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ABC MADRID 01-10-2017 página 24
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  • EdiciónABC, MADRID
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24 ESPAÑA El desafío soberanista La respuesta legal DOMINGO, 1 DE OCTUBRE DE 2017 abc. es espana ABC El cerco judicial asfixia los planes independentistas El Estado de Derecho pisa los talones a Puigdemont, que acabará inhabilitado NATI VILLANUEVA MADRID FISCALÍA SUPERIOR DE CATALUÑA Puigdemont y Forcadell, fuera de la política El Ministerio Público ha llevado las riendas de la investigación del 1- O hasta el 27 de septiembre, cuando la juez Mercedes Armas asumió el control de la causa. El fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, ha sido el autor de varias instrucciones trascendentales que frustraron los preparativos del referéndum ilegal. Entre ellas destacan la orden al major de los Mossos d Esquadra, Josep Lluis Trapero, de hacerse con el control de los colegios (avalada luego por la juez Armas) o la de abrir atestados contra autoridades o funcionarios por no acatar la orden de suspensión acordada por el TC. La Fiscalía también actuó contra 712 alcaldes rebeldes e interpuso las querellas contra Puigdemont y Forcadell entre otros. TRIB. SUP. DE JUSTICIA DE CATALUÑA Desde que los independentistas anunciaron su intención de celebrar un referéndum por encima de la Constitución y del mandato del órgano de garantías, los poderes del Estado han reaccionado con prudencia ante el mayor desafío planteado nunca en democracia. Gobierno, Fiscalía, juzgados y tribunales y el Constitucional han aunado sus esfuerzos para hacer cumplir la ley. A diferencia del 9- N, el frente judicial ha sido uno de los grandes protagonistas de esta actuación, que, a la vista de la flagrante desobediencia en la que han incurrido y siguen incurriendo altos cargos y funcionarios de la Generalitat, va a tener un largo recorrido. La justicia pisa los talones al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que en cualquier momento podría ser detenido. Estas son las actuaciones judiciales que han conseguido acorralar a un gobierno que ya no tiene cabida en democracia. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Directo al corazón de la consulta: colegios precintados Desde este tribunal superior, la juez Mercedes Armas ha tomado en los últimos días decisiones cruciales que han dado al traste con los planes de la Generalitat; las últimas, precintar los colegios electorales y anular las plataformas de voto electrónico y de recuento. El pasado 27 de septiembre esta magistrada cogía las riendas del 1- O, una investigación hasta ese mo- Los Mossos ya tienen el control de los colegios electorales mento en manos de la Fiscalía. Armas aceptó la competencia para instruir la preparación y celebración de la consulta ilegal en el marco de una causa que ya instruía: la querella del Ministerio Público contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los miembros de su gobierno por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación. Este último, penado con cárcel, es el que podría justificar la detención de Puigdemont como medida cautelar si así lo solicitara la Fiscalía, pues la juez no podría acordarla de oficio. Hay una segunda querella en el TSJC, la que recayó en la juez María Eugenia Alegret. Se dirige contra la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa por prevaricación y desobediencia. JUZG. INSTRUCCIÓN 13 DE BARCELONA Suspensión del 1- 0 y sin junta electoral para la pantomima Garantizar la unidad de la institución en un asunto de este calado es vital para los magistrados del órgano de garantías, máxime cuando los independentistas podrían refugiarse en votos particulares para promover actuaciones victimistas y judiciales en órganos europeos. El TC se ha movido con prudencia y proporcionalidad desde su primera decisión de calado (la suspensión del referéndum) hasta la última, en la que por primera vez hizo uso de herramientas coercitivas. La imposición de multas de hasta 12.000 euros a los miembros de las juntas electorales provocó la disolución de la sindicatura al completo y la dimisión, vestida de cese del número dos de Junqueras, Josep Maria Jové. Aunque no puede tomar decisiones de carácter penal, sí dedujo testimonio (puso en el punto de mira de la Fiscalía) contra la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y otros cuatro miembros de la Mesa por permitir la tramitación de las leyes del referéndum. Si finalmente se aprueba la declaración de independencia con la que amenaza Puigdemont, será el Pleno del TC el que tenga que estudiar la impugnación que presente la Abogacía del Estado. El CGPJ exige a la Generalitat que deje trabajar a los juzgados de guardia La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, reunida en sesión extraordinaria, recordó anoche a la Generalitat que hoy tiene que facilitar y poner a disposición de todos los juzgados de guardia de este territorio todos los medios personales y materiales precisos para que dicho servicio se preste desde la 8 de la mañana En caso contrario, el consejero de Justicia podría incurrir en responsabilidad penal, señala. El acuerdo ha sido adoptado después de que el Departamento de Justicia de la Generalitat haya comunicado al TSJ de Cataluña que no prevé ningún operativo excepcional para la jornada del 1O ni cree justificado modificar el servicio de guardia habitual. El CGPJ tiene constancia de que la gran mayoría de los jueces que prestan servicio de guardia hoy y mañana han adoptado la decisión de adelantar a las ocho de la mañana el comienzo del servicio (los domingos empieza a las diez) y así se lo han comunicado al personal de seguridad encargado del control de acceso a los edificios. El incumplimiento por parte de la Generalitat del deber legal que le corresponde de proporcionar al Poder Judicial en Cataluña los medios precisos afectaría a uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho, y que resulta imprescindible para el normal desarrollo de una sociedad democrática y civilizada señala el CGPJ. Del censo paralelo a los registros de las imprentas El procedimiento que se instruye en este juzgado lleva abierto desde febrero, cuando su titular, Juan Antonio Ramírez, admitió la denuncia de un particular contra el entonces senador y juez proindependentista Santiago Vidal, quien aseguró que la Generalitat tenía un censo paralelo al oficial con datos fiscales de los catalanes. Meses después desde este juzgado se han llevado a cabo las detenciones de altos cargos y funcionarios de la Generalitat y los registros de imprentas y otros organismos de Barcelona. JUZG. INSTRUCCIÓN 15 DE BARCELONA La sindicatura electoral, imputada al completo La investigación responde a la querella que interpuso la Fiscalía contra los cinco miembros de la Sindicatura Elec-

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