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ABC MADRID 22-09-2017 página 34
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34 ESPAÑA VIERNES, 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 abc. es espana ABC Investigan a Alfonso Grau por la financiación del PP de Valencia El juez imputa a la tesorera del partido, pero la prescripción le impide citar a Bárcenas ROSANA B. CRESPO VALENCIA Principales investigados entre ellos la prescripción de los delitos. Es el caso del que fuera tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas, que solo podría ser llamado como testigo. Durante 2007 ocupaba el cargo de administrador único de las candidaturas electorales, por lo que se le podría atribuir responsabilidad penal por falsedad en la contabilidad. Por el delito electoral ya fue llamado el gerente del PP en la provincia de Valencia durante 2007 y 2011, José Antonio Moscardó, puesto que este no se le puede aplicar a los partidos políticos según la ley, sino solo a personas físicas. Alfonso Grau se enfrenta a una nueva imputación en el caso Taula. El juez Víctor Gómez ha citado al exvicealcalde de Valencia para el próximo 6 de octubre por malversación, cohecho y un presunto delito electoral continuado en el PP de la ciudad desde el año 2007. También tendrán que declarar como investigados el día 16 del mismo mes la actual tesorera nacional del PP, Carmen Navarro, y el exgerente provincial del PP de Valencia, José Antonio Moscardó. El 6, junto a Grau, lo hará el exconcejal en el ayuntamiento de la ciudad Juan Eduardo Santón Moreno, quien controlaba una de las fundaciones que donó dinero para la campaña. Estas nuevas citaciones se producen en el marco de la subpieza relativa a la financiación del PP de Valencia en la campaña de 2007, que trata de determinar un delito electoral continuado que también se habría producido en los siguientes comicios de 2011 y 2015 en los que igualmente venció Rita Barberá A su vez, tendría relación directa con el supuesto blanqueo de capitales en el seno del grupo municipal por el que medio centenar de concejales y asesores se encuentran imputados al haber realizado donaciones de mil euros para las campañas que les habrían sido devueltas en dos billetes de 500. El último informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitió al juzgado arroja como principal conclusión que el PP recibió dinero de forma ilegal para la campaña de 2007 con Alfonso Grau y el administrador de la empresa de comunicación Laterne, Vicente Sáez Tormo fallecido como responsables clave. Delito en 2007, 2011 y 2015 En opinión del magistrado, pudo ser consciente en su condición de gerente de la financiación ilícita de la campaña electoral y pudo tener una conducta omisiva determinante y colaborativa en un posible falseamiento de las cuentas La forma de actuar, además, entroncaría con los hechos de 2011, con lo que el delito habría sido continuado. Motivo por el que también es llamada a declarar como investigada la actual tesorera nacional del PP, Carmen Navarro, quien fue administradora general de las candidaturas en 2011 y 2015. La citación, sin embargo, supone un error para el PP porque no está justificada y no descarta emprender acciones legales. Una situación similar a la de Bárcenas se da con los empresarios que habrían realizado aportaciones económicas y a los que podría atribuirse el delito de cohecho. Pero la responsabilidad penal multa y suspensión también está prescrita. A diferencia de los anteriores, los delitos que se investigan respecto al exvicealcalde de Valencia no se encuentran prescritos debido a la conexidad de los hechos. Es decir, aunque se enmarquen en 2007, los diversos delitos que habría cometido iban encaminados, en opinión del juez, a un mismo fin, por lo que su prescripción no se puede dar por separado. POOL ÓSCAR DEL POZO ALFONSO GRAU EXVICEALCALDE DE VALENCIA CARMEN NAVARRO TESORERA NACIONAL DEL PP El exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau aparece como pieza clave en la presunta financiación ilegal del PP de Valencia que investiga el juez. En 2007 habría sido el encargado de recaudar las donaciones irregulares para la campaña electoral. La actual tesorera del PP, Carmen Navarro, figuraba como administradora general de las candidaturas en 2011 y 2015, años en los que se investiga si hubo un delito electoral continuado. Delito que no se puede atribuir al partido, solo a personas físicas. cia de un actuar, concertado y de cierta complejidad, para la obtención de fondos con los que financiar por encima del límite legal, y por lo tanto ilícitamente, gasto electoral de la campaña de 2007 El auto del magistrado realiza una diferenciación entre aquellas personas que pueden ser citadas como investigadas y aquellas que no pese a la sospecha de implicación en toda esta trama por diferentes motivos, AUDIENCIA NACIONAL Donaciones ilegales Esta mecánica se habría llevado a cabo a través de contratos suscritos con Laterne, la cual habría servido para recoger aportaciones económicas de empresas, fundaciones y asociaciones que sufragaran la campaña. El coste oficial de los gastos era de 150.000 euros, mientras en los escritos de la propia empresa el total aumenta hasta los más de 2,5 millones de euros. El papel del exvicealcalde de Valencia habría sido gestionar la contratación con Laterne, pero también supervisar todos los trabajos. A él se apunta nuevamente como el recaudador del dinero irregular. Los hechos que describe la Guardia Civil suponen para el juez la existen- Dos altos cargos de Pujol serán condenados a dos años de cárcel LUIS P. ARECHEDERRA MADRID Dos antiguos altos cargos de la Generalitat de Jordi Pujol, Macià Alavedra y Luis Prenafeta, serán condenados a dos años de prisión por una causa de corrupción urbanística en municipios de Barcelona. La Fiscalía Anticorrupción modificó ayer en la fase del juicio para expresar su tesis final su petición para los once acusados en el caso Pretoria, una vista que enjuicia a una trama corrupta que colonizó la actividad urbanística en Santa Coloma de Gramanet, Badalona y San Andrés de Llavaneras en el auge de la era del ladrillo, entre 2001 y 2009. El antiguo consejero de Presidencia de la Generalitat Prenafeta y el exconsejero de Economía Alavedra reconocieron en la vista oral que cobraron comisiones a cambio de mediar a favor de la trama dirigida por el antiguo diputado del PSC Luis Andrés García, alias Luigi empleando para ello sus contactos políticos en Cataluña. El Ministerio Público, que en un principio pedía seis años de prisión para ellos, les acusa de dos delitos de tráfico de influencias y de blanqueo de capitales. Por confesar, la fiscal ha rebajado su acusación a dos años de cárcel, lo que permitirá que los dos antiguos hombres fuertes de Pujol eviten ingresar en prisión. Para que resarzan el perjuicio causado, el Ministerio Público solicita que Prenafeta abone una multa de 5,83 millones de euros, y que se le incauten 5,19 millones por las ganancias conseguidas con los delitos. Alavedra, cuya confesión condicionó a Prenafeta, deberá abonar una multa de 3,24 millones de euros y le serán decomisados otros 3,24 millones de euros. Dos empresas (Poliafers y Versabitur) responderán si no cumplen. Aun así, la Fiscalía ha elevado su petición para el cabecilla de la red, Luigi hasta los 13 años de cárcel, y para el antiguo alcalde de Santa Coloma Bartomeu Muñoz, para quien solicita ocho años y cuatro meses y cuyas fechorías quedaron evidenciadas en la vista al escuchar sus conversaciones con otros acusados.

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