ABC MADRID 13-05-2017 página 17

ABC SÁBADO, 13 DE MAYO DE 2017 abc. es espana ESPAÑA 17 Gallardón es investigado por la compra irregular de Inassa La Sala de lo Penal dio la razón al fiscal para que esa operación se uniera al caso Lezo C. MORCILLO P. MUÑOZ MADRID JOSÉ RAMÓN LADRA zález y Edmundo Rodríguez Sobrino, el hombre del Canal en Iberoamérica y también persona de la máxima confianza de los otros dos asistentes. La cita se haría en el lujoso hotel en el que se aloja el presidente de La Razón cuando está en Madrid, situado a no mucha distancia del Congreso de los Diputados. Dificultades técnicas Con todos los datos sobre la mesa, el juez instructor autorizó que los investigadores controlaran la reunión y estos realizaron gestiones en el establecimiento hotelero para saber si Casals había alquilado algún reservado. El resultado fue negativo, porque según supieron más tarde el enigmático encuentro se haría en un salón que tiene la habitación del presidente de La Razón Esta circunstancia planteaba dificultades técnicas para la operación, ya que la hora y el lugar exacto solo se conocieron el día anterior a la cita y además el lugar donde iba a celebrarse era bastante complicado para conseguir un acceso discreto al mismo. Aun así, los especialistas del Instituto Armado pudieron instalar los dispositivos correspondientes, aunque en lugares poco adecuados, como se comprobaría posterioremente. Las grabaciones obtenidas del encuentro, en efecto, son de muy mala calidad aunque están siendo tratadas en los laboratorios correspondientes de la Guardia Civil para limpiar el sonido y se espera que este trabajo pueda dar resultado. Los asistentes a la reunión fueron preguntados en su declaración judicial el objeto de esta entrevista, lo suficientemente importante como para que González decidiese anular su cita con el médico. Mauricio Casals, en el ejercicio de su derecho de defensa, comentó con cierta ironía que hablaron de asuntos de hombres. El expresidente de la Comunidad de Madrid, exalcalde y exministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, tendrá que explicar en su día ante el juez, y en condición de investigado, sus decisiones en la compra en 2001 de Inassa, la filial del Canal de Isabel II en Iberoamérica, que según la investigación tiene indicios de ser irregular. Gallardón es investigado desde finales de 2016, entre otras razones para que los posibles delitos que se investigan no prescriban. ABC ya adelantó el mismo día de la operación Lezo que la investigación también alcanzaba a la etapa de Gallardón en la Comunidad. De hecho, él fue el máximo responsable de la compra de Inassa, para la cual llegó a reformar los estatutos del Canal después de haberse hecho la compra. La operación pasó por el consejo de gobierno, por lo que en ningún caso puede alegar ignorancia. Alberto Ruiz Gallardón tendrá que declarar como investigado EFE Una compra sospechosa La decisión En 2001, el Gobierno de Gallardón ordena la compra por parte del Canal de Inassa. El precio, 83 millones de dólares. Auditoría Ignacio González ordena una auditoría del Canal al bufete Cuatrecasas que alerta de las irregularidades. Sociedad interpuesta Aún más llamativo es el hecho de que para la compra de Inassa se creara una sociedad interpuesta, Canal Extensia, algo insólito en el sector público. Y el asombro es aún mayor porque se utiliza una segunda mercantil radicada en un paraíso fiscal como es Sociedad de Aguas de América S. A. con sede en Panamá y a través de la cual se hicieron los pagos. Es en ese país donde al parecer se hizo el reparto del dinero. Curiosamente, se disolvió inmediatamente después de hacerse la operación. Fue financiada a través de un crédito del BBVA que se pagó hasta 2012. Por Inassa se abonaron 83 millones de dólares cuando no valía más de seis. Para justificar el sobreprecio se hace una concesión de 30 años por el servicio de aguas a la Triple A colombiana en la ciudad de Barranquilla, cuando normalmente se hacían por cinco. Al llegar Ignacio González al Canal pidió al bufete Cuatrecasas que hiciera una auditoría, que alertó de las irregularidades y que fue encontrada en los registros. Pero González no solo lo guardó en un cajón, sino que utilizó la misma técnica en 2013 en la compra de la brasileña Emissao. Como se sabe, la discusión técnica fundamental entre los fiscales del caso y el jefe de Anticorrupción fue precisamente la intención de este de Sociedades interpuestas La compra se hace a través de Canal Extensia y los pagos se abonan por medio de una sociedad de un paraíso fiscal. En un cajón Ignacio González mete el informe en un cajón y utiliza la misma técnica en la compra de la brasileña Emissao. Cambio de estatutos Una vez realizada la compra, en 2002, se cambian los estatutos del Canal, un requisito necesario para que se hubiese podido hacer la operación. Diferencia de criterio La Sala de lo Penal ordenó que la operación se investigase dentro de la operación Lezo, a pesar de lo cual Moix quiso trocear la causa. separar esta compra aparentemente irregular del resto de la investigación. Ya en noviembre de 2016 había plantado esta cuestión el primer instructor del caso, Alejandro Abascal, que por entonces estaba en funciones de apoyo de Eloy Velasco. Abascal comunicó a los fiscales que separaba ese asunto de la causa después de consultarlo con un magistrado muy conocido del Tribunal Supremo que, por lo que se ve, siempre ha estado muy interesado en este asunto. La decisión de Abascal fue recurrida por Carlos Yáñez y Carmen García Cerdá y en el mes de enero la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional les dio la razón. El fiscal general, Manuel Maza, fue informado de inmediato de esa decisión del tribunal. El 17 de abril el jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, ordenó a los fiscales que se abriera una pieza nueva con Inassa y que por tanto los registros no afectasen a este asunto. Yáñez y García Cerdá le recordaron entonces la decisión de la Sala de lo Penal, que Moix despreció con palabras gruesas, para luego recordar que él estaba ahí para que no se hicieran macrocausas. Al día siguiente, a petición de su jefe los fiscales le presentaron un escrito con su postura, momento en el que Moix les dice, incluso por escrito, que no les releva del caso porque no hay tiempo. Es entonces cuando éstos se acogen al artículo 27 del estatuto de la carrera fiscal y se convoca la junta de fiscales Anticorrupción que respalda a sus compañeros.