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18 ESPAÑA El desafío soberanista El marco legal MIÉRCOLES, 15 DE FEBRERO DE 2017 abc. es espana ABC La modificación del Código Penal en 2005, un atajo para Mas El 21 de abril de 2005, apenas transcurrido un año de la toma de posesión de Rodríguez Zapatero como presidenÀ. G. te del Gobierno, el Pleno del BARCELONA Congreso aprobaba, con los Si bien el juicio contra Artur Mas de la votos en contra únicamente semana pasada por la organización de del PP, el dictamen de la la consulta del 9- N de 2014 estuvo mecomisión de Justicia que diatizado por las manifestaciones de derogaba la reforma apoyo al expresidente de la Genedel Código Penal, ralitat libertad de expresión para introducida por el el independentismo, una intoleanterior Gobierrable coacción a la Justicia para no popular, que el resto lo cierto es que en el intipificaba como terior del Tribunal Superior de Jusdelito la convocaticia de Cataluña (TSJC) se libró toria de referenJ. L. R. ZAPATERO una batalla jurídica de altura. dos sin compe Fue un juicio ejemplar. Tanto tencia para ello. las defensas como la Fiscalía actuaSe enterraba así la efímera ron con gran nivel. Quedó claro que vireforma de 2003 a 2005 vimos en un Estado de Derecho eximpulsada por el Gobierno de plica a ABC el penalista José María FusJosé María Aznar, en lo que la ter Fabra. oposición, de manera particular el PNV, denunció como un Con el actual Código Penal, y elimi despropósito antidemocrátinado en 2005 por el Gobierno de Roco Meses antes, el PP dríguez Zapatero el delito de convolamentaba que se impulsase catoria ilegal de referéndum que imuna reforma a los pocos días plicaba penas de prisión el fondo de de que el lendakari Ibarretxe la cuestión, y que acabará determinananunciase que sometería su do la suerte de los encausados, es otro. plan secesionista a referénNo tanto determinar si hubo desobedum si el Congreso no le daba diencia en sentido estricto sí la luz verde. Un anticipo, hubo, de manera clara añaden a este cuando nadie imaginaba que diario otros penalistas consultados la situación política en como en determinar si la providencia Cataluña tomaría los derrotedel 4 de noviembre del Tribunal Consros actuales, del referéndum titucional comunicando la suspensión o referéndum con el que del llamado proceso participativo amenaza Carles Puigdemont. fue lo suficientemente explícita, lo que las defensas niegan. A diferencia de lo que sucede en otros países, la aplicación en España del delito de desobediencia (artículo 410 del Código Penal) por un redactado muy genérico, Delito suprimido ha sido siempre complicada. Y a eso Los artículos eliminados se agarran los encausados. La reforma de Aznar de 2003 pensada para frenar a Ibarretxe fue eliminada por Zapatero Un efímero cambio Artur Mas, ayer en Barcelona, donde pronunció una conferencia EFE Instrumentos para cumplir Reforma de la ley del TC La reforma de la Ley Orgánica del TC aprobada en la presente legislatura otorga al tribunal de garantías una serie de mecanismos legales para velar por el cumplimiento de sus decisiones. funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento, durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del Tribunal. Suspensión de cargos Aparte de la imposición de multas coercitivas, el TC puede acordar la suspensión en sus Del 9- N al 2017 No sin pocas resistencias del propio tribunal, se da al TC unos instrumentos de los que carecía durante la celebración de la consulta del 9- N. Reticencias del TC El también penalista Marc Molins apunta al respecto que la cuestión no atañe tanto a la inconcreción del redactado del artículo 410 como a la no inclusión del apercibimiento por incumplimiento en la providencia del día 4, algo que solicitó el Gobierno en su recurso y que el TC, tras discutirlo, decidió no incluir. No fue una omisión apunta Molins, en una decisión que enmarca en el contexto de las reticencias históricas del Tribunal Constitucional a que le otorguen facultades coercitivas En este contexto de vaguedad al que apelan las defensas, tanto Artur Mas como las exconsejeras Irene Rigau y en 2005 establecían penas de entre tres y cinco años por impulsar consultas Joana Ortega se han beneficiado precisamente de la modificación del Código Penal de 2005, impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que eliminó el delito específico de convocatoria ilegal de elecciones o consultas populares por la vía del referéndum, algo que comportaba penas de entre tres y cinco años de prisión para sus impulsores. La reforma fue aprobada en 2003 por la mayoría absoluta del Partido Popular en el segundo mandato de José María Aznar, como respuesta a la pro- puesta de consulta soberanista anunciada por el entonces lendakari Juan José Ibarretxe, que amenazó con ello si el Congreso de los Diputados no aprobaba su plan. Lo que se denunció que era una ley ad hoc para encarcelar al presidente vasco acabó cayendo pues del Código Penal, algo que, más de una década después, ha acabado beneficiando a Artur Mas en relación al juicio del 9- N de 2014, y puede tener trascendencia ante el escenario político que se abre en Cataluña en los próximos meses. Los tres artículos anulados en 2005 eran muy precisos en sus términos, estableciendo penas de entre tres y cinco años, e inhabilitación absoluta por un tiempo superior entre tres y cinco años al del de privación de libertad impuesta. Estas penas se reservaban para la autoridad o funcionario público que convocase o autorizase elecciones o consultas populares por la vía de referéndum sin tener competencias para ello. Para quien siendo autoridad o funcionario facilitase, promoviese o asegurase la celebración de elecciones o consultas se preveían entre uno y tres años de prisión. En el artículo 512 bis se iba más allá y se contemplaban penas de cárcel de entre seis meses y un año, o multa de 12 a 24 meses, para quien participase como interventor en dichos procesos una vez acordada su ilegalidad. La literalidad de los artículos no daba lugar a interpretaciones, aunque como apunta el abogado Fuster Fabra, en el caso de haber estado vigentes el 9- N, ahora, en un bucle jurídico infinito, estaríamos polemizando sobre la naturaleza de lo que la Generalitat definió como proceso participativo