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ABC MARTES, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017 abc. es economia ECONOMÍA 37 El hundimiento de la acción del Popular, paso a paso En euros por acción 3,0 El Popular anuncia una ampliación de capital de 2.505 millones de euros para sanearse 2,4 La dirección aprueba la creación de un banco malo que no llega a constituirse El banco cesa a Francisco Gómez como consejero delegado y eg nombra a Pedro Larena a Ángel Ron dimite como presidente de la entidad El banco anuncia unas pérdidas de 3.485 millones en 2016. Emilio Saracho toma las riendas Saracho admite que el futuro Popular pasa por otra ampliación o su venta Las autoridades intervienen el Popular, lo resuelven y lo res venden por un euro al eu Santander S 2,113 1,8 1,2 0,6 PRESIDENTE Ángel Ron (hasta enero 2017) 0 PRESIDENTE E Emilio Saracho (Marzo- Junio 2017) (M Enero Febrero Marzo Abril 2017 Mayo 0 0,317 Junio Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 2016 Noviembre Diciembre Fuente: Banco Popular y CNMV ABC Anticorrupción pide al juez separar la investigación a Ron y a Saracho La Fiscalía aprecia indicios de que las antiguas cúpulas del Banco Popular manipularon el mercado con datos falsos y engañaron a los inversores L. P. ARECHEDERRA M J. PÉREZ MADRID Adicae se querella contra la excúpula del Popular por la caída del banco La asociación de consumidores Adicae presentó ayer una querella contra los expresidentes de Banco Popular Ángel Ron y Emilio Saracho, y otros dieciséis consejeros por presunta estafa al inversor, falsedad contable y administración desleal, delitos que habrían propiciado la caída de la entidad. Adicae afirma que los gestores habrían incurrido en otros delitos económicos: uno contra el mercado de valores por el posible falseamiento o desinformación sobre la situación de la cartera, así como maquinación para alterar los precios de sus acciones en Bolsa. A estos achaca además un posible uso de información privilegiada dentro del Consejo con el fin de hacerse con el control del banco os investigaciones separadas, para simplificar y agilizar la causa que resuelva qué sucedió en el seno de Banco Popular. Eso es lo que pretende la Fiscalía Anticorrupción, que ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que separe las investigaciones a los antiguos dirigentes de la entidad financiera. En un escrito, fechado el pasado 20 de septiembre, el fiscal Anticorrupción Antonio Romeral defiende la competencia de la Audiencia Nacional para investigar la caída de Banco Popular y la división de la investigación en dos piezas: una para indagar en la ampliación de capital de la entidad en 2016, cuando era presidente Ángel Ron; y otra para esclarecer si los exdirectivos filtraron información para que el valor de la acción descendiera, con Emilio Saracho ya en la presidencia. La Fiscalía se pronuncia así en el escrito en el que pide al juez que admita a trámite las querellas presentadas contra Ron y Saracho por los afectados por la caída del banco, que fue traspasado al Banco Santander por un euro tras ser intervenido por Bruse- D las. El juez Andreu aún no ha decidido si admite las querellas e inicia por tanto la investigación contra los antiguos responsables del Popular, que podrían ser imputados en el caso de que el magistrado admita las querellas. Según la tesis de Anticorrupción, la actuación de los dirigentes del Popular en el ejercicio 2016 podría suponer un delito de estafa a inversores, castigado en el artículo 282 bis del Código Penal, el mismo crimen por el que el Ministerio Público pide cinco años de prisión para Rodrigo Rato en el caso Bankia, por falsear la información de la salida a Bolsa de la entidad en 2011. Para captar el capital de los potenciales inversores, Banco Popular proporcinó a estos, a través de los folletos de inversión, una información de sus estados contables y financieros que no reflejaba la verdadera situación económica de la entidad, de suerte que, de haber reflejado la imagen fiel no se habría efectuado la inversión en los términos y condiciones que lo fue señala el fiscal Romeral, que alega que los banqueros realizaron meses después diversos ajustes contables que destaparon la situación real. Este supuesto falseamiento de la información aportada a los accionistas siempre según los indicios por el que sería investigado Ron y su equipo de consejeros, se realizó para ampliar capital por un importe de 2.505,5 millones de euros, en 2016. Los afectados los accionistas perdieron todo el valor de su inversión tras la intervención de Bruselas, que liquidó el banco ante el riesgo de quiebra e insolvencia se sienten engañados por los dirigentes. El Ministerio Público justifica que la investigación de esta operación se aborde en la pieza principal, por la complejidad de los hechos y las personas investigadas según el escrito. Grave repercusión La segunda pieza debería investigar la campaña de desprestigio del Popular que han denunciado los afectados, que han presentado una treintena de querellas. Anticorrupción considera que la filtración de informaciones falsas, con el objetivo de hacer caer el valor de la cotización de sus acciones y obtener así importantes beneficios podría suponer un delito de manipulación del mercado, castigado en el artículo 284 del Código Penal con entre seis meses y dos años de prisión. Esta causa afectaría a Saracho y sus consejeros, contra quienes se ha querellado, entre otros, la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas. La Fiscalía justifica la competencia de la Audiencia Nacional para investigar lo sucedido por la grave repercusión en la economía nacional de la caída del Popular, tanto por el montante de la inversión de la ampliación de capital de 2016, como por los miles de accionistas potencialmente perjudicados y el descrédito y desconfianza generados en el sistema financiero. Desconfianza financiera Los miles de perjudicados y el descrédito del sistema justifican la investigación en la Audiencia Nacional