Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
ABC VIERNES, 17 DE FEBRERO DE 2017 abc. es economia ECONOMÍA 35 ¿Cómo afecta a la operativa de los clientes? El modelo de tres sistemas permitía a los clientes de un banco operar a bajo coste en cajeros de otro que fuese de la misma alianza: 4 B, Servired y Euro 6000. Hace un año la banca empezó a cobrar comisiones a todo aquel que no sea su cliente, rompiendo en la práctica esas alianzas y haciendo que ya no tenga sentido mantener las tres. Así, el nuevo modelo se ajustará a lo que es ya la práctica habitual. Pymes y autónomos, en guerra contra la ley de contratos públicos Critican que el texto deja pagar más allá del límite legal si hay un acuerdo entre partes JAVIER TAHIRI MADRID Radiografía de la morosidad Plazos medios de pago Datos en días Sector privado 141 Plazo legal sector privado Empresas con contratos que exigen plazos superiores a los 60 días 111 93 85 89 82 85 Sector público Plazo legal sector público No jo formado con 17 vocales, otorgando representación 3, 2 o 1 consejeros en función del tamaño del banco y, por tanto, con el fin de que más o menos todas las entidades tengan voz en la cúpula de la nueva sociedad. En este caso, el Santander, BBVA y Caixabank contarían con tres vocales cada uno; Bankia y el Sabadell, dos; con uno cada banco estarían Popular, Kutxabank y las cajas rurales, dejando uno de carácter rotatorio para entidades menores. Tras la fusión, ServiRed se quedará con un 66 de la nueva sociedad, 4 B con un 21 y Euro 6000 con el restante 13 En la actualidad, el líder del mercado es ServiRed, que está participado por BBVA, Caixabank, Bankia, Sabadell y Bankinter. Cuenta con más de 42 millones de tarjetas emitidas. Le sigue Sistema 4 B, cuyos principales accionistas son Santander, el Popular y Banca March, con 20 millones de tarjetas. Y Euro 6000, que aglutina a las antiguas cajas de ahorros Unicaja, Ibercaja, Kutxabank, BMN, Liberbank, Evo Banco y Abanca, con casi 10 millones de tarjetas en circulación. La integración de las tres sociedades en una sola marca permitirá crear uno de los sistemas de pagos más grandes de Europa. Por su parte, la dirección del Banco de España ha negado del modo más rotundo su colaboración en esta iniciativa y señala que desde la misma no se ha impulsado ninguna recogida de firmas expresando apoyo y solidaridad con los empleados que han renunciado a sus cargos Aunque el supervisor indica que la iniciativa merece comprensión precisa que en ella no han participado de ningún modo ni los órganos rectores del Banco ni la alta administración, y recuerda que su posición ya quedó expresada en el comunicado que publicó anteayer la comisión ejecutiva. El proyecto de ley de contratos del sector público, que ahora tramita el Gobierno, se enfrenta a la oposición de pymes y autónomos. Las pequeñas empresas critican que el borrador actual de la ley permite el acuerdo entre las partes para decidir cuándo se cobra, lo que posibilita que una administración o un contratista imponga a su proveedor un pago por encima del plazo legal, de 30 días para el sector público y de 60 días para el privado. Si el texto definitivo no cambia este punto, organizaciones de pymes y autónomos señalan a ABC que lo denunciarán al Tribunal de Justicia de la UE. Quedan pocos días para matizar el texto. El plazo de enmiendas para el proyecto de ley, que se prorrogó ayer después de que la Cámara Baja rechazara la enmienda a la totalidad, acaba el próximo jueves 23 de enero. La futura ley de contratación pública afecta a un 18,5 del PIB español y pretende controlar más las licitaciones públicas y luchar contra la corrupción, describió ayer en el Congreso el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. El punto que genera mayor polémica es el que permite a empresas y administraciones pagar por encima del límite legal, que el texto detalla así: El contratista podrá pactar con los suministradores y subcontratistas plazos de pago superiores a los establecidos en el presente artículo, respetando los límites previstos en el artículo 4.3 de la Ley 3 2004 siempre que dicho pacto no constituya una cláusula abusiva recoge el proyecto de ley. ¿Qué es abusivo? Aquí la ley lo deja abierto a interpretación y ahí está la trampa denuncia Antoni Cañete, secretario general de la patronal catalana Pimec y presidente de la Plataforma contra la Morosidad, que reclama que se elimine de la Ley cualquier posibilidad que incluya pagar a más de 30 o 60 días, según sean administraciones o empresas los contratistas. Los autónomos también rechazan el actual proyecto de ley. Lorenzo Amor, presidente de ATA y embajador de la Comisión Europea para vigilar la morosidad, señala que si no se cambia recurrirán a la Justicia continental. Nos vamos a oponer a todo lo que signifique superar los 60 o 30 días de plazo de pago. Espero que el PP no se deje llevar por las presiones de los lobbys y las grandes empresas asevera Amor. La Comisión Europea tiene una sen- 75 77 32 %71 60 días 30 días Sí 68 2012 2013 2014 2015 2016 ABC FUENTE: Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad (PMCM) Hacienda se libra de pagar 3.000 millones de euros a proveedores Respaldo de la Justicia europea al plan de pago a proveedores. El Tribunal de Justicia de la UE emitió ayer una sentencia en la que avaló que un acreedor pueda renunciar a su derecho de exigir los intereses de demora a cambio del cobro inmediato del importe adeudado. El fallo se refiere a lo que hizo en su momento el plan de pago a proveedores en 2012, que permitió saldar casi 200.000 facturas que estaban en los cajones de comunidades y ayuntamientos a cambio de que las empresas afectadas renunciaran a los intereses de demora. Un juzgado de Murcia mandó una cuestión prejudicial al Tribunal de la UE preguntando si esas condiciones vulneraban el derecho comunitario. La respuesta fue negativa: el plan es legal si no era obligatorio adherirse. La sentencia libra a Hacienda del pago de 3.000 millones de euros en intereses a proveedores, en su mayor parte, pymes y autónomos. sibilidad especial con este tema. La Ley de contratos públicos supone la transposición de una directiva que España debería haber llevado a su legislación antes de marzo de 2016, por lo que llega con retraso. Asimismo, la Comisión abrió un expediente a España el pasado miércoles porque las administraciones superan los 30 días de plazo legal que marca la directiva contra la morosidad, ya que la legislación nacional amplía sistemáticamente treinta días el plazo legal de pago La UE le da dos meses al Gobierno para aprobar medidas o habrá sanciones. Otros puntos del proyecto de ley que autónomos y pymes rechazan es que un subcontratista no pueda tener relación directa con la administración, sino solo con la empresa que le contrata, lo que, denuncia Cañete, los deja a expensas de las grandes compañías. También critica que la ley no obliga a las administraciones a controlar que las empresas adjudicatarias cumplen a su vez los plazos de pago de la Ley contra la Morosidad. Conflicto con CEOE El secretario general de Pimec reprueba el papel asumido por CEOE en la reforma de la ley, ya que defiende a la gran empresa Fuentes de CEOE explican que en las enmiendas que han presentado abogan por la armonización con los plazos europeos y piden eliminar cualquier situación excepcional. La patronal también reclama que en la ley solo las administraciones que cumplen los plazos de pago exijan que sus adjudicatarios paguen a sus proveedores en hora. En sus palabras, las principales incumplidoras en morosidad son las administraciones Videoanálisis sobre la oposición a la futura ley de contratos públicos Tribunales ATA y la patronal catalana Pimec denunciarán el texto a la Justicia europea si no se cambia