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ABC MADRID 21-07-2017 página 16
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  • EdiciónABC, MADRID
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16 ESPAÑA VIERNES, 21 DE JULIO DE 2017 abc. es espana ABC Caso del 3 por ciento La corrupción lleva a la Guardia Civil al Parlamento catalán y la Generalitat El juez ordena la entrega de la agenda personal y los registros de visitas de la época de Gordó en el Gobierno autonómico, que niega su existencia ÀLEX GUBERN BARCELONA El fiscal José Grinda, a su salida ayer del Palau de la Generalitat Yo no les dejaría entrar El supuesto veto de Turull a la entrada de agentes en el Palau de la Generalitat en realidad no fue tal, ya que no se trataba de un registro sino de una petición de información motivó un inusual pique entre la expresidenta del Parlament, Núria de Gispert, que vino a criticar a su sucesora, Carme Forcadell, por, en su caso, haber dado paso franco a los agentes. Yo no les dejaría entrar. Turull les ha impedido el paso en el Palau Que entren en el Congreso, que tienen mucho más trabajo dijo de De Gispert. Luego borró el comentario. E l caso del 3 por ciento sigue cercando al PDECat, hasta el punto de que ayer agentes de la Guardia Civil entraron a recabar información en el Palau de la Generalitat y el Parlamento catalán. Una imagen impactante que, a poco más de dos meses de la pretendida consulta independentista de octubre, el soberanismo quiso leer como si se tratase de una provocación, una humillación en forma de aviso por parte del Estado de que las fuerzas de seguridad pueden llegar a donde quieran, incluso al interior del corazón institucional de Cataluña. Pese al primer impacto, pronto se tuvo conocimiento de que en realidad se trataba de un operativo ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para recopilar datos relativos a la trama de financiación irregular de la antigua CDC, en concreto la derivada que atañe al exconsejero de Justicia, y ahora diputado no adscrito en el Parlamento catalán, Germà Gordó. cidos. Ante la total ausencia de manifestantes que defendiesen las instituciones catalanas de tal ultraje como algunos se aprestaron a propagar en las redes sociales turistas de paso y periodistas aguardaron a pleno sol en la plaza Sant Jaume a que concluyese un operativo que, en el caso de la intervención en Palau, se prolongó durante ocho horas, hasta las siete menos cuarto de la tarde. Prohibición de entrada De inmediato tras conocerse la entrada de la Guardia Civil en la sede del Gobierno catalán, fuentes del Ejecutivo aseguraron que el consejero de Presidencia, Jordi Turull, había prohibido la entrada de los agentes, algo que posteriormente desmintieron fuentes de la Guardia Civil. Desde el Instituto Armado se precisó que no existió tal veto por parte de Turull, y que los primeros cinco agentes de paisano que acudieron al Palau entraron hasta donde se lo permitía el auto judicial, que no era una orden de registro sino de petición de documentación. Los agen- tes aguardaron en una sala de espera en la planta baja, al lado de las cocheras, mientras representantes del Govern recopilaban la información pedida: de manera principal, el libro de visitas de cuando era secretario del Ejecutivo. Tras comunicar a los agentes que no existía tal registro, el juez Carlos Ramos sustituye en la instrucción a Enric Anglada, jubilado en junio remitió un segundo auto reclamando la agenda personal de Gordó. Les fue entregada la oficial en soporte informático tras el volcado del servidor en presencia de un agente. El mismo procedimiento se llevó a cabo en la sede de la Consejería de Justicia, donde tampoco se conservaba el libro de visitas que, como el de Palau, supuestamen- El fiscal, en persona De manera simultánea, agentes de paisano de la Guardia Civil obviamente la imagen de agentes armados y vestidos de verde hubiese tenido una repercusión mucho mayor se personaban en el Parlament, el Palau de la Generalitat, la Consejería de Justicia y el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) La operación estuvo supervisada en persona por el fiscal anticorrupción José Grinda, al que se vio tanto en la sede de la Cámara autonómica y del departamento de Justicia como en la plaza Sant Jaume. Los agentes buscaban principalmente las agendas y los registros de visitas de la época de Gordó, tanto la de secretario del Gobierno catalán como la posterior de responsable del departamento de Justicia, documentos todos misteriosamente desapare- INVES TIGACIÓN Un caso con parentescos y amistades cruzadas À, G. BARCELONA Como en ningún otro caso bajo investigación, en la trama del 3 y en particular la derivada que afecta al exconsejero Germà Gordó, se produce un inusual sospechoso, según fuentes jurídicas cruce de amistades y parentescos entre los empresarios y políticos implicados con alguno de los jueces encargados de instruir la causa. Un nombre se repite: el juez Enric Anglada jubilado el 7 de junio Cuando el pasado enero el juez de El Vendrell que lleva el caso del 3 %lo elevó al TSJC, por la condición de aforado de Gordó, Anglada pidió ser sustituido dada su amistad con uno de los empresarios investigados, Josep Manel Bassols, y su mujer, la polémica Núria Bassols, magistrada del TSJC, nombrada en 2014 directora de Transparencia de la Generalitat y en su momento señalada por exonerar al principal implicado del caso Adigsa. De manera incomprensible, según fuentes jurídicas, el TSJC no atendió esa petición y, de forma simultánea consideró que no había base para encausar a Gordó. Ante la acumulación de indicios, una segunda petición en mayo para investigar a Gordó fue finalmente atendida. Designaron a Anglada instructor hasta que al mes siguiente colgó la toga. Las relaciones cruzadas de los imputados con la Justicia no se detienen ahí, en tanto que la mujer de Gordó es Roser Bach, miembro del CGPJ, mientras que el propio exconsejero Gordó fue quien intercedió para recolocar a la magistrada Bassols, al final ubicada en Transparencia. Su marido fue a su vez jefe de campaña de Puigdemont en las municipales de Gerona. Como coda a este entramado, una clave de por qué podría haber desaparecido el registro de reuniones del exconsejero Gordó: la encargada de su gestión era Raquel Viloca, hija del extesorero de CDC implicado en el caso Petrum y sucesor del fallecido Osàcar. El mundo es un pañuelo.

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