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ABC MADRID 09-08-2017 página 52
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52 MADRID MIÉRCOLES, 9 DE AGOSTO DE 2017 abc. es espana madrid ABC La Ley de Documentos fijará sanciones para los casos de extravío Se empieza a tramitar tras perderse contratos de la Púnica, aunque Sol niega la relación SARA MEDIALDEA MADRID El Gobierno regional de Cristina Cifuentes ha iniciado la tramitación de una nueva Ley de Archivos y Documentos de la región, cuyo primer borrador acaba de ser publicado en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid para iniciar un periodo de consulta pública de 15 días. La ley limitará la externalización de la guardia y custodia de documentos públicos, y aplicará sanciones para los casos en que estos se extravíen por falta de diligencia en la vigilancia explicó el consejero de Presidencia y Justicia, Ángel Garrido. El borrador se conoce apenas un mes después de saberse que se habían perdido varios documentos del caso Púnica tal y como reconocieron las autoridades regionales al juez que les reclamaba los papeles, una serie de contratos de la empresa pública Nuevo Arpegio. No obstante, desde el Gobierno regional negaron que la nueva norma que ahora comienza a tramitarse tenga alguna relación con estos hechos. En su explicación, alegaron que la actual norma que regula este tema data de hace 25 años, y no contempla, por ejemplo, lo relativo a documentos electrónicos ni tampoco a los de la consejería de Justicia, dado que antes esas competencias no eran de la Comunidad de Madrid. Además, tampoco se ha realizado el desarrollo reglamentario de la ley de 1993. O se hacía el reglamento o se hacía una nueva ley, y se ha optado por esta segunda fórmula explicaron fuentes del Gobierno regional. el asunto, señaló que parte de esa labor de guardia y custodia está externalizada en alguna consejería aunque no precisó en qué áreas. Matizó que la norma establecerá claramente el modelo para la custodia de documentos que es obligatorio mantener y también fijará sanciones para los casos en que se produzcan extravíos por falta de diligencia en la vigilancia de esos archivos Los técnicos que inspeccionen en esta materia tendrán el carácter de agentes de la autoridad. La ley también será de aplicación en el caso de archivos privados, ya que se regulará la protección del Patrimonio Documental. Aquellas entidades que lo soliciten podrán integrarse en la Red de Archivos de Uso Público de la Comunidad de Madrid. Papeles del Canal Precisamente la documentación pública solicitada por Ciudadanos respecto a las actividades del Canal de Isabel II fue objeto de un nuevo choque entre esta formación y el Gobierno regional. El portavoz adjunto del partido naranja en la Asamblea madrileña, César Zafra, aseguró que si Cifuentes no le proporciona a su partido la información solicitada sobre la gestión del Canal, habrá denuncia: No descarto acudir a los tribunales No obstante, ha dado de plazo hasta septiembre para que facilite los papeles. Esta documentación actas de la empresa pública fue solicitada hace tres meses, pero según explicó el consejero de Presidencia y Justicia, Ángel Garrido, no se le ha facilitado porque un informe de la Abogacía General impedían la entrega de esa documentación por estar inmersa en el secreto de sumario Aseguró que se ha solicitado al juez autorización para entregarlo, y acusó a Ciudadanos de saber La presidenta regional, ayer, tras el consejo de Gobierno EFE Advertencia de Cs Amenaza con ir a los tribunales si no recibe la documentación solicitada sobre el Canal de Isabel II Secreto de sumario El Gobierno regional niega estos documentos por encontrarse bajo secreto de sumario, aseguran todo esto pero mantener sus críticas por una actitud de postureo veraniego Pero Zafra no coincide con esta tesis: El Gobierno sabe que hay varios informes de los letrados de esta Cámara y de jurisprudencia del Tribunal Supremo que dicen que tenemos derecho a esa información. Cifuentes se está escudando una vez más para no investigar todo lo que ocurre en el Canal Isabel II Acusó a la presidenta de proteger a sus compañeros que ahora mismo están en la cárcel Histórico y administrativo En la nueva Ley de Archivos y Documentos no se recogerán solo preceptos relativos a los archivos históricos, sino también lo relacionado con los administrativos, que hasta ahora no eran contemplados. Al ser una ley regional, obligará también a los ayuntamientos a seguir determinados criterios a la hora de custodiar y almacenar sus documentos públicos. Además, se especifíca que la norma limitará la externalización de este servicio, restringiendo esta a situaciones de urgencia y siempre con autorización previa de la consejería competente en materia de archivos El consejero Garrido, preguntado sobre Entre Barrio del Puerto y Hospital del Henares Nuevo cierre parcial de la línea 7 B de Metro a final de año S. M. MADRID Una vez más, la línea 7 B de Metro se cerrará por obras, esta vez parcialmente y durante un periodo de cuatro meses. Será a finales de este año y comienzos del próximo, y el motivo es la impermeabilización del túnel, según explicó ayer el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido. En esta ocasión, el corte se producirá entre Barrio del Puerto y Hospi- tal del Henares, en un total de siete estaciones de la línea. El consejo de Gobierno aprobó ayer la contratación de estas obras, que costarán 4,6 millones de euros. La línea 7 B está resultando un cúmulo de problemas para Metro. Inaugurada en 2007, comenzó a plantear problemas en 2011 al aparecer grietas en viviendas de algunas zonas cercanas. En 2014 estuvo cerrada cuatro meses entre algunas estaciones por obras de impermeabilización. En 2015, estuvo cerrada otra vez entre las estaciones de La Rambla y Hospital del Henares, cinco paradas En aquella ocasión, hubo que acometer de manera integral labores de consolidación del terreno en el entorno de un pozo de ventilación y bombeo por el que discurre el Metro, a su paso por el término municipal de San Fernando de Henares. Los trabajos no finalizaron totalmente hasta noviembre de 2016. El Gobierno regional ha reclamado a la empresa que construyó esta línea, Dragados, 20 millones de euros para la reparación de las viviendas afectadas por grietas generadas por problemas de impermeabilización.

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