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ABC MADRID 09-06-2017 página 16
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16 ESPAÑA VIERNES, 9 DE JUNIO DE 2017 abc. es espana ABC El TC acusa al Gobierno de abdicar con la amnistía fiscal de 2012 El tribunal declara inconstitucional la norma, que quiebra la justicia tributaria Montoro comparecerá ante el Congreso de los Diputados, y el PSOE pide su dimisión L. P. ARECHEDERRA J. TAHIRI MADRID E l Tribunal Constitucional anuló ayer la amnistía fiscal de 2012 y acusó al Gobierno de Mariano Rajoy de hacer abdicar al Estado al perdonar a los defraudadores para recaudar más, una medida con la que se pretendía ayudar a reducir el déficit público. En una sentencia, el tribunal garante de la Constitución declaró inconstitucional la normativa fiscal y estimó un recurso del PSOE, quien se apresuró a pedir la dimisión de Cristóbal Montoro. La amnistía fiscal se aprobó por un decreto- ley, convalidado por el PP y CiU, en 2012. La nulidad de la norma aprobada por unanimidad de los doce magistrados que forman el pleno del tribunal no afecta sin embargo a aquellos que ya han aprovechado la medida, como la familia Pujol, Rodrigo Rato o Luis Bárcenas, entre otros. El TC ha anulado la amnistía fiscal por un defecto de forma: los magistrados consideran que el decreto- ley (el mecanismo normativo que utilizó el Gobierno para aprobar la amnistía) está prohibido para medidas que afectan de forma sustancial a los deberes que fija la Constitución, como así sucede en este caso con el deber de pagar impuestos de todos los ciudadanos Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Función Pública IGNACIO GIL para contribuir a sostener los gastos públicos. Para explicar por qué la amnistía fiscal afectó a ese deber constitucional, los magistrados critican la esencia de la amnistía, que excluyó cualquier sanción a aquellos que regularizasen su situación. La sentencia concluye que la necesidad de recaudar generada por la crisis económica no legitima la quiebra del objetivo de justicia al que debe tender el sistema tributario Y considera que debe concluirse que con esta medida normativa se ha afectado a la esencia misma del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos al haberse alterado el modo de reparto de la carga tributaria que debe le- vantar la generalidad de los contribuyentes, en unos términos que resultan prohibidos por el art. 86.1 CE que define los supuestos en que se debe usar el decreto- ley. Los magistrados, que replican las alegaciones del Abogado del Estado que defendió la legitimidad de la norma, aseguran que la amnistía de Montoro permitió a los defraudadores no solo esquivar las consecuencias penales de sus hechos, sino que también excluyó la propia responsabilidad tributaria generada y pendiente de cumplimiento Viene así a legitimar como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica, colocándolos finalmente en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación La sentencia se publicó mientras la mano derecha de Montoro, el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, comparecía en el Senado por la tramitación de los Presupuestos. La sentencia se acaba de conocer y se está analizando en el Ministerio describió, para añadir que el TC va a un análisis del aspecto formal a través del instrumento normativo utilizado para aprobar la amnistía. Analice usted las amnistías fiscales de Fe- Las claves de la decisión Prohibido el real decreto- ley El Tribunal Constitucional alega que un cambio sustancial en el sistema tributario no puede regularse a través de un real decreto- ley, una norma aprobada por el Gobierno en casos urgentes, un mecanismo que no exige el consenso de una ley orgánica. Es inconstitucional. Legitimación de lo insolidario Al explicar su decisión, el tribunal lamenta que una amnistía fiscal supone la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos y la legitimación de las conductas insolidarias. La crisis no justifica El ponente del fallo, la amnistía fiscal exdiputado del PP Los magistrados rebaten las alegaciones del Abogado del Estado y concluyen que la crisis económica, las recomendaciones de la OCDE y la experiencia de otros países no justifican esa forma normativa ni la alteración del deber de todos de sostener el gasto público. El magistrado ponente de la sentencia es Andrés Ollero, el que fuera precisamente el candidato del Partido Popular para presidir el TC y vetado por los socialistas, un nombramiento que recayó en Juan José González Rivas. Ollero fue diputado del PP durante 17 años.

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