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ABC MADRID 14-09-2017 página 16
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  • EdiciónABC, MADRID
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16 ESPAÑA JUEVES, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017 abc. es espana ABC EL GOBIERNO QUIERE FRENAR La Moncloa da otros dos avisos a los interventores para cumplir la Ley Remite a todos los consistorios catalanes dos nuevas cartas con las advertencias del fiscal y un llamamiento a la responsabilidad MARIANO CALLEJA MADRID E l Gobierno de Rajoy ha enviado dos nuevas cartas a los secretarios e interventores de los 947 ayuntamientos de Cataluña, en las que notifica las advertencias de la Fiscalía sobre las consecuencias penales que tendría cualquier acto dirigido a celebrar el referéndum ilegal del 1 de octubre, y hace un llamamiento a la responsabilidad de los funcionarios. Es un nuevo aviso a navegantes, van cuatro desde julio, con el que el Gobierno quiere afianzar el cumplimiento de la ley en los consistorios, cuando hay más de 700 que han mostrado su disposición a colaborar con los fines independentistas, a pesar de las prohibiciones del Tribunal Constitucional. Los ayuntamientos son clave para frenar el referéndum. Su papel es crucial. Si la consulta no tiene soporte municipal dudamos mucho que puedan hacerla advirtieron fuentes de Presidencia. Interior envía a medio millar de antidisturbios El Ministerio del Interior sigue adelante con el despliegue especial de policías y guardias civiles en Cataluña para cumplir el mandato de la Fiscalía y prevenir problemas de seguridad. El dispositivo se mantiene en secreto oficialmente, pero desde ayer son ya 550 los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) enviados desde distintos puntos de España, según confirmaron fuentes policiales a ABC. Ayer partieron 150 agentes que se sumaron a los 400 enviados la semana pasada, antes de la Diada desde sus unidades en Sevilla, Madrid, Valencia, Zaragoza, Bilbao y Valladolid. A ese más de medio millar hay que añadir otros 150 de Barcelona. La cifra supera el último gran despliegue en Madrid por la investidura de Rajoy, con 600 funcionarios. Mariano Rajoy, en la sesión de control de ayer en el Congreso Advertencia de la Fiscalía Esta semana el Ministerio de la Presidencia ha enviado una carta a todos los interventores municipales para advertirles de las actuaciones previstas por el fiscal en caso de favorecer el referéndum Apoyo del Gobierno En la nueva misiva enviada el martes, a la que ha tenido acceso ABC, el Ministerio de la Presidencia, a través de la Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales, se dirige a los secretarios e interventores municipales, funcionarios bajo potestad del Estado, muchos de ellos interinos, para informarles de las actuaciones anunciadas por la Fiscalía de Cataluña y su advertencia clara: Cualquier conducta de autoridades, funcionarios públicos o de particulares en connivencia con los anteriores, dirigidas a tal fin (organización del referéndum) será indiciariamente constitutiva de los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos (este último penado con hasta ocho años de prisión y hasta veinte de inha- bilitación, según subraya el fiscal) Ayer, La Moncloa envió otra carta a los interventores, la tercera en una semana y la cuarta desde julio. En este escrito, que como los anteriores se adelanta por mail y luego se envía por correo, el Gobierno reitera su apoyo y confianza en que se respete el marco constitucional y estatutario en ese Ayuntamiento, ante la convocatoria por parte del Gobierno de la Generalitat de un referéndum ilegal El Ejecutivo recuerda a los funcionarios que el referéndum y los decretos que lo desarrollan han sido suspendidos por el TC, por lo que no le obliga ninguno de sus preceptos Queda fuera de toda duda la ilegalidad de cualquier acto dirigido a llevar a cabo el referéndum, por lo que ningún Ayuntamiento podrá ceder locales de titularidad municipal para las votaciones ni ceder espacios públicos para la colocación de publicidad o para la celebración de actos sobre la consulta advierte Presidencia. Es un llamamiento a la responsabilidad El Gobierno ha enviado algo más de mil cartas en cada comunicación, ya que en algunos casos se dirigen a se- cretarios e interventores por separado. Cada misiva tiene acuse de recibo obligatorio, por lo que nadie puede alegar que no conoció las cartas. La mayoría no responde, pero hay medio centenar, de media, que sí lo hace. Apenas una docena ha pedido ayuda al Gobierno, quien ha ofrecido a los interventores y secretarios los informes jurídicos necesarios para respaldar las advertencias sobre la legalidad que puedan hacer a los alcaldes rebeldes. Pero también hay casos, La Moncloa los cifra en unos treinta, que contestan fuera de tono, alguno con chu-

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