trata de un Cuerpo policial que está obligado al cumplimiento de la ley Los Mossos intentan destruir documentos sospechosos del 1- O La Comisaría General de Información aborta la operación de la Policía de la Generalitat PABLO MUÑOZ L. P. ARECHEDERRA MADRID Los Mossos d Esquadra pueden haber cometido el error definitivo que puede situar al Cuerpo como actor principal del referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña. Ayer por la mañana una operación de la Comisaría General de Información abortó el intento de la Policía de la Generalitat de destruir abundante documentación que, según los indicios disponibles, podría referirse a las comunicaciones mantenidas la citada jornada por agentes de la Policía de la Generalitat. Los hechos se produjeron a las puertas de la planta de tratamiento y selección de residuos Tersa, en la localidad barcelonesa de Sant Adrià de Besòs. A las nueve y media de la mañana llegaba a sus puertas una caravana compuesta por una furgoneta y dos vehículos camuflados de los Mossos con abundante documentación en su interior que iba a ser destruida. Sin embargo los vehículos de la Policía de la Generalitat no pudieron acceder a las dependencias porque allí les esperaban una veintena de agentes que les bloqueaban el paso. Con la orden judicial ya en su poder, los policías nacionales procedieron a descargar las cajas con los documentos que llevaba la furgoneta de los Mossos y también otra documentación que se trasladaba en los vehículos camuflados de este Cuerpo autonómico. Todo lo intervenido fue precintado y llevado a la Jefatura de Policía de Barcelona, en Vía Laietana. Al cierre de esta edición los investigadores estaban a la espera de recibir el exhorto correspondiente para comenzar a analizar la documentación intervenida. Hasta que la analicemos hay que ser muy prudentes sobre su contenido, pero además de las informaciones previas que existen sí ha llamado mucho la atención que dos coches camuflados custodiaran la furgoneta, si es que es verdad, como sostienen los Mossos, que no se trata de información sensible sobre el referéndum secesionista Por el contrario, fuentes de los Mossos negaron que los informes intervenidos por la Policía estuvieran vinculados con el referéndum del 1- O y explicaron que es una práctica habitual y ordinaria que se acuda a incine- Audiencia Nacional La juez que investiga la sedición acordó que se incaute la documentación intervenida a los Mossos Comunicación entre agentes Los policías nacionales pidieron a los Mossos que les entregaran la documentación que trasladaban, ya que disponían de información que apuntaba a que se trataba de las comunicaciones mantenidas por agentes autonómicos durante el referéndum ilegal del 1 de octubre. Como se sabe, las mismas son analizadas por la juez Carmen Lamela de la Audiencia Nacional en la investigación por sedición que tiene abierta contra el mayor Josep Lluís Trapero, la intendente Teresa Laplana y Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, responsables de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, respectivamente. En el primer momento los Mossos se negaron a entregar la documentación a la Policía y exigieron que se les mostrara la pertinente orden judicial para ello. La actuación policial, según las fuentes consultadas por ABC, se había precipitado al obtener información interna del Cuerpo, y esa fue la razón por la que esa orden aún no había llegado. Tres horas después, la juez Carmen Lamela remitía la correspondiente autorización después de conocer los datos que manejaba la investigación. La magistrada acordó que la Policía aprehendiera toda la documentación hallada, informaron fuentes jurídicas. Agentes de la Policía Nacional, ayer, en la incautación de documentos a los Mossos d Esquadra PEP DALMAU SEDICIÓN El fiscal se opone a liberar a los líderes de ANC y Òmnium L. P. A. MADRID La Fiscalía de la Audiencia Nacional se opone a la liberación de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, los líderes de las asociaciones soberanistas ANC y Òmnium Cultural, encarcelados para evitar su fuga y que sigan delinquiendo. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, quien acordó su ingreso en prisión preventiva, les imputa un delito de sedición por el acoso a la Guardia Civil el 20 de septiembre. El Ministerio Público quien solicitó la medida cautelar más grave tras la declaración de los Jordis ante la juez insiste en que deben seguir en la cárcel, según han informado fuentes fiscales. La Fiscalía fue cuestionada tras recibir los recursos de los dos investigados la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, a la que han apelado Sánchez y Cuixart. Ambos alegaron que no existen motivos que justifiquen la prisión preventiva. La magistrada atribuye a Sànchez y a Cuixart un rol esencial en la estrategia del secesionismo para conseguir la independencia por vías ilegales. Según los indicios acumulados por los investigadores, ambos controlaron la congregación de personas que se concentró ante la Consejería de Economía de la Generalitat. Los concentrados trataron de evitar que la Guardia Civil, que registró varias sedes de la Generalitat, realizara su labor. Con su movilización, retrasaron la salida de la comitiva judicial y destrozaron tres vehículos oficiales de la Guardia Civil, con unos daños tasados en 135.600 euros. Los investigados alegan que la manifestación fue pacífica y festiva

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