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ABC MADRID 20-10-2017 página 22
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  • EdiciónABC, MADRID
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22 ESPAÑA El desafío soberanista VIERNES, 20 DE OCTUBRE DE 2017 abc. es espana ABC El referéndum ilegal ABC ABC ABC Agresiones a la Guardia Civil El domingo 1 de octubre, en Sant Esteve de Sesrovires (Barcelona) los pacíficos concentrados a las puertas de los colegios electorales respondieron a la Guardia Civil, que actuaba para cumplir con las resoluciones judiciales, con agresividad. Uno de los pacíficos propinó una patada en la cabeza a un agente que estaba reteniendo a otra persona y le intentó quitar el arma. Un aspirante a mosso pateó la cabeza de un guardia civil el 1- O La Benemérita recaba los audios entre los agentes de la Policía autonómica en Lérida D. TERCERO BARCELONA Agentes de la Guardia Civil, actuando como policía judicial y acompañados de un secretario judicial, obtuvieron ayer pruebas en la comisaría de Lérida de los Mossos d Esquadra en el marco de la operación judicial que investiga si la policía autonómica actuó correctamente o con pasividad durante el referéndum ilegal del 1 de octubre. El Juzgado de Instrucción número 4 de Lérida ofició a la Benemérita para hacerse con las grabaciones de la centralita de comunicaciones de la comisaria ilerdense durante el 1- O, incluyendo horas antes y horas después del inicio y cierre de la jornada electoral. Además, los agentes se hicieron con el volcado de información de teléfonos móviles de dos mandos y un agente de los Mossos d Esquadra. Este ma- gistrado también está tramitando una querella de varias personas contra la actuación el 1- O de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Este operativo judicial se lleva a cabo dos días después de que la Guardia Civil acudiera al edificio del servicio de emergencias 112 de la Generalitat, en Reus (Tarragona) a buscar las cintas de las comunicaciones internas de los Mossos d Esquadra el 1- O, en otra investigación paralela abierta por un juzgado de Gandesa (Tarragona) La Fiscalía deja de colaborar con los Mossos desde hoy La Fiscalía Provincial de Barcelona informó ayer a la Consejería de Interior de la Generalitat de que los fiscales y el resto del personal dejarán de dar clases en el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña (ISPC) la escuela de policía de los Mossos d Esquadra, las policías locales, los Bomberos y los miembros de Protección Civil, a partir de este mismo curso académico que hoy se inicia. La fiscal jefa de Barcelona, Ana Magaldi, comunicó la decisión a los responsables del ISPC en base al clima político existente con la Generalitat a punto de ser intervenida y a que el mayor de los Mossos es investigado por la Audiencia Nacional. rante el dispositivo policial del 1- O y con el de este miércoles son ya tres las personas fichadas acusadas de atentados contra la autoridad, resistencia, desobediencia y amenazas. El último de los fichados actuó contra un agente del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) número 2 de Sevilla, que procedía al arresto de otra persona que acababa de propinar una patada a otro guardia civil que había caído al suelo. En ese momento explicó la Guardia Civil, se aproximó este individuo y sin mediar palabra propinó una fuerte patada a uno de los guardias civiles que se encontraban deteniendo a la otra persona, huyendo a continuación AI defiende a los Jordis Por otro lado, Amnistía Internacional (AI) cree que son excesivos los cargos de sedición contra Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, en prisión provisional por los hechos del 20 de septiembre, y pidió que fueran excarcelados. En un comunicado, AI aseguró que la situación de los Jordis constituye una práctica de restricciones excesivas de su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica Y añadió que, sin cuestionar la decisión del Tribunal Constitucional de anular la ley del referéndum, la sedición es un delito definido de una manera muy general que abarca una amplia variedad de actos, y que además puede comportar penas de hasta 10 años de cárcel Patada en la cabeza También en relación al 1- O, ayer se supo que un hombre de 22 años fue detenido este miércoles acusado de propinar una patada a un agente de la Benemérita durante la jornada electoral del referéndum ilegal. En este sentido, el detenido puesto en libertad tras tomarle declaración es un aspirante a formar parte de los Mossos d Esquadra y lamentó que su situación le pueda acarrear problemas para acceder al cuerpo policial autonómico, según informa Ep. Los hechos se produjeron en Sant Esteve de Sesrovires (Barcelona) du- TRIBUNAL DE CUENTAS Mas dispondrá de 15 días para pagar su fianza por el 9- N S. E. MADRID La Unidad de Actuaciones Previstas del Tribunal de Cuentas resolvió ayer conceder 15 días más de plazo al expresidente de la Generalitat Artur Mas para depositar los más de tres millones de euros que le restan aún pagar como fianza por haber usado fondos públicos para la consulta independentista de noviembre de 2014. Una información que fue avanzada ayer por ABC. La ampliación del plazo había sido solicitada por el propio Mas tras acre- ditar ante el órgano de fiscalización contable el ingreso de 2,2 millones de euros, si bien el total de la fianza asciende a 5,25 millones de euros. El nuevo plazo supone 15 días hábiles y cuentan a partir de que Mas y el resto de investigados por estos gastos presuntamente irregulares reciban el documento con la respuesta que les ha emitido este tribunal contable. El escrito del abogado de Mas pidiendo más plazo se remitió también en nombre del resto de afectados: los exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau, y cinco funcionarios del Govern. En él se solicitaba una ampliación del plazo inicial atendiendo a los medios económicos de los presuntos responsables y añadía que con la aportación de este lunes considera demostrada la voluntad de depositar la totalidad, informa Ep. No hay sentencia El letrado también aclaraba en su escrito que la cantidad ingresada tiene únicamente la estricta finalidad de responder al requerimiento de garantizar la responsabilidad establecida provisionalmente y no tiene el carácter de reintegro, ya que todavía no hay sentencia. La cifra total reclamada 5.251.948,17 euros responde a los gastos de la organización del referéndum, unos 4,8 millones de euros, más los intereses generados desde la fecha de la consulta hasta el momento de la imposición de la fianza, que suponen alrededor de 400.000 euros. El Tribunal de Cuentas impuso el pasado 25 de septiembre esta fianza, con el objetivo de garantizar que se reintegren a las arcas públicas del dinero gastado, en caso de que sean finalmente condenados. El tribunal había fijado inicialmente semana para que los denunciados afiancen las cantidades impuestas, y de no hacerse, procederían al embargo de los bienes de los responsables del 9- N.

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