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ABC MADRID 27-05-2017 página 35
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  • EdiciónABC, MADRID
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ABC SÁBADO, 27 DE MAYO DE 2017 abc. es economia ECONOMÍA 35 Condenado a 4,5 años La primera condena a Rato le ha llegado por las tarjetas black con las que exdirectivos de Caja Madrid y Bankia derrocharon 15,2 millones de euros en gastos privados. La Audiencia Nacional le ha condenado a cuatro años y medio de prisión como responsable las Visas cuando fue presidente de Bankia, entre 2010 y 2012. La condena no es firme. Salida a Bolsa de Bankia El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha procesado a 32 antiguos consejeros de Bankia por la salida a Bolsa de la entidad, cuestionada por la Justicia y que tuvo lugar en julio de 2012. El magistrado les atribuye delitos de falsedad en las cuentas anuales y fraude de inversores por incluir datos falsos en el folleto informativo. Recreación de una tarjeta black ABC Inexistencia de delito Queda sobradamente razonada la inexistencia de un delito de blanqueo en cuanto al antecedente basado en el cohecho Especulación Este Juzgado no tiene encomendada la especulación y la búsqueda de indicios basados en sospechas Esta pieza archivada es una rama más del grupo de investigaciones asumidas bajo el tronco del juzgado de instrucción número 31 de Madrid, que indaga en los movimientos de la fortuna personal de Rodrigo Rato, que ya ha sido condenado por las llamadas tarjetas black de Caja Madrid y Bankia y procesado por la salida a Bolsa de esta última entidad. Cuatro piezas ya han sido archivadas y otras tres continúan en marcha: en la principal, Hacienda acusa a Rato de defraudar 5,4 millones de euros entre 2009 y 2015, delitos que no habrían prescrito, a través de un complejo entramado de sociedades que llegó a la isla de Guernsey. Videoanálisis de la causa archivada contra Rato por blanqueo El fiscal pide siete años de cárcel para los hijos de Ruiz- Mateos La defensa pide la libre absolución de los seis acusados, que se sientan en el banquillo JOSEP MARÍA AGUILÓ PALMA DE MALLORCA El fiscal Anticorrupción Juan Carrau mantuvo ayer la solicitud de siete años de cárcel para cada uno de los seis hijos del empresario gaditano José María Ruiz- Mateos que han sido juzgados en la Audiencia Provincial de Palma a lo largo de las dos últimas semanas. Los acusados se han sentado en el banquillo por una presunta estafa en la compraventa de dos hoteles, el Beverly Playa en Mallorca y el Beverly Park en Gran Canaria. Cabe recordar que durante la fase de instrucción también había sido imputado en este proceso el fundador de Rumasa, que falleció en septiembre de 2015. Antes del inicio de la vista oral, el fiscal atribuía a Zoilo, José María, Javier, Alfonso, Pablo y Álvaro Ruiz- Mateos los delitos de estafa agravada, insolvencia punible y falsedad en documento mercantil por la citada compraventa. La acusación contra los seis Carrau ha mantenido la posición fijada en su escrito de acusación, si bien ha añadido una petición subsidiaria. Así, el fiscal solicita que si finalmente el tribunal considerase que los hechos juzgados no suponen una estafa, la condena por insolvencia punible se incremente hasta los tres años de cárcel, en lugar de los dos años y medio reclamados en su momento. En cuanto al delito de estafa, Carrau solicitó cuatro años y medio de cárcel. Compraventa de hoteles A lo largo del juicio, la estrategia de defensa de los seis acusados se ha centrado en descargar las responsabilidades por este caso sobre el patriarca de la familia. Así, habría sido su progenitor quien en su momento negoció en solitario la compraventa de los dos hoteles y también quien decidió qué empresas debían actuar como avalistas en la operación. La compraventa de ambos establecimientos hoteleros se llevó a cabo en diciembre de 2008. El abogado defensor de los seis hermanos, Juan Manuel García- Gallardo, solicitó ayer la libre absolución de sus clientes, al considerar que no habrían cometido ningún tipo de delito. José María, uno de los seis hijos del empresario Ruiz- Mateos EFE hermanos había sido formulada por su condición de empleados de Nueva Rumasa. Según el Ministerio Público, todos ellos habrían aparentado, presuntamente, una solvencia en realidad inexistente para que los dueños de los dos hoteles mencionados les vendieran su participación. El precio total acordado ascendió en su momento a 11,6 millones de euros. En sus conclusiones definitivas,

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