ABC MADRID 15-03-2017 página 37

ABC MIÉRCOLES, 15 DE MARZO DE 2017 abc. es economia ECONOMÍA 37 Evolución de la plantilla pública Datos de julio de cada año. Número de empleados públicos 2010 Adm. Estatal CC. AA. -Sanidad- Educación Adm. Local Universidad TOTAL 597.021 1.346.826 493.770 542.910 632.719 103.653 2.680.219 2012 579.892 1.334.226 501.383 538.123 567.295 93.518 2.574.931 2014 540.658 1.277.212 477.337 521.815 556.260 90.846 2.464.976 2016 524.314 1.298.132 489.302 530.619 547.825 94.318 2.464.589 Variac. 2010- 2016 -72.707 -12,2 -48.694 -3,6 -4.468 -0,9 -12.291 -2,3 -84.894 -13,4 -9.335 -9,0 -192.941 -7,2 El Supremo avala que los clientes de una empresa en huelga contraten a otra Impedirlo sería una protección exorbitante del derecho, según el TS LUIS P. ARECHEDERRA MADRID Las claves Terceras compañías Los empresarios que se quedan sin unos servicios contratados a una empresa (porque los trabajadores de ésta van a la huelga) pueden acudir a otras compañías. Desde 2012 también se incorporaron en las estadísticas del ministerio a los no inscritos en el Registro Central de Personal pero para poder comparar con 2010 no se incluye a este colectivo FUENTE: Boletín de Personal de las Administraciones Públicas ABC Como fuere, desde algunas comunidades autónomas dudan que puedan convocar por su cuenta ofertas de empleo público para sanidad y educación sin que haya Presupuestos aprobados. Sin cuentas actualizadas, las comunidades autónomas no tienen la cifra de ingresos que les corresponden por el reparto del sistema de financiación y solo tienen las entregas a cuenta prorrogadas del año pasado que les ha facilitado el Ministerio de Hacienda. Asimismo, temen que el Estado pueda recurrir en los tribunales sus ofertas de empleo si no se ajustan a lo que el Ejecutivo apruebe. En la memoria está lo que ocurrió en 2012, cuando la Junta de Andalucía tuvo que suspender unas oposiciones y devolver las tasas abonadas a 33.000 opositores porque sacó una oferta superior a la aprobada por el Gobierno. Entonces el Ejecutivo lo recurrió ante el Tribunal Constitucional, y este le dio la razón. Ahora comunidades fuertes como Andalucía, Madrid, País Vasco o Cataluña han retado al Gobierno anunciando que convocarán sus ofertas de empleo con o sin Presupuestos. Pero otras como Extremadura, Castilla- La Mancha, Castilla y León o La Rioja han decidido pararlas. Entre jubilados e interinos que hay que conver- tir a fijos, este año está en juego que convoquen 100.000 plazas de docentes describe el presidente de Educación de CSIF, Mario Gutiérrez. Por ello, la convocatoria de empleo público autonómico está casi congelada a la espera de que haya nuevas cuentas públicas. Envejecimiento de plantillas Mientras tanto, CSIF denunció ayer el envejecimiento de las plantillas del sector público estatal ante la incertidumbre de si se cubrirán las jubilaciones de los empleados públicos. El sindicato presentó un informe en el que denuncian que la plantilla pública del Estado ha mermado desde 2010 en un 80 su cantera de empleados jóvenes menores de 30 años. De esta forma, según los datos de CSIF quedan 1.338 jóvenes en una plantilla de 190.858 empleados de ministerios, organismos autónomos y diferentes áreas de actividad: es decir, un 0,7 del total. Los datos de CSIF arrojan que solo hay un joven en Patrimonio Nacional de una plantilla de 1.290 personas o que en el Ministerio Fomento hay cuatro de 5.014 empleados. Más de 28.000 empleados públicos del Estado tienen más de 60 años y se jubilarán en el próximo lustro. Los empresarios clientes de una compañía cuyos trabajadores estén en huelga pueden contratar los mismos servicios a terceras firmas. Esta medida, que en la práctica evita que el cliente sienta los efectos del parón, no vulnera el derecho a la huelga, según una sentencia novedosa del Tribunal Supremo, que enmienda un fallo de la Audiencia Nacional. Los jueces argumentan que impedirlo sería una protección exorbitante del derecho a la huelga, garantizado en el artículo 18 de la Constitución. La empresa que recurrió la decisión, Altrad Rodisola, se dedica a la actividad de montaje, desmontaje y alquiler de andamios metálicos y otros servicios orientados al sector químico, petroquímico y nuclear. Como sus trabajadores convocaron una huelga como presión en una negociación con los dirigentes debido a los recortes anunciados dos compañías que habían contratado sus servicios (Dow y Basell) los subcontrataron a otras terceras (Kaefer Aislamientos y Planificco Montajes) Altrad alegó ante el Supremo que ella no vulneró el derecho a la huelga de sus trabajadores porque ella misma no les sustituyó; sino que fueron las empresas que iban a dejar de recibir los servicios contratados (Dow y Basell) las que acudieron a otras firmas. La Audiencia Nacional conside- Sin vinculación El Supremo alega que no existe ninguna vinculación especial entre la empresa y sus clientes que haga a la primera responsable de la decisión de los segundos. Como un consumidor Impedirlo sería como prohibir que un consumidor de un comercio acuda a otro cuando el primero esté en huelga. ró vulnerado el derecho de los huelguistas al considerar que los empresarios clientes tenían una especial vinculación con Altrad, y su actuación fue suficiente para neutralizar el legítimo derecho de los trabajadores. El Supremo argumenta que no se puede achacar a la compañía cuyos trabajadores ejercieron la huelga la conducta de las otras y que no existía entre ambas una vinculación que le permitiera participar en la decisión. Impedir la subcontrata sería, según el Supremo, como prohibir a los consumidores de un comercio que compraran en otro en caso de que el primero se declarara en huelga. Opinión de los expertos Un decreto bastaría si no se supera la tasa de reposición Siempre que no se superen las tasas de reposición actuales es posible convocar oferta de empleo público sin contar con Presupuestos Es la opinión de varios expertos laboralistas consultados por ABC. Coinciden en que un decreto bastaría para reponer los niveles de empleo siempre que no se superara el ratio de reposición Estas tasas de sustitución de bajas están fijadas en el cien por cien para el caso de los servicios prioritarios- -sanidad, educación, justicia, fuerzas de seguridad, lucha contra el fraude fiscal y servicios sociales- -y del 50 para el resto de los servicios. De cualquier forma, el objetivo del Gobierno es presentar las cuentas a finales de mes. Hacienda ya ha publicado en el BOE la orden con las normas para elaborar las cuentas públicas. Trabajadores de Rodisola, en una de las jornadas de huelga en 2015 ABC