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ABC MARTES, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017 abc. es conocer SOCIEDAD 45 Convivieron con los cadáveres La Junta no advirtió riesgo de desamparo en los hijos de la pareja muerta en Huelva La familia había sido tratada por los Servicio Sociales del Gobierno andaluz M. ROSA FONT HUELVA Los servicios sociales dependientes de las distintas administraciones no advirtieron señales que hicieran saltar las alarmas en el núcleo familiar que encabezaba Rocío Aguilar y que acabó por estallar hace apenas tres días en La Zarza (Huelva) La mujer y su pareja se quitaban la vida por ingesta masiva de fármacos en una habitación de la casa ubicada en el número 2 de la calle San Roque. En ella residían junto a los cuatro hijos menores de la fallecida, que convivieron durante al menos cinco días con los cadáveres y el olor insoportable, que traspasaba las puertas hasta alcanzar la calle. No hay constancia por los servicios educativos, el Ayuntamiento, los Servicio Sociales o la Policía, de ningún desamparo de los niños afirmaba ayer el delegado del Gobierno andaluz en Huelva, Francisco José Romero, tras anunciar que la Junta acababa de abrir un expediente informativo para conocer la situación de los niños. No tomaba pastillas ni para un dolor de muelas y de repente se traga un bote... no me cuadra apunta una de sus amigas. Rocío no tenía problemas de adicción alguno (ni de alcohol ni de otros tóxicos) pero sí mucha carga: mantener a unos hijos de los que cuidaba dice su entorno y a su pareja, a la que conoció hace casi dos años, un militar pensionado por un accidente, que dependía de ella, incluso para bañarse Esta misma fuente afirma que su pareja la trataba mal y la había aislado de sus amistades, a las que veía en la calle. No quería que hablara con nadie. Yo misma dejé de ir por las caras que me ponía él afirma. Rocío llegó a la Zarza, de donde era originaria, junto a sus cuatro hijos de entre seis y 14 años y su pareja para quedarse en casa de su abuela. No pudo ser. La vivienda estaba casi en ruinas y los techos podían venirse abajo. La dueña de un hostal le ofreció una habitación gratis, en la que pasaron varios días, y en este tiempo llamó a las puertas de la Entidad Local Autónoma de La Zarza para lanzar un SOS. Aunque no se comunicó al Ayuntamiento de Calañas, se tramitó la ayuda, y se mudaron a la casa de San Roque estaba llena de cajas pendientes de abrir, cuando el casero descubrió los cadáveres. Ahora, tras las muertes, sale a la luz que la pareja pasó por manos de equipos de tratamiento familiar de la Junta en Huelva capital, donde vivían con anterioridad a su marcha a la Zarza, y, según el delegado, tendrían sus actuaciones pertinentes por parte de los técnicos y personal de la Junta Fuentes del entorno de los fallecidos indicaron a ABC que la última conexión por whatsapp desde el teléfono de Rocío se estableció a última hora de la noche del lunes 11 de agosto, aunque sin poder determinar quién hizo esta conexión. La autopsia determinará si ambas muertes se produjeron en la misma franja horaria o en otro momento. Ese 11 de septiembre fue el primero de clase en su nuevo destino para los niños, en el Colegio Santa Bárbara, desde cuya dirección se afirma que dieron aviso a los Servicios Sociales y a la Guar- Fotografía familiar de Rocío Aguilar, la mujer fallecida en La Zarza ABC Carga familiar Rocío no tenía ningún problema de adicción, pero sí mucha carga familiar, según su entorno dia Civil cuando advirtieron, en los días posteriores, la situación de los niños. Al principio no notaron nada, pero sí a los pocos días. Tengo hambre dijo uno de los pequeños. El centro se encargó de proporcionarles alimentos y hacer todo lo posible por su estado emocional La llamada a la Guardia Civil se hizo porque tardaban en ir a buscarlos a la salida de clase. Una patrulla llegó a ir a la casa ese día y el ma- yor de los hermanos dijo a los agentes que estaban durmiendo la siesta La Oficina del Defensor del Pueblo andaluz, que dirige Jesús Maeztu, ha abierto una queja de oficio tras conocer las muertes de Rocío y José Antonio, y ha solicitado tanto al Ayuntamiento de Calañas como a la Diputación Provincial de Huelva sendos informes del conocimiento que tenían de la familia. Abuso en las retiradas de custodia El Defensor del Pueblo andaluz investiga la tutela de menores J. J. BORRERO SEVILLA La actuación de la Junta en relación con el suceso de La Zarza abre un nuevo frente para los servicios sociales andaluces. La semana pasada, el Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu Maeztu, se hacía cargo de la queja presentada por las tres familias de seis menores tutelados por la Junta. En ella, los afectados pedían investigar el uso abusivo y descontrolado de las declaraciones de desamparo y los métodos de los equipos encargados de la retirada de los niños. Según la denuncia de las familias, creen que la Junta recurre a la retirada de la custodia porque es más barata que un expediente de riesgo, que exige intervenir con la familia. La mayoría de las denuncias de este tipo se concentran en Sevilla donde hay varios llamativos antecedentes en los últimos veinte años que, a veces, han finalizado con condenas y multas millonarias para la Administración. Uno de los más conocidos fue el de Carmen Fernández, limpiadora del barrio de las Tres Mil Viviendas en Sevilla, a la que la Junta le retiró en 1996 la custodia de sus hijos, Iván y Sara, de 6 y 4 años, alegando desamparo por su alcoholismo. Carmen demostró su total rehabilitación; sin embargo, ni el Juzgado de Familia ni los servicios sociales dieron marcha atrás al proceso de preadopción de los pequeños a una familia de Dos Hermanas. Carmen murió sola en Madrid en 2007 aquejada de un cáncer de pulmón que una sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla consideró consecuencia del sufrimiento soportado, del calvario que pasó para recuperar a sus hijos.